Un trabajador de la Construcción coloca ladrillos. [LUSA]

FERNANDO ITURRIBARRIA/DV. PARÍS

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda a España flexibilizar su legislación laboral para crear «más y mejores puestos de trabajo» en el informe Perspectivas del empleo 2004 publicado ayer en París.

«En general se trata de formular una agenda de reformas que faciliten la adaptación al cambio estructural y a la vez promuevan objetivos de empleo y sociales», concluye el informe de la OCDE.

En los últimos diez años España ha creado más de la cuarta parte de todo el emplo generado en la UE de los 15, pero sólo el 60% de las personas en edad de trabajar tiene un empleo, comparado con el 70% en países como Australia, Holanda, Dinamarca, Suecia, Estados Unidos o Reino Unido. Además, la OCDE señala que la proporción de personas que tienen un empleo es «especialmente baja entre los jóvenes, las mujeres y los trabajadores mayores»

La tasa de paro, que era del 11,3% en 2003 en España frente a una media del 7,1% en la OCDE, bajará, según las proyecciones de esta organización a un 10,9% este año y a un 10,2% en 2005.

El documento preconiza «suavizar» los imperativos legales a fin de facilitar la contratación permanente, «lo cual mejoraría notablemente las perspectivas de empleo de grupos con dificultad para acceder al mercado laboral como los jóvenes y las mujeres».

«Pero tales reformas implicarían mayor inseguridad en el empleo y un riesgo de precariedad laboral», advierte. Por consiguiente, los autores plantean la necesidad de una reforma del INEM para ayudar de forma «efectiva» a los trabajadores en busca de empleo y brindar incentivos a las empresas que contratan a colectivos desfavorecidos. Esta estrategia requiere, a su juicio, una política de «obligaciones recíprocas»: los beneficiarios de los subsidios reciben un «verdadero» apoyo en la búsqueda de empleo por parte de personal «competente y motivado», pero se comprometen a salir del paro «de forma activa o mejorar sus calificaciones y empleabilidad».

La combinación entre flexibilidad y seguridad, desarrollada por Dinamarca, muestra que este tipo de políticas es factible y da resultados, según la OCDE, aunque implica un coste para el erario público: las medidas de apoyo al empleo representan prácticamente el 5% del PIB danés, indica.

Temporalidad alta

La OCDE también considera necesaria una mejora cualitativa del empleo en España, donde aproximadamente una tercera parte de los asalariados tiene un contrato temporal. En contraste, es el cuarto país entre los 30 miembros de la organización con mayor grado de protección legal respecto al despido, por detrás de Portugal, Turquía y México. «La alta tasa de temporalidad junto con la protección del empleo permanente ilustra la fuerte dualidad del mercado laboral español, sólo igualada por Corea», subraya.

El informe apunta como problema añadido que los salarios están establecidos sobre todo por convenios colectivos que amparan a un 80% de los trabajadores «y a menudo no reflejan las condiciones de cada empresa». Por eso postula fomentar el recurso a cláusulas de salvaguardia «que permiten a empresas en dificultad no aplicar los convenios fijados por el sector».