La nueva presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, a propuesta del PNV, Mª Asunción Macho Berrota, garantizaba en recientes declaraciones a los medios de comunicación la escrupulosidad del Tribunal que preside en la auditoria de cuentas que se está realizando al Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia, tras las denuncias sobre irregularidades en su gestión.

La nueva responsable de este organismo fiscalizador de las cuentas públicas, se veía obligada a asegurar que el informe fiscalizador se hará público en septiembre de este mismo año y que no se retrasará. La Presidenta del Tribunal afirmaba además que su relación de parentesco directo que le une con el responsable del consorcio no influirá para nada en dicho Informe.

Las cuentas secretas de las sociedades públicas
Durante el mes de junio han sido diversas las informaciones periodísticas sobre las irregulares actuaciones del Consorcio de aguas de Bilbao-Bizkaia en Argentina, motivadas especialmente por las denuncias del PP y el PSE en el Ayuntamiento de Bilbao respecto a la gestión y la opacidad de las operaciones de sus responsables. Unas personas a las que se han atribuido asimismo intereses partidarios (del Partido Nacionalista Vasco, evidentemente) en la gestión de esta sociedad pública.
Aunque no es la primera vez que saltan chispas con respecto a hechos que tienen su origen en sociedades con participación pública de las administraciones vascas, tampoco han proliferado ni en los medios de comunicación ni en el día a día de la política vasca, noticias sobre estas sociedades que tienen y van adquiriendo cada vez una mayor importancia en el entramado institucional (¿o habría que decir partidario?) de Euskadi.
Lo cierto es que el número de sociedades públicas creadas desde las administraciones vascas se va incrementando año a año y hoy ya son más de 240 las sociedades públicas dedicadas a actividades de promoción industrial y económica, energía, urbanismo, vivienda o actividades culturales, con un montante de pérdidas antes de subvenciones que superan ya los 240 millones de euros, y que proporcionan empleo a más de 7.500 personas.
¿Cuál es el papel de tanta sociedad con participación pública en el País Vasco? ¿Cuáles son las causas para que el Gobierno Vasco, Diputaciones o Ayuntamientos sigan creando más y más sociedades públicas? ¿Cuáles son los mecanismos para garantizar el control y la gestión democrática y transparente de estas sociedades? ¿Se accede a un puesto en estas sociedades respetando las condiciones legales de contratación pública: publicidad, mérito, igualdad, concurrencia y capacidad?

Sociedades con otros propósitos
Habría que aclarar en primer lugar, por qué se crean. Desde su inicio, las administraciones vascas no han elaborado ningún procedimiento para determinar si un servicio o actividad determinada debe ser realizado directamente por la propia administración o a través de una empresa o sociedad pública. Por otra parte, tampoco existen criterios que determinen las condiciones necesarias para crear una sociedad pública. ¿Será más eficaz el servicio si se presta desde una sociedad pública?
Pese a estas significativas ausencias de normas y criterios claros, el número de sociedades públicas en Euskadi ha ido incrementándose a la vez que ha disminuido el control parlamentario sobre ellas.
El Informe de 1998 del Tribunal Vasco de Cuentas de "Entidades con participación de las Administraciones vascas superior al 10% del Capital Social" realizado bajo la presidencia del socialista Rafael Iturriaga, incorporaba una mención al papel que deberían perseguir las sociedades públicas: "Las sociedades existentes en numerosos casos tienen por objeto social el desarrollo de actividades propias de las administraciones. Las administraciones públicas deberán crear o tomar participación en una sociedad mercantil únicamente cuando poderosas razones de eficacia y eficiencia lo aconsejen, respetando en todo caso los principios que inspiran tanto la contratación administrativa como la del personal, gestión presupuestaria, financiera y contable. El objeto social de las mismas debe expresar de modo claro y concreto la finalidad pública perseguida y su ámbito competencial".
A juzgar por las cifras, parece obvio que los gobiernos de las administraciones vascas han demostrado más fe en la eficacia de las sociedades públicas que en la suya propia para garantizar unos buenos servicios a la ciudadanía.

¿Se controlan?
Desde el Tribunal Vasco de Cuentas se ha resaltado año a año, el descontrol de las sociedades públicas.
Un descontrol fácil aunque sólo sea por el truco de la norma: sólo son controlables aquellas sociedades en las que una única administración pública tenga más del 50% de participación del capital social.
El caso del Museo Guggenheim es bien significativo: el 49,5% de su propiedad pertenece al Gobierno vasco, otro 49,5% corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia y el 1% restante al Ayuntamiento de Bilbao. Esta composición de propiedad en la que ninguna administración supera el 50% de la propiedad hace que el director general, Juan Ignacio Vidarte, pueda afirmar tranquilamente que el Museo posee una "naturaleza jurídica privada" y no pública. O dicho de otra manera, que no es empresa pública pese a ser el 100% del capital de las administraciones señaladas y por ello, no hay razón para el control público. Es una buena excusa para dejar sin justificar, por ejemplo, los criterios de selección de personal que realiza Atutxa (hijo) en su calidad de Director de Recursos Humanos del Museo.
No es un caso aislado. Otras 80 sociedades públicas existentes escapan al control parlamentario y legal escondiéndose en el hecho de considerarse empresas privadas. Y ese desmesurado número es una de las razones que indican que la norma actual no tiene validez, al menos en lo que respecta al necesario control democrático.
Podría pensarse que existen controles suficientes al menos en el resto de las sociedades públicas, es decir, aquellas que pertenecen mayoritariamente a una única administración, pero cómo pensarlo sin justificación de su constitución o de los mecanismos de elección de sus dirigentes.

El truco del intermediario
Pese a las recomendaciones del Tribunal Vasco de Cuentas para que la creación de sociedades públicas obedezcan únicamente a criterios de eficacia, eficiencia y mayor claridad del dinero público, se han llegado a dar casos de creación de sociedades cuya función no es ya la de realizar el servicio que podía prestar directamente la administración, sino elegir las empresas de servicios que serán subcontratadas para hacerlo.
El procedimiento es la creación de una sociedad con sus correspondientes gastos fijos para que sirva de intermediaria entre la administración y empresas privadas para que sean éstas las que hagan los servicios públicos.
Y cómo no, el caso también se puede ilustrar con un ejemplo ligado al Partido Nacionalista Vasco, como sería la flamante Sociedad de Puertos Deportivos creada por el consejero Álvaro Amann, y que se dedica a subcontratar la gestión de puertos a amigos que tienen como aval su relación con el PNV y una inesperada afición a la gestión de puertos deportivos.
Parece un negocio redondo. Al mismo tiempo que se proporciona empleo a los amigos con los impuestos de toda la ciudadanía, se garantiza el control político partidario.

Reunión de tapaderas
Desde la puesta en marcha del Estatuto de Autonomía, el País Vasco ha multiplicado enormemente el número de sus instituciones. La tendencia, a diferencia de otras comunidades, ha sido precisamente la multiplicación de administraciones. ¿Pero la proliferación de sociedades públicas en Euskadi es una necesidad del desarrollo económico e institucional vasco o es la "tapadera" para evitar los controles de lo público.
Pero es que además, las entidades que se han creado se encargarán de llenar el aforo en las convocatorias del lehendakari. Los representantes de la "sociedad civil" son más bien los representantes de las sociedades públicas: los empresarios de la administración, gerentes y altos cargos de estas sociedades que no han accedido por los mecanismos a los que las Administraciones están obligadas por Ley y que se ajustan a los principios de publicidad, mérito, capacidad, concurrencia, igualdad... Más de 7.500 empleados de estas sociedades (con gastos salariales de casi 250 millones de euros) han llegado a su puesto por otros caminos. Y precisamente, las vías son especialmente distintas en lo que respecta a los "puestos sensibles". La relación de los gerentes y cargos de muchas de las sociedades públicas creadas estos años da sin duda la otra clave de la utilización partidaria de lo público ¿Cuántos de ellos no son de PNV?
Además, todos pueden enseñar una magnífica hoja de servicios, ya que hasta la fecha no se conoce el "cese" de ningún gerente de alguna de estas sociedades por un balance de gestión contrastado.
A más de una gestión tranquila. Pese a la aprobación de una resolución expresa en el Parlamento Vasco para la participación de las organizaciones sindicales en los Consejos de Administración de las Sociedades Públicas, hoy sólo se pueden contabilizar raras excepciones de testigos incómodos.

Corrupción: mala costumbre o abuso ilegal
La no existencia de controles que garanticen y justifiquen las causas de la creación de las sociedades públicas obliga a un cambio en las normas vascas sobre la propia calificación de sociedad pública, garantizando que sean criterios de eficacia, y justificando el porqué estos servicios no pueden realizarse desde las propias administraciones. Es inadmisible lo que se habla pero no se dice: la utilización del PNV de estas sociedades para la construcción de "su" entramado social. Lo de hoy huele a chiringuito, no precisamente veraniego. TXIRULA