2 de febrero de 2005

Discurso del presidente del PP, Mariano Rajoy

Fuente: La Razón

Señorías, si no hubiéramos escuchado las palabras del ilustre representante del Parlamento Vasco, pudiéramos pensar que lo que hoy nos convocaba era la Reforma del Estatuto de Autonomía para el País Vasco conforme a las previsiones de la Constitución. Al menos, esa era la apariencia que se le ha dado para que pudiera llegar hasta esta casa. Más he aquí que la presunta reforma del Estatuto de Autonomía para el País Vasco conforme a las previsiones de la Constitución, resulta que ni es una reforma, ni habla de autonomía, ni se acuerda de la Constitución. ¿De qué se trata, pues? Estamos, según proclama el propio documento y se nos ha recordado aquí, nada menos que ante un proyecto de pacto político entre Euskadi y España basado en la libre asociación. ¿Y eso qué es, señorías? No entraré en detalles, pero todos ustedes saben que proclama la soberanía del pueblo vasco, otorga nacionalidad vasca a sus habitantes, asume competencias exclusivas del Estado en relaciones exteriores, en justicia, en economía, en seguridad social, en educación… En una palabra, desmantela toda la arquitectura del Estado español.
No diré que me sorprenda: A nadie que conozca la vieja Alternativa KAS pueden sorprenderle sus secuelas. Pero esto es lo que hay, señorías. Un texto muy ameno, imaginativo, tal vez un poquito quimérico, que me ha recordado mucho aquella constitución que elaboró Rousseau para Córcega en la que distinguía tres clases de corsos: patriotas, ciudadanos y aspirantes. Pero dejemos esto para más adelante. El caso es que todo el documento, desde la primera palabra hasta el punto final, se olvida de la Constitución española. A mí no me choca porque, como acabamos de escuchar, la voluntad expresa de los redactores ha sido, exactamente, volar fuera de la Constitución y evadirse de la tutela del Estado, cosa que han logrado con creces. Llegados aquí, una de dos señorías: O algunos responsables políticos no se han enterado de que cualquier reforma estatutaria que choque con la Constitución carece de viabilidad, o, por el contrario, lo saben muy bien pero no les importa perder el tiempo. De hecho, el texto que se nos presenta no sólo entierra la Constitución. Hace más: se erige él mismo en norma constituyente. Nos han traído, ni más ni menos, el proyecto de constitución para una Euskadi Libre Asociada al Estado Español.
Señorías, estamos ante una llamativa contradicción, porque quien tiene capacidad para elaborar su propia constitución no tendría por qué acudir a esta Cámara ¿para qué habría de acudir?; y, sin embargo, quienes ahora se alzan con una constitución, acuden a ella, ¿por qué? Dicho al revés: quien acude a esta Cámara es porque no está legitimado para hacer una constitución por su cuenta y sin embargo la han hecho y además nos la traen ¿para qué? ¿Qué pretenden: proclamar su independencia con nuestras bendiciones? ¿Cómo se entiende esto? Hemos de concluir, señorías, que lo que nos han remitido, bajo capa de una reforma estatutaria, es en realidad una petición de reforma constitucional. Lo que, al parecer, esperan los solicitantes es que nosotros, para evitarles la descortesía de un desaire, reconozcamos nuestros errores en materia de soberanía nacional y reformemos la Constitución española de manera que este adiós a España que nos remiten pueda ser reconocido como hijo legítimo de la Constitución española. En otras palabras: cambie usted a la madre para que se parezca a la hija.
Si esto es así y dejando a un lado la sospecha de que nos toman el pelo, me da la impresión de que estamos alterando el orden natural de las cosas. El Parlamento Vasco, como cualquier otro parlamento autonómico, tiene derecho a iniciar el proceso de reforma constitucional tal y como lo señala la propia Constitución en sus artículos 87 y 116. No hace falta que nos lo pida. Háganlo ustedes. Pónganse a trabajar y no pretendan empezar la casa por el tejado. Aborden primero esa tarea y, si tienen éxito, podrán soñar con su Estado Libre Asociado. Además, si no lo hacen así, resultará lo que ha resultado ahora: que embarcan al Parlamento Vasco en unos acuerdos sobre materias que no son de su competencia, con lo cual dichos acuerdos valen lo mismo que un papel mojado.
La cámara de Vitoria no está facultada para imponer cambios en la estructura del Estado o en el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas. ¿Se permitiría que el Parlamento Vasco fijara la fecha de las elecciones autonómicas que es una competencia exclusiva del Lehendakari? No, porque no es competencia suya. De igual manera que esta cámara (en la que hoy estamos) no puede modificar unilateralmente el Estatuto de Autonomía de Gernika, o que el Ayuntamiento de Baracaldo -por seguir con otros ejemplos- no puede aprobar el presupuesto de la Diputación de Vizcaya. Los acuerdos que tome cualquier institución en materias que no son de su competencia no valen nada, aunque los voten el 100% de sus miembros.
Lo cierto, Señorías, es que el Parlamento de Vitoria se ha tomado atribuciones que no le corresponden. Lo están proclamando a voz en grito los recursos que se han presentado ante los tribunales: dentro del país vasco, la diputación Foral de Álava y en su vecindad las Comunidades de Navarra y de Castilla-León. Todos por el mismo motivo: que se toman atribuciones que no les corresponden. A nadie puede extrañarle que los navarros protesten una vez más del obsesivo acoso anexionista que perciben constantemente en el nacionalismo vasco. En resumen, no estamos, como se pretende, ante un proyecto de reforma de un estatuto de autonomía y, en consecuencia, no podemos aprobarlo como si fuera lo que no es. Por eso, mi grupo se opondrá a la toma en consideración.
Lo único que hoy nos importa de este proyecto es que abandona el marco legal, que es incompatible con la Constitución, que deroga el Estatuto de Gernika y que aborda materias que no le competen. Por eso, quienes estamos obligados a defender la ley mientras la ley no cambie, no lo podemos admitir. A esto se reduce todo, señorías. Lo que está en cuestión esta tarde no es si aprobamos o no determinado documento, sino si en España se aplica la ley. Y no hay nada más que hablar. Contra lo que temía el señor Ibarreche, no nos rasgamos las vestiduras, no pisoteamos su propuesta, no damos portazo alguno ni desairamos a nadie. Todo lo contrario. Nos conviene a todos, incluido el señor Ibarreche, ser rigurosos con la ley y respetar los procedimientos. La libertad, señorías, no significa disfrutar el derecho a hacer lo que nos plazca sino, como señaló Montesquieu, el derecho a hacer lo que las leyes permiten. No cabe libertad fuera de la ley. ¿Es esto el caos como se ha dicho? No. Es la legalidad. La legalidad en la que se encuadra el Estatuto de Guernica. La legalidad que da sentido a este debate y también la legalidad que señala sus límites. Aquí no habrá más caos que el que otros quieran alentar. Y esto me lleva a la siguiente consideración.
Me he propuesto no alterar la moderación de mi tono pero, convendrán señorías en que si malo es el fondo del asunto que nos ocupa, peor ha sido la forma, plagada de menosprecios y desplantes. No lo digo para cargarme de razón a la hora de rechazar la propuesta. Sería igualmente rechazable aunque se presentara con unos modales exquisitos, pero hubiéramos ganado en respeto y en decoro. No quiero pasar por alto lo que me ha parecido un desprecio grave a las Cortes españolas.
Señorías, no sólo se nos exige algo que es ilegal por parte de quien no tiene derecho a exigirlo, sino que se nos exige en rebeldía. Recibimos un documento que equivale a una declaración de independencia y yo me pregunto: ¿Cuál es nuestro papel? ¿Se nos informa? ¿Se nos consulta? ¿Se nos advierte? ¿Se nos amenaza? No lo sé. · Porque se supone que debemos aprobarlo, pero ya se ha anunciado el propósito de convertirlo en hecho consumado y, nos guste o no nos guste, convocar un referéndum ilegal. ·
Se solicita el acuerdo de esta Cámara, pero ya se nos ha dicho que no se tendrá en cuenta nada de lo que aquí se decida. · La misma propuesta establece que haya o no haya acuerdo con el Estado español, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del nuevo estatuto -es decir desde que decidan publicarlo en el Boletín Oficial del País Vasco-, el Estado Asociado comenzará a ejercer en plenitud y sin excepción todas las potestades, funciones y servicios. ¿Qué clase de farsa es esta? Señorías, pretender que tomemos en consideración algo que ya se ha determinado llevar a cabo en cualquier caso, sólo se puede calificar de desfachatez. Una desfachatez revestida de hipocresía, de exigencias de diálogo, de espíritu constructivo, de relaciones amables y de no sé cuantos perifollos más para disfrazar las intenciones verdaderas.
Se nos exige diálogo. Nos lo exige quien rompe los acuerdos, se salta la ley, disfraza sus intenciones, dinamita el consenso, nos presenta deliberadamente un proyecto inadmisible, y nos amenaza con hechos consumados. ¿Dónde está esa voluntad de diálogo? ¿Diálogo sobre qué señorías? ¿Sobre un fraude de ley? ¿Sobre una desfachatez? ¿Sobre cómo establecemos un régimen de castas en el País Vasco? Los promotores de este plan no buscan el diálogo, sino el acatamiento. No reclaman un debate, sino la claudicación. Nos traen el certificado de defunción de nuestras normas de convivencia y pretenden que pactemos el tipo de entierro. Confieso, señorías, que si hubiera estado en mi mano, no celebraríamos este pleno.
Como saben ustedes propusimos a la Mesa de esta Cámara un procedimiento que, en nuestra opinión, se adecuaba mejor a la legalidad. Ahora bien, una vez que estamos aquí, no seré yo quien rechace la oportunidad de dialogar. Hemos reservado toda una tarde para el intercambio de razones y nadie podrá decir que ha faltado el diálogo. Tal vez, a algunos este diálogo les parezca breve, pero es que el asunto no da más de sí. Yo creo en el diálogo como instrumento para el acuerdo.
Pero exijo buena fe, respeto a la ley y lealtad al interés general. De eso se trata. Yo creo en el diálogo, pero reconozco que será muy difícil cualquier clase de entendimiento mientras los promotores de este plan no corrijan algunos malentendidos. Porque se empeñan en imponer unos supuestos que no todo el mundo comparte. Si no les entiendo mal, defienden que el Pueblo Vasco es soberano, que es el único legitimado para decidir sobre su futuro y que estableció un pacto con el Estado en 1979, el cual ha sido traicionado. Creo que esto lo consideran un dogma y, desde luego, lo defienden y lo difunden como tal. Tienen derecho a pensar lo que quieran, pero no les conviene equivocarse respecto a los demás: no debieran dar por hecho que tienen razón, que todos vamos a compartir sus creencias y que vamos a convertirlas en leyes.
Eso no sería posible, no sería razonable y, sobre todo, no sería justo. Si no modifican esos planteamientos o los guardan en el armario de las ilusiones remotas, como hemos hecho todos en lo que nos toca, no vamos a poder entendernos. Les diré por qué, señorías: En primer lugar porque ya no vivimos en el siglo XVIII. Todo el mundo tiene derecho a cultivar conceptos antiguos pero no se puede pretender que una democracia moderna los comparta. Porque son conceptos que la Ilustración desterró del lenguaje político y del derecho público hace 200 años, señorías (En España, con las Cortes de Cádiz).
Con la democracia contemporánea nació el ciudadano, el individuo, como sujeto de derechos y deberes. Nació la igualdad. Y el viento de la historia se llevó todos los vestigios del Antiguo Régimen, es decir, los presuntos derechos de pueblos, clanes, tribus o parroquias. La Constitución que compartimos, la que da sentido a esta sesión, no admite que nada se alce sobre los derechos de la persona ni que un pueblo tenga más derechos que un ciudadano; no consiente que ninguna creencia (laica o religiosa) recorte la libertad individual y no tolera diferencias entre los individuos porque, ante la Constitución, todos los españoles son iguales independientemente de su sexo, raza, religión, lengua o ideología. Yo creo que quienes han redactado este texto pueden comprender que cualquier reforma que pretenda recortar la libertad de los ciudadanos invocando los presuntos derechos indefinidos de un pueblo metafísico tropezará con muchas dificultades en esta Cámara.
Es muy importante que esto quede claro para que podamos entendernos. Porque este es el lenguaje de la democracia. Todo lo demás es mitología. Lo mismo ocurre, señorías, con el concepto de soberanía. En España, como recoge la Constitución, no existe más nación que la española. Dicho de otra manera: en España solamente hay un cuerpo ciudadano que esté legitimado para elaborar una constitución, es decir, para constituirse en Estado: el conjunto de los españoles.
En España, la soberanía, la única autoridad que no tiene que dar cuentas a nadie por ser soberana, la encarna el conjunto de los españoles y se expresa a través de las urnas. No existe otra. Esta soberanía, esta autoridad suprema, estableció que el País Vasco podía constituirse en Comunidad Autónoma, le fijó las normas y le señaló un ámbito vasco de decisión, que por cierto es riquísimo. En efecto, existe un ámbito vasco de decisión para todas aquellas cosas que ha autorizado la soberanía nacional y mientras las autorice. No hay otro. Estoy recordándoles, señorías, algo que es obvio aunque algunos hagan como que no oyen: el País Vasco no es patrimonio privado de nadie.
Todos los españoles tienen derecho a decidir sobre su presente y sobre su futuro, del mismo modo que todos los españoles, incluidos los vascos, tienen derecho a decidir sobre el futuro de Murcia o de Melilla. De hecho, todos los días tomamos decisiones en esta Cámara sobre cosas que afectan a cualquier rincón de España. Nosotros, las Cortes, representamos a esa soberanía nacional. El señor Ercoreca, también. Y la señora Lasagabaster, también. Porque ninguno estamos aquí en representación de nuestro pueblo sino en representación de todos los españoles. Esto no es una lonja de contratación ni una casa de subastas. Aquí no venimos a dirimir pleitos privados. Cada uno de nosotros representa a todos los españoles, es decir, a la soberanía nacional. El Parlamento vasco representa a su vez la voluntad de los ciudadanos vascos. Sí. Pero sólo en aquellas materias que le competen, es decir, en aquello que le ha confiado la soberanía nacional para que lo administre. He dicho confiado y he dicho bien, porque estamos hablando de una relación de confianza. Yo sé que esto choca frontalmente con algunas ideologías, pero esta es la ley. Estas son las reglas que todos hemos jurado respetar y defender. Todos.
Es muy importante que se respete la ley y que nadie la tome a beneficio de inventario. Cuando algo no nos gusta, el camino legítimo para cambiar las leyes no consiste en suplantar a la soberanía nacional, sino en persuadirla para que las modifique. Todo lo contrario de lo que hace y preconiza el señor Ibarretxe. Sólo quienes sean capaces de convencer a los españoles, o a quienes les representamos, para que se hagan las cosas de otra manera pueden lograr una ley que coincida con sus pretensiones. Esto es el abc de todas las democracias contemporáneas, incluida la española. Un tercer mal entendido se refiere al referéndum. Señorías, ni siquiera el presidente del Gobierno puede convocar un referéndum sin la autorización de estas Cortes. Menos puede hacerlo ningún presidente de comunidad autónoma, y si alguno lo hace, prevarica, es decir se sitúa fuera de la ley. No sé de qué se sorprende el señor Ibarretxe si es que habla de buena fe.
Él sabe perfectamente que no está facultado para convocar un referéndum. Tampoco lo está para dictar sentencias en los tribunales u operar de apendicitis. La ley no se lo permite y no creo que le moleste. Ser el representante del Estado no conlleva poder suplantar al Estado. Al contrario, le obliga a ser el primer garante de la legalidad. No olvidemos que ocupa un cargo constitucional y que su legitimidad se basa en la confianza que en él deposita la soberanía nacional. Si no aceptamos esto, todo diálogo será imposible, señorías. Lo cual no significa recurrir a las tortas. Ni mucho menos. Esto es un Estado de Derecho basado en el imperio de la ley.
Entre nosotros, para quien abandona la senda legal basta con los tribunales. Personalmente, señorías, no tengo miedo al resultado de un referéndum y menos en el País Vasco. Lo que temo es que no se respete la ley, que se sienten precedentes, que cunda la impresión de que en este país las normas no se respetan y la autoridad no ejerce. Señorías, con el mismo afán de poner las cosas en claro, debo corregir a quienes difunden la fantasía de que existe un pacto entre el Estado y el País Vasco. No existe tal pacto. Nunca ha existido y supongo que nunca existirá. Eso es una entelequia propia de las creencias, la ideología y la propaganda de los redactores del proyecto que hoy analizamos. Yo no soy responsable de que algunas creencias no coincidan con la realidad.
Es un problema que arrastran aquellas ideologías del siglo XIX que no han querido actualizarse. No se lo reprocho, pero no me culpen a mí por tener los pies en el suelo y vivir en el siglo XXI. En fin, señorías, por terminar con esta modesta iconoclastia de mitos sin fundamento que entorpecen cualquier diálogo: no es cierto que los españoles rechacemos algo que los vascos demandan. Eso no es verdad. La verdad es que esta Cámara va a rechazar una propuesta que ni siquiera los vascos aceptan. Quien ha dicho ya que no a este plan es la ciudadanía vasca. Son los vascos. Los autores del plan que hoy se nos presenta no han sido capaces de lograr un acuerdo amplio en el País Vasco. Nos han traído el presunto proyecto de reforma sin consenso, con el apoyo de sólo el 52% de los parlamentarios, es decir, con una mayoría cogida por los pelos.
Esto, en términos de censo electoral, no pasa del 41%. ¿Qué sucede en el País Vasco? ¿Por qué un proyecto de estas características no logra mayor respaldo, incluso un apoyo entusiasta de la mayoría de la población, como ocurrió con el Estatuto de Guernica? ¿A qué lo atribuye el señor Ibarretxe? Miren ustedes, sin salir de esta sala, entre los diputados que proceden del País Vasco, que viven en el País Vasco, ocho van a votar a favor pero once, es decir, más, van a votar en contra. Y son todos vascos. No estamos ante un desafío entre España y el País Vasco. Estamos ante una gravísima fractura de la sociedad vasca que este proyecto pretende convertir en una gigantesca injusticia.
Porque la intención clara de quienes defienden este plan es crear un marco en el que una mitad se impone a otra mitad; unos vascos, tal vez de primera, imponen antidemocráticamente a todos los ciudadanos algo que no tienen derecho a imponer y que los ciudadanos tienen derecho a rechazar, aunque el ejercicio de ese derecho les pueda costar la vida a algunos. A los vascos no les gusta este plan, señorías. Tratar de imponérselo sería una injusticia que nosotros no secundaremos jamás. Jamás. Y, además, constituye una deslealtad. Algunos fingen que no se dan cuenta, pero el proyecto que hoy nos presentan constituye una grave deslealtad con el consenso que supo articular ese Estatuto de Guernica que ahora pretenden derogar.
Una deslealtad con la soberanía nacional porque aquel estatuto estableció, con una gran generosidad, una comunidad política que no había existido nunca en la historia. Una deslealtad con la población que le prestó apoyo universal porque representaba una enorme esperanza de convivencia en tolerancia y en paz; porque era un estatuto en el que cabían todos los vascos. Esto es lo que ahora pretende traicionar esta tentativa de ruptura, este programa excluyente, esta maniobra que deja en la calle a la mitad de los vascos. ¿Cómo van a querer los ciudadanos un proyecto que establece un régimen de castas? Precisamente, donde más resplandece el pelaje antidemocrático de la propuesta es en lo relativo a la nueva situación de los ciudadanos; en esa distinción que se proponen realizar entre ciudadanía y nacionalidad vascas.
Por fin van a poder diferenciar algunos entre los vascos nacionales y los españoles errabundos sin nacionalidad vasca; entre los de casa y los de fuera; los propios y los ajenos; los justos y los prescindibles… ¿Qué lectura piensan ustedes que puede hacer ETA de estas premisas? Hablo de ETA, sí. Porque ETA interviene mucho en esta historia. Durante toda la transición ETA y no el PNV ha sido la fuente en la que ha bebido el irredentismo vasco. ETA ha establecido las metas que otros aquiescentemente, han convertido en programas. ¡Claro que hablo de ETA! No sólo porque ETA es la inspiradora del proyecto que otros han puesto por escrito, tras romper en Estella el consenso de la sociedad vasca en torno al Estatuto de Gernika. No sólo porque ETA ha prestado sus votos para este viaje.
No sólo porque ETA contribuye al éxito del plan amordazando a la mitad de la población vasca. Para nosotros, además, los terroristas están muy presentes porque son responsables de casi mil asesinatos cuya memoria no queremos ultrajar. Ocurre que los han matado, precisamente, porque estorbaban las mismas pretensiones que este proyecto recoge. Los han matado porque no hemos atendido las exigencias de los terroristas. Los han matado porque representaban unos valores que ahora se quieren desterrar del País Vasco. No podemos olvidarnos de ellos. ¿Qué le hace pensar a nadie que aquello que no permitimos que nuestros asesinos arrebataran porque era ilegal, injusto, incivil… ha dejado de importarnos? Quienes promocionan este plan parece que no se dan cuenta, pero con lo que ahora nos exigen, vienen a decirnos que todo nuestro esfuerzo ha sido inútil; que las mil víctimas de ETA estaban equivocadas; que todos han muerto en balde: los guardias civiles, los policías, los jueces, los militares, los empresarios, los concejales… ; que Enrique Casas, Gregorio Ordóñez, Miguel Angel Blanco, Fernando Buesa y tantos otros… estaban ofuscados; que tenían razón sus asesinos fanáticos; que tuvieron que matarlos porque nos habíamos obcecado y, en fin, que podíamos habernos ahorrado mucha sangre si hubiéramos sido más flexibles. ¿Eso es lo que quieren decirnos? ¡Pues no, señor! No se han equivocado.
No han muerto en vano y no vamos a traicionar su memoria. No han sido ellos los equivocados. Tampoco lo es esa mitad de vascos que rechaza esta propuesta injusta. Por cierto, señorías, ¿qué pasaría con ellos si esto se aprobara? ¿Qué deberían hacer los vascos que lo rechazan, es decir, la mitad? ¿Irse? ¿Callarse? ¿Y si no se callaran? ¿Y si pretendieran que sus derechos individuales son más importantes que los de no sé qué creencia? ¿Qué haría ETA en ese caso? ¿Qué dispondría contra quienes enturbiaran la presunta marcha triunfal del presunto pueblo? ¿Cuánta sangre correría en el País Vasco si algunos se salieran con la suya? ¿A esto le llaman paz? ¿A esto se refieren cuando hablan de una oportunidad para la paz? ¿Qué clase de oportunidad sería esta? La paz, dijo Cicerón, es una libertad en calma. Una libertad, señorías.
A algunos les parece que este proyecto la proporcionará. Sin duda lo hará con algunos, por ejemplo, con los que ya viven en paz y no necesitan escoltas. Para todos los demás, ese proyecto no contiene ni un gramo de libertad. No habrá libertad en el País Vasco, señorías, ni habrá paz, mientras exista ETA. Y cuando ETA desaparezca y todos los vascos respiren libertad, entonces, señorías, nadie tendrá que poner precio a la paz, porque estaremos habitándola. De esto no tengo duda. Mi duda es si a esa paz, ¡que llegará!, habrá contribuido el señor Ibarretxe. Yo voy a ayudarle rechazando su plan. Termino, Sr. Presidente. Fíjense, señorías, en el contrasentido de que hoy estemos debatiendo sobre un proyecto que pretende romper nuestro ámbito de convivencia, y dentro de unos días acudamos a las urnas para ratificar la unidad de los europeos.
El mundo en general, y Europa en particular, asisten a procesos de unión y no de ruptura; a sumas que no a restas. Y, sin embargo, aquí estamos nosotros debatiendo sobre esta regresiva propuesta, contraria a las tendencias de nuestro tiempo y que ni siquiera tiene hueco en la Unión Europea. Señoras y señores diputados: Rechazar este plan, como he dicho antes, no significa propiciar el caos sino fortalecer la legalidad. Porque el País Vasco cuenta con una norma legal muy sólida, el Estatuto de Guernica que -aunque parece que algunos lo olvidan- continua vigente. Es bueno recordar que este Estatuto obtuvo el apoyo de más del 90% de los electores vascos.
Ésta, señorías, es la mejor regla para medir la calidad de cualquier proyecto de convivencia: la conformidad de los afectados. Mucho más en una sociedad dividida. No debiéramos ni siquiera tomar en consideración ninguna propuesta que no contara con un grado de apoyo semejante. Con este criterio, señorías, hemos de reconocer que no existe hoy mejor estatuto para el País Vasco que el Estatuto de Guernica. No entiendo de dónde proceden tantos afanes, más o menos arcangélicos por reformarlo. En el País Vasco hay asuntos mucho más apremiantes para resolver. Lo que necesita urgentemente la sociedad vasca no son reformas estatutarias sino libertad; no, planes que nadie demanda -los hagan unos, los hagan otros o sean intermedios- sino vivir en paz; no, fomentar los malentendidos sino garantizar la igualdad de todos los ciudadanos; no, que pongamos nuestro empeño en cortejar al irredentismo sino en liberar a una sociedad secuestrada por los violentos.
En resumen, señorías, el plan para la supuesta reforma del estatuto del País Vasco que nos ocupa, no cumple los requisitos que exige la ley, es incompatible con la Constitución y, en consecuencia, debe ser devuelto al Parlamento Vasco. No respeta la Constitución Española porque no reconoce la soberanía nacional, ni toma en cuenta el reparto de competencias establecido, ni acepta la igualdad de los españoles, ni garantiza la preeminencia de los derechos individuales. Para colmo, no se ocupa de la autonomía sino de la independencia. La libre asociación al Estado Español no es más que un aderezo retórico para resguardar la permanencia en la Unión Europea. Nos están pidiendo algo que no puede ser a sabiendas de que no puede ser. Tal vez piensan que ganan algo con pedirlo. No lo sé. Nosotros vamos a cumplir con nuestro deber al negarnos. Muchas gracias.