DIARIO VASCO, 30 de junio de 2004

El Gobierno no se opone a que las autonomías complementen las pensiones no contributivas

Todos los partidos, excepto el PP, apoyaron la proposición de CiU para derogar la ley del anterior Ejecutivo El PSOE rechaza el complemento de las pensiones contributivas

ELISA GARCÍA./COLPISA. MADRID

El Gobierno central es contrario a que las comunidades autónomas complementen las pensiones contributivas, es decir, las que reciben los trabajadores de acuerdo con su carrera profesional. Sin embargo, no se opone a que los ejecutivos autonómicos concedan pagos adicionales a los perceptores de las pensiones no contributivas, propias de enfermos y ancianos con probado estado de necesidad que no han cotizado nunca o no lo han hecho por el tiempo suficiente para ser considerados pensionistas contributivos.

La postura del Gobierno quedó clara tras la intervención en el pleno del Congreso de la diputada del PSOE Isabel López. Su comparecencia se produjo con motivo de la proposición de ley de CiU para derogar la norma que impide a las comunidades autónomas complementar las pensiones públicas.

Esta prohibición está recogida en la Ley de Disposiciones Específicas sobre la Seguridad Social aprobada en la anterior legislatura, que vio la luz al finales de 2003 con los votos del PP y de Coalición Canaria. Entonces, los representantes nacionalistas y del PSOE criticaron con dureza la medida por entender que las autonomías tenían asumidas competencias que les permitían mejorar la situación de sus pensionistas y, sobre todo, porque disfrutaban de libertad para gastar sus recursos como consideraran más oportuno.

Ayer, todos los grupos con excepción del PP apoyaron a CiU. La portavoz socialista explicó que los bancos socialistas comparten la conveniencia de que las comunidades puedan completar las pensiones no contributivas, dado que tienen las competencias de las políticas sociales, pero subrayó que «en ningún momento vamos a votar ni a admitir el complemento de las pensiones contributivas». «El sistema de la Seguridad Social es uno», remarcó.

Tomás Burgos, del PP, defendió la postura de sus diputados. Lamentó que desde CiU se desprecie los principios de «unidad, igualdad y solidaridad» en los que se debe basar el sistema público de protección social e instó al actual Gobierno a subir las pensiones mínimas, pero «para todos» y dentro de las pautas marcadas por el acuerdo parlamentario del Pacto de Toledo. A su juicio, es incomprensible «esa suerte de beneficencia autonómica» reclamada por CiU y que, dijo, podría poner en peligro la caja única de la Seguridad Social.

Carles Campuzano, de CiU, argumentó que hasta el Tribunal Constitucional ha reconocido la competencia de las comunidades para mejorar las pensiones, en alusión a dos sentencias conocidas durante el mandato del PP. En su opinión, las autonomías pueden utilizar fondos propios para paliar las necesidades de sus pensionistas. Campuzano y otros diputados nacionalistas reclamaron una reforma más profunda de la Seguridad Social que cubra los incumplimientos, que según sus criterios, existen en relación con determinados estatutos de autonomía.