EL PLAN IBARRETXE Y SUS CIRCUNSTANCIAS

Euskadi es probablemente la región europea, y desde luego española, con mayor nivel de autogobierno. Las instituciones vascas tienen su propio sistema fiscal y educativo, una policía integral, competencias en obras públicas y un largo etcétera que le acercan más a un Estado propiamente dicho que a una región autónoma. Este alto grado de autonomía es posible gracias a la Constitución española de 1978, que permitió pactar un Estatuto de Autonomía aprobado en 1979 por el 90% de los votantes.
¿Cómo se explica una ofensiva nacionalista por la independencia en una sociedad que mayoritariamente la rechaza, y que goza de un alto nivel de autogobierno y desarrollo económico? La respuesta hay que buscarla en los intereses compartidos por el nacionalismo gobernante (PNV y EA) y los terroristas de ETA.

ETA: auge y declive del terrorismo nacionalista totalitario.

Con el Estatuto de Autonomía, los nacionalistas consiguieron casi la totalidad de sus reivindicaciones históricas. Respecto a la independencia, en 1978 sólo la exigía ETA. Lo cierto es que sólo una minoría que nunca ha superado el 30-35 % en los sondeos de opinión dice desear la independencia, mientras que el apoyo al nacionalismo en su conjunto nunca ha superado el 50% del censo electoral.
La respuesta de los terroristas al desinterés de la mayoría fue rechazar la democracia, recrudeciendo los atentados y las agresiones contra sus críticos. ETA incrementó su influencia social creando partidos políticos (HB, EH y Batasuna, heredera de los anteriores y finalmente ilegalizada en 2003), sindicatos y asociaciones de todo tipo que apoyaran material y moralmente al terrorismo, aislaran y atacaran a los no nacionalistas y exigieran la ruptura total con España. Mientras que de 1959 a 1975 los terroristas asesinaron a 43 personas, desde este último año hasta el 2003 han sido asesinadas casi 800. El incremento de otros actos violentos ha sido todavía mayor.
A pesar de todo, ETA nunca ha logrado un apoyo electoral para su partido superior al 18% de los votos. Y desde 1997 –año del secuestro y asesinato de Miguel Angel Blanco- su declive es imparable: los diputados autonómicos que consiguieron en 2001 fueron la mitad de los habidos en la anterior legislatura. La mayoría de la sociedad vasca ha dado la espalda a los únicos terroristas vascos. Porque en el País Vasco no han aparecido hasta hoy grupos que le respondieran con métodos terroristas similares. Los grupos parapoliciales terroristas (Triple A, Batallón Vasco-Español, GAL), carentes de apoyo social, han sido perseguidos y disueltos por la justicia.
Tras sucesivos reveses policiales y judiciales, ETA entra en un declive lento pero continuado. La convicción de que nunca podrá derrotar “militarmente” al Estado le anima a pactar con los nacionalistas moderados, declarando una tregua de atentados en el periodo 1999-2000. Pero la mejor expresión de su debilidad son los 169 activistas detenidos por las policías de España y Francia en 2002, año en que sólo consiguen asesinar a cuatro personas y disminuye drásticamente el número de atentados y el apoyo social: la ilegalización de Batasuna al año siguiente no provoca grandes protestas. La kale borroka (violencia callejera) también entra en crisis tras la adopción de medidas legislativas que consideran delitos de terrorismo los actos vandálicos cometidos por menores de edad encuadrados en las juventudes de ETA. Aislada y sin apoyos internacionales, perdido su antiguo prestigio como grupo de patriotas idealistas, ETA aparece hoy sumida en una crisis evidente y quizás definitiva.

La radicalización del nacionalismo gobernante.

La convergencia de moderados (PNV y EA) y radicales comienza en 1997, a raíz de las grandes y airadas movilizaciones populares contra ETA provocadas por el secuestro y asesinato del Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua por el PP. Convencidos de que la derrota terrorista podía acarrear la del nacionalismo en su conjunto, los nacionalistas moderados iniciaron un acercamiento a ETA, forzando la ruptura del pacto de gobierno con los socialistas. Luego se supo que PNV y EA habían suscrito un pacto secreto con ETA donde se comprometían a desarrollar una estrategia conjunta con vistas a crear una “institución única y soberana” que incluyera todos los territorios que consideran vascos, acordando la exclusión de todos los partidos y ciudadanos no nacionalistas; a cambio, ETA suspendería los atentados observando una “tregua indefinida”. Se trataba de impulsar un proceso unilateral de hechos consumados, pero presentado como “pacífico” y “democrático”, que hiciera posible declarar la independencia en los primeros años del siglo XXI. Este proceso fue hecho público con la firma del Pacto de Estella o de Lizarra.
Pero ETA consideró demasiado lento y cauto el proceso y en noviembre del 2000 rompió la tregua de atentados con la excusa de que el Gobierno español rechazaba el derecho de autodeterminación. ETA aprovechó la tregua-trampa para reorganizarse y captar nuevos activistas, lanzando una campaña de violencia sin precedentes contra cualquier opositor al nacionalismo. El Gobierno vasco observó una actitud completamente pasiva, quitando importancia a las destrucciones y a las campañas de persecución y, según han denunciado los sindicatos policiales, ordenando a la Ertzaintza paralizar la investigación y las detenciones de sospechosos. Pese al cese de homicidios, no había paz. Con el fin de la tregua, todos los políticos de la oposición, incluso los concejales de los pueblos más pequeños, además de numerosos periodistas, profesores, jueces o empresarios, debieron aceptar una escolta policial para hacer frente a la amenaza de ser asesinados.
Sin embargo, la reacción social ante la tregua y su fin no fue la esperada. En las elecciones generales celebradas bajo la tregua, los votos nacionalistas disminuyeron mientras crecían los de la oposición no nacionalista, y los movimientos sociales de rechazo al terrorismo, como Basta Ya, cobraron más fuerza que nunca, organizando manifestaciones masivas. Buena parte de la opinión pública comenzó a exigir el fin de la impunidad y a criticar la permisividad de las instituciones vascas hacia la kale borroka y la reorganización de ETA, gracias a la que Euskadi se ha convertido en el único lugar del mundo donde los terroristas no atacan al gobierno, sino a la oposición.
El riesgo de perder el poder en las elecciones a causa del ascenso de los constitucionalistas reforzó la convicción nacionalista de que la única vía para conseguir la plenitud de sus objetivos políticos consistía en el acercamiento estratégico a ETA y en la captación de los votos independentistas de Batasuna mediante la radicalización de su discurso. Las críticas contra las instituciones y partidos españoles, y contra los movimientos sociales vascos no nacionalistas, se han ido haciendo desde entonces mucho más frecuentes y duras que las reservadas a ETA y sus simpatizantes. Así, la autodeterminación, desdeñada por el PNV durante la elaboración de la Constitución, es ahora para este partido un derecho irrenunciable e innegociable, cuya falta en la Constitución española es suficiente para rechazar su legitimidad democrática.
Los nacionalistas gobernantes explican el terrorismo como un efecto del conflicto histórico con España, que debe ser solucionado primero para erradicar posteriormente la violencia. Por eso los nacionalistas se han opuesto a todas y cada una de las medidas legislativas contra el terrorismo aprobadas por el Parlamento español y aplicadas por los tribunales. Las instituciones vascas intentan ignorar muchas de las medidas adoptadas contra ETA y su trama política, desobedeciendo sentencias judiciales, boicoteando leyes contra el terrorismo y autorizando actividades políticas y sociales favorables a ETA bajo diversos pretextos. En resumen, según ETA se debilita, mayor es el empeño del nacionalismo gobernante en defender algunas de sus tesis mientras rechaza sus métodos, pero sin reprimirlos realmente con los abundantes medios de que dispone.
Apoyándose en la persistencia de la amenaza terrorista de una ETA débil pero todavía capaz de aterrorizar, el nacionalismo en su conjunto, liderado por el lehendakari Ibarretxe, se ha lanzado a la búsqueda de fórmulas que superen el Estatuto, deslegitimen la democracia española y rompan el pacto constitucional, explotando el natural deseo de paz para reclamar una cuasi-independencia a la medida de los nacionalistas, o mejor, del sector más radical de éstos: ese 30% de vascos que no renuncia a poseer un Estado propio pese al desinterés o la disconformidad del 70% restante.