Editoriales Revista ¡Hasta AQUI!

BASTA YA DE BATASUNA El inicio del proceso de ilegalización de Batasuna emprendido por PP y PSOE es sin duda una estupenda noticia para todas las víctimas del terrorismo, incluyendo en este concepto a las miles de personas amenazadas por ETA. La suposición de que este vapuleado colectivo pueda ver agravada su situación por efecto de la tensión que pueda provocar la ilegalización, como prevé la Pastoral de los obispos vascos o anuncia el clarividente Odón Elorza, es más bien una auténtica necedad que demuestra la insólita ceguera y sordera de estos sujetos respecto al sufrimiento de los agredidos. Lo cierto es que algunos de los que hasta ahora han conseguido eludir a ETA y sus comparsas van a empezar a probar las delicias que disfrutamos tantos políticos constitucionalistas, profesores, militantes de colectivos cívicos, empresarios que no pagan chantajes y periodistas que hacen su trabajo sin plegarse a la censura. Porque los terroristas ya han comenzado a exigir a sus intérpretes más comprensivos, empezando por PNV y EA, gestos inmediatos de ruptura y guerra con el sistema constitucional. Ellos verán, pero una vez ilegalizada Batasuna como brazo político de ETA, nadie podrá considerar demócratas a las entidades y personas que se empeñen en apoyarla. Los primeros efectos de la propuesta de ilegalización están a la vista: identificarse públicamente con la gentuza proetarra comienza a ser peligroso. A pesar de los dramáticos llamamientos a su militancia, la manifestación de protesta de Batasuna en San Sebastián del domingo 11 de agosto resultó pobre (menos de diez mil asistentes), sin que la agresividad verbal compensara el relativo fracaso de la convocatoria. Arnaldo Otegi y Joseba Alvarez dieron más argumentos al ministerio fiscal y al Parlamento prometiendo más atentados y violencia si el proceso de ilegalización seguía adelante. Que al mismo tiempo ofrecieran diálogo expresa su sensación de creciente aislamiento pues, como todos recordarán, uno de los acuerdos básicos del Pacto de Lizarra era el abandono explícito de la negociación directa entre ETA y el Estado, principio ilustrado por el ilustre Egibar al declarar que, en lo sucesivo, se prescindiría de PP y PSOE para avanzar unilateralmente en el proceso soberanista. Pues ya ven: ahora Batasuna ofrece diálogo con Aznar a cambio de retirar la ilegalización. Así que la disparatada, fascistoide y arrogante estrategia de Lizarra ha fracasado en toda regla. Se acercan malos tiempos, es cierto, pero sobre todo para los partidarios de Lizarra, así como para esa parte de la opinión pública que ha disfrutado de la extraordinaria e inmarcesible calidad de vida reservada a los vascos-vascos que, como aconseja Ibarretxe, no se meten en política ni quieren ser ciudadanos. Para los demás, en cambio, la ilegalización de Batasuna es una esperanza verosímil de pronta liberación: ¿qué hombre o mujer de los miles de españolistas que han sufrido el terrorismo o que ahora viven sin libertad no apoyará la ilegalización para llegar a salir de este infierno, aunque ello conlleve por algún tiempo sufrir nuevas tensiones y pruebas? Los nacionalistas y neutrales no han comprendido que la contemporización con ETA-Batasuna ha llegado al punto final. Tampoco comprenden el hastío, el asco y la ira que, gracias a ellos y su falta de empatía, solidaridad y compasión, se han acumulado estos años entre todos nosotros, ni entienden nuestra voluntad de llegar a un final definitivo. El proceso de ilegalización en curso no es la panacea ni será un camino de rosas; se enfrenta a no pocos retos y obstáculos jurídicos. Tampoco acabará de golpe con la amenaza terrorista, ni mucho menos con el peligroso e insufrible fanatismo étnico del que vive ETA, y encima soliviantará a los indiferentes y oportunistas que ya empiezan a clamar para que nada cambie y todo siga igual. Sin duda habrá nuevos asesinatos, atentados y agresiones, que además se echarán en cara a los intransigentes. Pero la ilegalización de la mafia de ETA es un paso imprescindible para llegar un día a disfrutar de un país razonablemente libre y seguro, donde hacer públicas opiniones y compromisos democráticos que disgusten al nacionalismo no implique la conversión del audaz en paria ni en objetivo de asesinos que, encima, disfruten de representación legal.