OLATZ BARRIUSO/VITORIA

Un día después de que el Gobierno vasco asumiera públicamente que el plan Ibarretxe puede ser «derrotado» en la votación a la que se someterá en diciembre en el Parlamento, uno de los socios del Ejecutivo, Eusko Alkartasuna, puso ayer especial énfasis en dejar claro que «no contempla» esta posibilidad, incluso si el proyecto no obtiene en la Cámara los 38 votos necesarios para su aprobación.

El portavoz parlamentario de EA, Rafael Larreina, negó categóricamente que «pueda hablarse de derrota» o que ésta vaya a producirse porque, según dijo, aunque la propuesta no sea ratificada por mayoría absoluta -condición imprescindible para que salga adelante-, «tendrá más votos positivos que negativos», dando así por hecho que la antigua Batasuna podría abstenerse pero en ningún caso votar en contra.

En una comparecencia en la Cámara para hacer balance de la legislatura y analizar lo que queda de ella, Larreina echó mano del voluntarismo para insistir en que, independientemente de los dictados de la aritmética parlamentaria, hay una «mayoría social» que apuesta por un nuevo marco jurídico político «más amplio» que el Estatuto en el que se recojan además los conceptos de soberanía y territorialidad. «Avanzamos indefectiblemente hacia ese marco», subrayó el dirigente nacionalista, que consideró que es una «realidad innegable» que la propuesta cuenta con «más apoyos que detractores» en la sociedad vasca.

Según su análisis, lo importante es que el plan Ibarretxe ha abierto una «nueva etapa política», ocupa un papel «central» en el debate en Euskadi y representa una «apuesta de futuro» en la que, aseguró, «seguiremos trabajando» hasta lograr el apoyo «social y parlamentario» que requiere el proyecto, incluso si no pasa el 'test' de diciembre. También fue tajante al asegurar que «habrá referéndum» aunque el Parlamento no refrende la propuesta. Desde EA se apunta sobre todo al carácter plebiscitario de las próximas elecciones autonómicas, aunque no se descarta la potestad del Gobierno vasco para convocar una consulta cuando lo crea conveniente.

Larreina repartió reproches entre los tres grupos de la oposición. A SA le pidió «responsabilidad» para crear «las condiciones necesarias que hagan posible que el debate político se produzca con normalidad» -es decir, que condene la violencia- y adopte un papel «mucho más activo» a la hora de recordar a su base social que «las únicas vías admisibles son las políticas». Al PSE le reconoció que, aunque «a destiempo», haya admitido la «necesidad» de un nuevo marco, pero le reprochó que no presente su texto en el Parlamento. Y al PP le acusó de seguir «por inercia en la política del 'no'».