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Juan
José Ibarretxe entrega oficialmente a Juan María
Atutxa elplan Ibarretxe, en octubre de 2003. (SANTOS CIRILO)
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El
País, España, 2 de febrero de 2004
EL
MODELO DE ESTADO Y LAS TENSIONES CON LAS AUTONOMÍAS
El
órdago de Ibarretxe
El
proyecto soberanista del 'lehendakari' para reformar el Estatuto
de Gernika ha provocado la mayor ofensiva legal y política
del Ejecutivo de Aznar en defensa de uno de los puntos clave
de su ideario: la unidad de España
Las
relaciones del Gobierno del PP con los ejecutivos vasco y
catalán han pasado del blanco al negro. En 1996, tanto
el Partido Nacionalista Vasco como Convergència i Unió
apoyaron la investidura de un José María Aznar
que precisaba esos votos para sumarlos a la precaria mayoría
de que disponía en el Congreso de los Diputados. La
ruptura con el PNV llegó en 1998, no sin antes haberse
llegado a una empatía tal que se materializó,
sobre todo, en la plena autonomía fiscal. Los acuerdos
parlamentarios del PNV con HB, que culminaron en el Pacto
de Lizarra, junto a la radicalización de Aznar contra
el nacionalismo, dieron al traste con la sintonía exhibida
hasta entonces. El proceso de distanciamiento ha culminado
en la segunda legislatura -ésta ya con mayoría
absoluta del PP- con el plan Ibarretxe, un proyecto soberanista
que ha supuesto un auténtico órdago por parte
del Gobierno vasco. En Cataluña, la buena relación
entre CiU y PP ha durado tanto que casi han agotado en paz
y armonía la legislatura que concluirá con las
elecciones generales del próximo mes de marzo. El caso
catalán es distinto porque los ejecutivos de Jordi
Pujol precisaron de los votos del PP, lo que redujo el campo
de maniobra de los nacionalistas catalanes. En 1999, CiU tuvo
que vincular la investidura de Pujol a aparcar durante toda
la legislatura la reivindicación de la reforma del
Estatuto. La hipoteca tuvo para los nacionalistas más
nombres y apellidos: Plan Hidrológico Nacional o insuficiente
financiación que desde CiU se vieron obligados a presentar
como un triunfo. Pero el aliado intermitente catalán
ha pasado ahora a la oposición, después de que
en diciembre de 2003 se constituyese un Gobierno tripartito
y de izquierdas en Cataluña que arranca con la petición
de la reforma del Estatuto. En Andalucía, la oferta
del PP de liquidar la deuda histórica -estimada entre
750.000 y 400.000 millones de pesetas- si gana las elecciones
desató una tormenta política que ha contribuido
a acercar las reivindicaciones autonómicas de dos socialismos
que juegan con realidades distintas: la andaluza y la catalana.
LUIS
R. AIZPEOLEA - Madrid
El
29 de septiembre de 1998, José María Aznar mantuvo,
en La Moncloa, su última reunión con el presidente
del PNV, Xabier Arzalluz, en la que pusieron punto final a
casi dos años y medio de relaciones, iniciadas cuando
ambos líderes pactaron el compromiso de investidura
del presidente del Gobierno, en mayo de 1996.
El
encuentro de Aznar con Arzalluz fue borrascoso. El PNV acababa
de comprometerse con Batasuna (entonces HB), tras un acuerdo
previo con ETA, en el Pacto de Lizarra, de orientación
soberanista y de ruptura del Estatuto vasco, y la banda armada
había anunciado la primera tregua indefinida de su
historia.
Aznar
acusó a Arzalluz de "deslealtad". Le recordó
al líder del PNV que dos años antes, en noviembre
de 1996, en una cena celebrada en el Hotel Aranzazu de Bilbao,
en plena luna de miel del PP y PNV, se había comprometido
a avisarle si "la piscina estaba llena". Y es que
en la discreta reunión de Bilbao, Arzalluz había
adelantado a Aznar su intención de tantear "si
había agua en la piscina" del mundillo de ETA;
es decir, las posibilidades de un alto el fuego de la banda
armada. Aznar, que no se comprometió a nada, entendió
que Arzalluz le avisaría de sus gestiones, cosa que
no hizo.
EL
PACTO DE LIZARRA
La ruptura con el PNV
La ruptura de Aznar y Arzalluz, en septiembre de
1998, fue traumática, pues en los más de dos
años que mediaron desde mayo de 1996, el PNV apoyó
la investidura de Aznar y los Presupuestos del Gobierno del
PP a cambio de un avance en el autogobierno vasco; materializado,
sobre todo, en una casi plena autonomía fiscal.
El
pacto del PP con el PNV fue complementario del que realizó
pocos días antes el PP con CIU para asegurar la investidura
de Aznar, que carecía de mayoría suficiente
para formar Gobierno. Con CiU se comprometió a ampliar
la capacidad de financiación autonómica de la
Generalitat, así como un mayor autogobierno: en puertos,
costas y suelo, así como la supresión de los
gobernadores civiles. El acuerdo del PP con los nacionalistas
llevó a Arzalluz a señalar, entusiásticamente,
que "en diez días habían logrado más
que en 13 años de Gobierno del PSOE".
No
obstante, ya un año antes de la ruptura, en julio de
1997, se empezó a abrir el foso entre el PP y el PNV.
Fue tras las grandes movilizaciones sociales que generó
el asesinato por parte de ETA del concejal del PP de Ermua,
Miguel Ángel Blanco. "El pacto entre el PP y PNV
empezó a romperse por su parte más débil,
el reto del terrorismo, al que ambos partidos marginaron en
su acuerdo de investidura", dice Ramón Jáuregui,
responsable autonómico del PSOE en ese momento y ex
vicelehendakari.
El
PNV temió que la inédita movilización
del País Vasco contra ETA y HB acabara arrastrando
al nacionalismo en su conjunto e inicia el acercamiento al
nacionalismo radical con la pretensión de lograr el
alto el fuego de ETA a cambio de radicalizar su programa.
Este giro político se visualiza en el Parlamento vasco
donde, a lo largo de 1998, PNV y HB pactan una batería
de acuerdos de signo radical que provoca la salida de los
socialistas del Gobierno vasco que formaban con el PNV y EA.
Los pactos parlamentarios del PNV y HB culminan en el Pacto
de Lizarra de septiembre de 1998.
A
la par, Aznar inicia la radicalización de su posición
contra el nacionalismo. A comienzos de 1998 había rechazado
el plan Ardanza, último intento del entonces lehendakari,
José Antonio Ardanza, de salvar el Pacto de Ajuria
Enea -el acuerdo de todos los partidos vascos contra ETA,
vigente desde 1988-, y que el PSOE estaba dispuesto a debatir.
Aznar, mediada la legislatura, y con los Presupuestos de 1998
aprobados, ya se considera con las manos libres. El entonces
ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy,
anuncia que el Gobierno da por cumplidos los compromisos pactados
con los nacionalistas en la investidura de Aznar. Arguye que
"España es el país más descentralizado
de Europa y que el Estado de las autonomías ha llegado
al límite" y entierra la prometida reforma del
Senado para convertirlo en cámara territorial.
RADICALIZACIÓN
Discurso antinacionalista
Sin embargo, el socialista Jáuregui cree que
en ese momento "el PP ha descubierto la utilidad partidista
que puede extraer del discurso antinacionalista, al comprobar
el potencial movilizador del rechazo al asesinato de Miguel
Ángel Blanco". A partir de ahí, se inicia
la radicalización del PP y el PNV y la polarización
política de sus posiciones. Los nacionalistas mantienen
hoy que el PP es el responsable de empujarles al soberanismo
al rechazar el plan Ardanza. Pero el PP contraataca y asegura
que Arzalluz tenía desde hacía tiempo diseñada
la estrategia del salto al soberanismo.
La
ruptura de la tregua de ETA, en noviembre de 1999, la campaña
de asesinatos de la banda en 2000, y la tardanza del PNV en
desmarcarse de HB radicalizan aún más el discurso
antinacionalista del PP, que lo convierte en eje de su campaña
para las elecciones generales de 2000, en las que logra mayoría
absoluta. "El PP había ganado crédito como
partido moderado por su política de diálogo
en la primera legislatura y, con la ocupación del espacio
de la confrontación nacionalista, concentra también
el voto de extrema derecha", explica Jáuregui.
En
la segunda legislatura, el Gobierno del PP consolida su política
autonómica. Reafirma que el Estado de las autonomías
ya ha llegado a su límite máximo y desarrolla
un discurso nacionalista sobre España con estos ejes:
recuperación de la simbología nacional, con
la exhibición de la bandera y la acentuación
del nacionalismo en los eventos deportivos, así como
la confrontación de la uniformidad de España
frente al particularismo de los nacionalismos periféricos.
Este
proceso se consolida en la medida en que el nacionalismo vasco,
con Ibarretxe a la cabeza, se radicaliza. Los encuentros de
Aznar con Ibarretxe en La Moncloa -en diciembre de 1999, en
junio de 2000 y, el último, en julio de 2001- saldados
con una crispación inusitada, lo escenifican. Al fin,
Ibarretxe anuncia en septiembre de 2002, y ratifica un año
después, un plan soberanista que pretende reafirmar
en una consulta popular, y que rompe con el actual Estado
de las autonomías. El Gobierno denuncia el plan Ibarretxe
ante el Tribunal Constitucional.
EL
RETO SOBERANISTA
"La deslealtad"
El secretario de Estado de Organización Territorial,
Gabriel Elorriaga, cree que el reto soberanista de Ibarretxe
"no es un fracaso del Estado de las autonomías,
sino una prueba de la deslealtad del PNV que gobierna una
Administración sin parangón en la historia del
País Vasco". Y que, en definitiva, el PNV trata
de obtener beneficio político del fin de ETA. Jáuregui
opina, sin embargo, que "en la medida que el PNV radicaliza
su discurso nacionalista, el PP articula un discurso neonacionalista
español que encuentra buena acogida en una parte sensible
de la opinión".
El
discurso del PP, que cocina la Fundación FAES, se materializa
en una actitud rígida ante la Constitución,
presentada como muro defensivo contra la radicalización
del nacionalismo periférico; la visión de las
comunidades autónomas más como instituciones
competidoras del Estado que como cooperadoras y un bloqueo
del desarrollo competencial cuando no de recuperación
de traspasos que ya disponían las autonomías
en materia social.
Con
esta orientación y con un enfrentamiento, sin parangón
en la democracia, entre los Gobiernos central y vasco, de
difícil reconducción, culmina la segunda legislatura
del PP. La convicción por parte del PP de que esta
política produce beneficios electorales le ha reafirmado
en hacer de este debate el eje de su campaña electoral.
Tras las elecciones. ¿Seguirá Rajoy por ese
camino?
Pero,
en enero, se produce un cambio en la dirección del
PNV, de Arzalluz por Josu Jon Imaz, que apunta una nueva etapa.
Imaz ha adelantado su rechazo a la política de unidad
nacionalista y de negociación con ETA, que ha caracterizado
la última etapa de Arzalluz. A su vez, ha anunciado
su pretensión de acercarse a los no nacionalistas.
Pero este escenario, aún difuso, se abrirá tras
las elecciones de marzo.
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