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ENTRAVISTA A RAFA JIMÉNEZ

KATUARRAINAK

Esta entrevista va dirigida a las personas que, como nosotras mismas, no tienen ni idea de economía. El objetivo de hacer una entrevista sobre un tema tan árido como la financiación autonómica era sobre todo aclarar conceptos que se manejan habitualmente en la política de nuestro país y que muchos nunca hemos entendido. ¿Qué es el Cupo, qué es el Concierto económico, por qué bailan tanto las cifras, de qué habla la vicelehendakari Zenarruzabeitia cuando sale en la tele siempre enfadada, con esa cara de perro (malo)? Las primeras que necesitábamos entender éramos las Katuarrainak que de economía andamos muy flojas. Por eso pensamos en Rafa Jiménez, porque es una persona que sabe hacerse entender. Rafa consigue que lo más complicado se haga por fin entendible, porque es capaz de desmenuzar los conceptos de manera a hacerlos asequibles a cualquiera que no domine los grandes conceptos económicos. Ahora sólo nos falta saber si vosotros también habéis entendido algo…


Antes de entrar en materia, Rafa cree que es importante recordar que el nacimiento de los estados modernos en el siglo XIX lleva aparejado el reforzamiento económico (y político) de los gobiernos centrales, sobre todo allí donde el sistema político dominante era federal o confederal o simplemente un residuo del antiguo régimen. El desarrollo tecnológico e industrial que se inicia en este siglo en el transporte, la energía, las comunicaciones, la sanidad, la defensa, etc., no sólo implica la desaparición de fronteras interiores que permita su expansión, sino que obliga a los gobiernos centrales de los estados federales o confederales a disponer de un presupuesto elevado para la creación de infraestructuras y la financiación del gasto militar.
Estos gobiernos, que dependían en el antiguo régimen de las contribuciones pactadas de los estados regionales, como en Estados Unidos o en Alemania e Italia, (y en buena parte de España), tienen que establecer algunos impuestos centrales que les aseguren la estabilidad y la seguridad económicas.
El reforzamiento del Estado (federal o central) no es fácil y la historia del siglo XIX está llena de guerras civiles, que se presentan muchas veces como guerras de sucesión (en España), de religión (en Suiza), de culturas como la abolición de la esclavitud en Estados Unidos o las pretensiones carlistas en España, cuando no son otra cosa que las complicaciones del parto de los estados modernos, tal como hoy los conocemos.
La financiación del estado federal moderno es una combinación de impuestos centrales (federales), normalmente sobre las rentas de personas y sociedades, que cubren el presupuesto del gobierno central, y de impuestos regionales y locales (normalmente sobre el consumo y la propiedad) que cubren los presupuestos de los gobiernos regionales. Los gobiernos centrales, además, tienen la capacidad de compensar mediante trasferencias las desigualdades regionales.

¿Cómo funciona económicamente nuestro Estado de las Autonomías?
La financiación autonómica española camina en la dirección que hemos apuntado en la introducción, pero partiendo de un modelo más bien centralista. Hasta muy recientemente era el Gobierno central el que recaudaba la mayoría de los impuestos: renta (IRPF y Sociedades), consumo (IVA) e impuestos especiales (gasolinas, alcohol, tabaco, etc.) y utilizaba las trasferencias para financiar los presupuestos autonómicos.
Los entes autonómicos y locales (diputaciones y municipios) tenían y tienen escasos ingresos propios: contribuciones urbanas, impuesto de actividades económicas (IAE, abolido en el año 2003) y diferentes tasas.
Este esquema va evolucionando actualmente hacia un modelo de corresponsabilidad fiscal: las autonomías reciben un porcentaje creciente de los impuestos que recauda el Gobierno central (un 35%, creo) y participan en la gestión de los impuestos especiales, además de recibir trasferencias que favorecen a las regiones más pobres o más afectadas por coyunturas especiales (reconversiones industriales, catástrofes, etc.).
A medida que las comunidades autónomas vayan gestionando nuevas competencias, además de las de educación, sanidad, etc., que ya tienen, el porcentaje de participación en los impuestos irá lógicamente creciendo.

¿Qué es el Concierto Económico?
Es importante hablar en plural porque existen conciertos (y cupos) con Navarra y Euskadi, e incluso dentro de Euskadi, el concierto hace referencia a los derechos históricos de Álava. Los distintos regímenes forales propios del antiguo régimen van desapareciendo en España en la medida en que se va consolidando un estado moderno. Y este es un proceso que empieza en el siglo XVI y termina con la última guerra carlista en 1876, cuando Navarra y las tres provincias vascas pierden sus fueros (o derechos especiales) pero conservan un privilegio fiscal en forma de concierto económico y cupo. En 1939, al final de la guerra civil, Vizcaya y Guipúzcoa pierden este privilegio fiscal que conservan Navarra y Álava, que se habían puesto del lado de Franco en la contienda. Con la restauración democrática, vuelve a surgir las figuras de los conciertos y cupos, esta vez para Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco.

¿Cuál es la idea central del Concierto?
El Concierto Económico devuelve al País Vasco la exención fiscal (propia del antiguo régimen) al consagrar el principio general de que el Gobierno central (Madrid, en la terminología nacionalista) no recauda impuestos en Euskadi. Con otras palabras, los ciudadanos vascos no pagan impuestos al Gobierno central, sino que lo hacen exclusivamente a las diputaciones y a los municipios vascos, que son los que, dentro del marco general definido por el Estado, legislan y recaudan en materia fiscal.
Esta es la esencia del Concierto y supone una situación excepcional y única en todo el panorama fiscal internacional. No existe, que yo sepa, ningún gobierno central, federal o no, que haya renunciado a cobrar impuestos en una parte de su territorio.

¿A qué se llama el Cupo?
Como contrapartida, el Gobierno central no corre con los gastos de la administración vasca, que debe hacer frente al coste de las competencias asumidas en el Estatuto de Autonomía y a las trasferidas posteriormente, como son la educación, la sanidad, la agricultura, la industria y el comercio, el trasporte regional, etc.
Nuestro sistema se diferencia del antiguo sistema feudal en que las contribuciones al sostenimiento del Gobierno central no son "donativos voluntarios" de reinos y señoríos, sino aportaciones definidas y (relativamente) objetivadas en la Ley del Cupo de1981.
De acuerdo con esta Ley, el País Vasco contribuye al sostenimiento de las cargas del Estado por las competencias no asumidas por la administración vasca, como son la defensa y la policía (incluida la policía autónoma, que la paga entera el Gobierno central), la actividad exterior, los ferrocarriles estatales, los puertos y aeropuertos, la Casa Real, el Congreso, el Senado y otros poderes del Estado, etc., así como un fondo de cooperación interregional.

¿Cómo se calcula?
A ver si consigo explicarlo.
En principio consiste en un porcentaje de estos gastos estatales, un porcentaje que se fijó en el 6,24% en 1981 y que no ha variado desde entonces. Este es el peso estimado que la economía vasca tenía en la economía española en esa época. (Aunque el porcentaje actual real está más cerca del 6,50%).
Una vez conocido el presupuesto del Gobierno central, aproximadamente 25 billones de las viejas pesetas en el año 2003, vamos a descontar de este presupuesto el gasto que Madrid hace en las actividades trasferidas al País Vasco, las cargas asumidas, las que pagamos directamente los vascos. Este descuento tiene sus complicaciones y exige leerse el presupuesto con lupa, pero, bueno, la Comisión Mixta del Cupo hace sus deberes y llega a la conclusión de que hay que descontar 14 billones de pesetas. El resto, 11 billones de pesetas, es decir, el 44% del presupuesto estatal, hay que pagarlo en Madrid.
Si lo dividimos por 16 (o apliquemos la cifra mágica del 6,24), a los vascos nos toca pagar 680.000 millones de pesetas. ¿Y con esto se acaba la historia? Pues no, porque hay que hacer ajustes. Y aquí entramos en un cierto mercadeo.
Primer ajuste: el IVA. Los vascos pagamos a Madrid el IVA de los productos que consumimos aquí pero que se fabrican fuera de Euskadi. Y hay que descontarlo. Lo difícil es calcularlo, pero se calcula.
Segundo ajuste: los impuestos especiales sobre la gasolina, el tabaco, el alcohol y las tasas por el DNI, el pasaporte, que los vascos pagamos a Madrid. También se calculan (bueno, se estiman) y se descuentan.
Tercer ajuste: el déficit del Estado. Euskadi no paga pufos. Por lo tanto, descontamos el 6,24 % del déficit público. (Téngase en cuenta que Madrid tapa últimamente su déficit con el superávit de la Seguridad Social, por lo que el déficit sigue siendo muy importante).
Después de todos estos ajustes lo que queda es el cupo neto: 180.000 millones de pesetas aproximadamente, que habrá que pagar en varios plazos.

¿Se acabaron los problemas? ¿Y los 32 millones de euros?
Pues no, porque ¿qué pasa si después de pactado el cupo, va Madrid y, por ejemplo, del presupuesto de 11 billones, suelta 500 millones de euros a las otras comunidades autónomas para gastos de Sanidad? Pues que sale la señora Zenarruzabeitia diciendo "¡Ojo! Que esos 500 millones de euros no estaban destinados a la Sanidad y, por lo tanto, hay que reducir el cupo en el 6,24 % de 500, es decir, los tan traídos y llevados 32 millones de euros. Según esta lógica, cada vez que hay una modificación entre el presupuesto previsto y el ejecutado, habría que reajustar el Cupo. Una locura, que lleva a un permanente tira y afloja.

Y eso del Concierto renovable o indefinido, que se pactó hace algún tiempo, ¿qué es exactamente?
Lo que se pacta o lo que se cierra es el sistema de cálculo. Es decir se consolida ese 6,24% y luego lo que se establece son fórmulas complicadas para los ajustes que ya he mencionado en función de la renta, de la población, de la presión fiscal, etc.

¿Es un privilegio el Cupo o se podría generalizar en toda España?
Si el cupo vasco, con el 6,24 % de aportación, es de 180.000 millones de pesetas, y su fórmula se generalizara al resto de España, habría que multiplicar el cupo por 16 (curiosamente éste es casi el número de autonomías españolas, 17).
El Gobierno central recaudaría vía cupo algo menos de 3 billones de pesetas y seguiría necesitando 11 billones para cubrir su presupuesto actual.

Podemos afirmar entonces que es un privilegio.
Sí, porque aunque la aproximación sea muy burda, ¿quién pagaría el resto? La generalización del Cupo vasco sería imposible. No habría café para todos. De otro modo el Estado entraría en liquidación. Y en el fondo eso es lo que los nacionalismos cuestionan: si el Estado central tiene que existir como tal o tiene que ser una especie de coordinador "light" de las diferentes autonomías.
¿Habría que renunciar al ejército, a la policía, a los servicios en el exterior, a la investigación básica, entre otras cosas? ¿Tendríamos 17 legislaciones fiscales? ¿Y 17 fronteras invisibles? ¿Desaparecería el estado español en la Unión Europea de las regiones? ¿Volveríamos al estado pastoril de Malta como parecía añorar algún ilustre nacionalista hace unos días? Y, sobre todo, ¿quién pondría orden entre los vascos?

¿La Seguridad Social está transferida?
Sólo la parte correspondiente al gasto sanitario; el resto es competencia del Estado y tiene su propio presupuesto de trece billones de pesetas. Pero hoy el 90% del gasto de la Seguridad Social corresponde a pensiones, por lo que se puede decir que la única función de la Seguridad Social es la administración de las pensiones.

¿Se puede romper la Caja Única?
l Todos los españoles ingresan sus cuotas en una misma caja, la Tesorería de la Seguridad. De esta caja única se pagan todas las pensiones, mediante un sistema de reparto. Cuando los nacionalistas reclaman la ruptura de la Caja Única, no están pensando (creo yo), en obtener privilegios (no estamos en 1981, en el momento de mayor actividad de ETA). De hecho, el País Vasco tiene más pensiones y más altas que la media española. No se busca tanto una ventaja económica como poder político. Manejar la caja supone administrar en Vitoria otros seiscientos mil millones, rebajar el poder del centro e incrementar la nómina de los "fieles".