| El
Diario Vasco, 22 de abril de 2004
El
Gobierno dice que el plan Ibarretxe «no tiene oportunidad
alguna de prosperar»
El
ministro de Justicia López Aguilar asegura que la iniciativa
del lehendakari es «claramente inconstitucional».
«No permitiremos un referéndum unilateral»,
advierte
ALFONSO
TORICES/COLPISA. MADRID
El Gobierno, a través
del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar,
aseguró ayer que el plan Ibarretxe, en su actual formulación,
es «claramente inconstitucional» y que, además,
«no tiene oportunidad alguna de prosperar» porque
no cuenta con mayorías suficientes para ser aprobado
ni en el Parlamento Vasco ni, «desde luego», en
las Cortes generales.
Con estas palabras quiso dejar
claro que la resolución del Tribunal Constitucional,
que rechazó el martes las impugnaciones del Gobierno
del PP y que despejó el camino para que continúe
la tramitación en la Cámara de Vitoria, no cambia
nada en la postura del PSOE, que siempre mantuvo que el proyecto
del lehendakari es «políticamente innegociable».
López Aguilar comentó
que la Corte constitucional sólo rechazó una
impugnación contra aspectos formales de la tramitación
del proyecto de reforma del Estatuto de Gernika, pero que
«no prejuzgó» el fondo del asunto. «El
plan Ibarretxe es inconstitucional en el fondo y es políticamente
contraproducente, pues divide y fractura a la sociedad vasca»,
añadió.
El ministro, que dijo «acatar
con respeto» la resolución del tribunal, recordó
que su partido ya alertó al PP el otoño pasado
de que «las técnicas procesales de oposición»
al plan Ibarretxe «debían administrarse con cautela»,
porque «por precipitadas (las impugnaciones preventivas)
podían no prosperar, como ha sucedido en este caso».
López Aguilar considera
que «no será necesario recurrir el plan»
ante el Constitucional «porque los recursos de inconstitucionalidad
se imponen contra leyes en vigor y este proyecto no tiene
ninguna posibilidad de convertirse en ley tal y como ha sido
remitido a la Cámara de Vitoria, por ser un texto innegociable».
Cree que «no podrá prosperar porque no hay mayorías
ni en el Parlamento Vasco ni en el español que lo avalen».
Matizó que en las cámaras nacionales es evidente
que no y en Vitoria sólo podría obtener una
mayoría cualificada si cuenta con los votos de la ilegalizada
Batasuna.
De todas maneras, el ministro
dejó claro que su Gobierno no permitirá al lehendakari
convocar un referéndum para respaldar el plan. «La
convocatoria unilateral de referendos en el marco territorial
autonómico no está contemplada en nuestro ordenamiento
y existen instrumentos legales para anular los actos carentes
de respaldo legal de cualquier poder público».
Marco de discusión
El secretario de Organización
del PSOE, José Blanco, consideró ayer «razonable»
que «pueda haber un marco de discusión en el
que los socialistas podamos decir 'no' claramente al plan
Ibarretxe», y subrayó que su partido «acata»
la resolución del TC. Añadió que el PSOE
está pendiente de leer el contenido del pronunciamiento
del alto tribunal antes de emitir una opinión «más
exhaustiva».
Blanco recordó que,
en su debate de investidura, el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, planteó que la reforma
de los estatutos de autonomía será posible «siempre
y cuando éstas se hicieran de acuerdo a las reglas
del juego establecidas y que no superaran los límites
de la propia Constitución».
Desde Cataluña, ERC
y CiU celebraron ayer el rechazo de las impugnaciones del
PP y animaron al PSOE a que dialogue con el Gobierno Vasco
para pactar un plan de reforma del Estatuto de Gernika. El
presidente de CiU, Artur Mas, dijo que el fallo deja claro
que «no se puede impedir al pueblo vasco, a su gobierno
y a su lehendakari que debata y presente sus propuestas de
futuro». A lo que añadió que, «luego,
se puede estar de acuerdo o no con el plan Ibarretxe, pero
lo que no se puede hacer es impedir el debate y señalar
cuál ha de ser el futuro de Euskadi, que es lo que
quiere hacer el lehendakari».
Por su parte, el portavoz
de ERC, Joan Ridao, comentó que «el PSOE debería
intentar agotar la vía del diálogo con el Gobierno
Vasco e, independientemente de que guste o no el contenido,
se asuma que no deja de ser un proyecto de convivencia para
determinar el futuro estatuto político de un país
y una solución a la violencia».
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