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PASTORAL DE LOS OBISPOS VASCOS

 


Introducción

Nuestra sociedad anhela la paz y sufre por no tenerla. La Iglesia comparte tal anhelo y sufrimiento y los expresa en la oración continua por la paz y en el trabajo diario por prepararla. La crudeza y obscuridad del momento presente reclaman, además, de nosotros una palabra pública y explícita. Numerosos cristianos la están demandando. Muchos ciudadanos la están esperando. Conscientes de nuestra misión de pastores, queremos decirla, una vez más, con libertad evangélica y con voluntad conciliadora. En una secuencia de enunciados iremos formulando los rasgos más preocupantes de nuestra situación presente. En torno a cada uno de ellos desgranaremos de manera escueta la descripción necesaria, la valoración adecuada y algunas sugerencias operativas.

1.- Marcados por el desacuerdo y la incomunicación

Un año después de las elecciones del 13 de mayo los partidos políticos mantienen prácticamente intactos sus graves desacuerdos anteriores. No comparten ni el análisis de la situación ni la apreciación de la naturaleza de los problemas en juego ni el concepto de paz que desean ni las vías para ir accediendo a ella. Nos parece que el desacuerdo político es, en gran medida, origen y fruto de una grave incomunicación. Una sociedad bastante bien avenida en muchos aspectos de su diaria convivencia, se encuentra, sin embargo, surcada por la incomunicación política.

Asistimos en las últimas semanas a un repunte de iniciativas de concertación entre diversas formaciones políticas. Pero son todavía señales parciales e insuficientes. La comunicación en los puntos candentes está, al día de la fecha, bloqueada. Una gran parte de la ciudadanía no acaba de comprender que el vehículo de relación más socorrido consista en un intercambio de mutuas censuras a través de los MCS [medios de comunicación social].

La Iglesia aboga de manera neta y decidida por la comunicación entre los diversos grupos políticos a través de un diálogo paciente que busca el acuerdo. 'El diálogo se manifiesta siempre como instrumento insustituible, de toda confrontación constructiva, tanto en las relaciones internas de los Estados como en las internacionales' (J.P.II). Dialogar no equivale a claudicar. Precisamente por ser una relación entre personas (no una pura confrontación de ideas o programas) lleva dentro de sí una dinámica que, en medio de tensiones inevitables, puede aproximar efectivamente las posiciones de los interlocutores.

El diálogo es la avenida que conduce a la plaza mayor de la paz. Cerrarse al diálogo equivale a renunciar a la paz verdadera, que no consiste en la victoria, sino en el acuerdo.

2.- La paz es incompatible con el terrorismo

Muchos son los enemigos de la paz, que, con mucho realismo es calificada como 'amplia justicia y reducida violencia'. La durísima violencia de ETA no ofrece visos razonables de cancelarse próximamente. En comunicados recientes anuncian su propósito de mantenerla. De hecho su práctica subsiste en varias de sus formas: asesinatos, extorsiones, amenazas...

Son muchos los motivos por los que reiteramos una vez más que ETA debe desaparecer, con toda su constelación de violencia. Viola gravemente el derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad personal. Al eliminar físicamente al adversario político socava los cimientos mismos del sistema democrático. Contraviene frontalmente la exigencia firme de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Destroza a numerosas familias. Provoca en sus víctimas potenciales el miedo insufrible y el sobresalto continuo. Siembra en nuestra comunidad la desmoralización y la desesperanza. Conduce a sus propios activistas a un callejón sin salida. Mancha la imagen pública de nuestra sociedad. Constituye, en fin, un fortísimo obstáculo para que los desacuerdos políticos existentes en nuestra sociedad se planteen correctamente y se aborden serenamente.

La valoración moral del terrorismo de ETA, ha de ser, pues, gravemente negativa. Dicha valoración afecta en la debida proporción a todas aquellas personas o grupos que colaboran con las acciones terroristas, las encubren o las defienden. Todas las personas y grupos sociales y políticos sin excepción tenemos la obligación moral de definirnos netamente frente a ETA.

3.- Un desafío a la vida, a la libertad y al sistema democrático

Dentro del variado espectro de las víctimas potenciales de ETA, son últimamente los concejales del PP y del PSOE quienes se encuentran en el punto de mira de sus atentados. Tal fenómeno resulta particularmente grave porque es un ataque directo a la democracia. Esta, por su misma naturaleza, postula que todas las opciones políticas tengan sus propios representantes, libremente elegidos, que participen en la gestión de la comunidad política. Atentar contra un concejal por asumir y promover la opción política de sus votantes es pues asestar un rudo golpe a la misma democracia. Conseguir por esta vía que algunos partidos no lograran completar una lista electoral mínima poniendo de este modo en riesgo la celebración misma de los comicios municipales equivaldría a herirla gravemente. Esperamos que el apoyo de casi toda la sociedad, las medidas de seguridad acordadas por los partidos y adoptadas por las autoridades y el coraje cívico personal de los candidatos disipe en su momento este sombrío temor.

Los ediles en riesgo grave son una porción de la abultada población amenazada. Son algunos miles los ciudadanos que viven entre nosotros la zozobra continua por la suerte de su vida, su integridad, su libertad. Todos tenemos que preguntarnos si somos suficientemente sensibles al drama que ellos y sus familias padecen. Desde esta sensibilidad brotará en nosotros la necesidad de defenderlos, acompañarlos y protegerlos. Es un acto de justicia y solidaridad. Para los cristianos el cumplimiento de este oficio es un verdadero 'banco de prueba' de la calidad de nuestra fe.

4.- No todo vale contra el terrorismo

La conciencia de la injusticia, de la inutilidad y del peligro del terrorismo y el consiguiente rechazo social a él se han vuelto más intensos en el mundo a partir del 11 de septiembre. Al mismo tiempo han traído consigo la tentación de descompensar el binomio 'seguridad-derechos humanos' mediante un acento mayor en el primer miembro de dicho binomio. El riesgo de sucumbir a esta tentación no es imaginario.

Siempre que la necesaria firmeza frente al terrorismo se convierta en indebida dureza, estaremos deslizándonos por esa pendiente. La sociedad tiene el derecho y el deber de defenderse frente al azote terrorista. Ha de utilizar en esta defensa todos los medios que sean a la vez moralmente lícitos y políticamente correctos. En ningún caso debe traspasar el umbral de los derechos inviolables de las personas.

Ni siquiera los mayores malhechores pueden ser objeto, por ejemplo, de malos tratos y, menos todavía, de la aplicación de la tortura. El Concilio Vat. II es tajante en este punto (cfr.GS 27). Legisladores, gobernantes, jueces y Fuerzas de Seguridad han de mantener en este punto un cuidado siempre diligente. Resulta preocupante escuchar voces autorizadas de personas y organismos (Amnistía Internacional, Gesto por la Paz) que aseguran que no siempre se respetan debidamente estos límites que nunca deberían ser franqueados.

5.- Gestionar el conflicto entre identidades nacionales contrapuestas con miras a la paz

La pacificación de este país entraña, desde luego, la desaparición de ETA y el limpio esfuerzo concertado para combatirla. Pero los problemas que es preciso resolver para alcanzar la paz no terminan ahí. Para comprender y sortear las dificultades para la paz en nuestra tierra es preciso enfocar correctamente otra realidad que viene de lejos. Todos los sondeos revelan con obstinada estabilidad la coexistencia de identidades nacionales total o parcialmente contrapuestas y a veces conflictivas. Unos se sienten 'sólo vascos'; otros 'sólamente españoles'; otros 'más vascos que españoles'; otros 'más españoles que vascos'; otros, en fin, 'igualmente vascos y españoles'.

Todos son ciudadanos de pleno derecho en esta comunidad y deben ser respetados como tales. Esta pluralidad conflictiva de identidades está reclamando el hallazgo de una fórmula de convivencia en la que cada uno de los grupos modere sus legítimas aspiraciones políticas en aras de una paz social que es un valor notablemente más precioso y necesario que el imposible cumplimiento de todas las aspiraciones de todos los grupos. 'En la casa común hemos de caber, apretándonos, todos aquellos que por la palabra o por los hechos no se autoexcluyan de un proyecto compartido' (Votos para la paz, pag. 5-6).

No vemos otro camino que respete las identidades y prepare la paz. El afecto por la casa común no puede ser impuesto. Surge de la comunicación confiada. Se alimenta del proyecto compartido y asumido voluntariamente. Se malogra cuando quiere imponerse por la fuerza ciega o por el puro imperio de la ley. En nuestro Encuentro de Oración por la Paz, celebrado en Armentia el 13 de enero de 2001, los obispos quisimos plasmar esta vieja convicción en el lema 'Entre todos paz para todos'. Todos hemos de ser artífices y beneficiarios de la paz que necesitamos y anhelamos. 'Lejos de empecinarse en cualquier proyecto excluyente, este país necesita.... un proyecto integrador. La paz verdadera y plena ha de tener la ambición de acabar ganando para su causa incluso a los más recalcitrantes' (Votos para la paz, pag. 6).

Conocemos las graves dificultades de un proyecto así. Pero el mismo análisis del volumen y de la composición de cada una de las opciones nos revela que existe un núcleo muy mayoritario de ciudadanos cuya sensibilidad no es excluyente, sino inclusiva. En todos los partidos nos encontramos con numerosos votantes y afiliados, que, sin dejar de ser fieles a sus opciones, desean ardientemente soluciones de concertación. Es preciso gestionar con delicada sabiduría esta pluralidad de identidades contrapuestas para no convertirla en 'guerra de identidades'.

Los gobiernos de Madrid y Vitoria, los partidos políticos y los MCS [medios de comunicación social] pueden con sus palabras o sus acciones atizar o desactivar el conflicto. Algunas decisiones de gobierno, determinadas declaraciones de políticos, ciertas intervenciones en MCS favorecen más la radicalización que la concertación.

6.- Valor y relatividad de las diferentes fórmulas políticas

Las fórmulas políticas que el pueblo ha aprobado o asumido mayoritariamente tienen sin duda gran valor y deben constituir el eje vertebrador de nuestra convivencia. No pueden ser suplantadas sin graves razones de bien común. Sin embargo, si el valor superior de la paz postula que todos revisemos el propio modelo para aceptar otro construido entre todos y para todos, (nº 5) es evidente que ninguno de esos modelos tiene valor absoluto e intangible. Mientras respeten los derechos humanos y se implanten y mantengan dentro de cauces pacíficos y democráticos, la Iglesia no puede ni sancionarlos como exigencia ética ni excluirlos en nombre de ésta. En consecuencia, ni la aspiración soberanista, ni la adhesión a un mayor o menor autogobierno, ni la preferencia por una integración más o menos estrecha en el Estado español son, en principio, para la Iglesia 'dogmas políticos' que requieran un asentimiento incondicionado.

En este punto el pensamiento social cristiano afirma como un derecho cívico la libertad de sostener y promover por vías pacíficas cualquiera de estas opciones.

7.- Distinguir nacionalismo y terrorismo

Ateniéndonos estrictamente a nuestra misión de obispos mantenemos una posición análoga respecto al debate sobre el nacionalismo. Ser nacionalista o no serlo no es ni moralmente obligatorio ni moralmente censurable. Es un asunto de convicciones, de historia familiar, de tradición cultural y de sensibilidad personal. Cada una de las diversas sensibilidades existentes en nuestro país debe respetar la identidad de las demás, apreciar los valores que en ellas se encarnan, procurar un intercambio que constituya un enriquecimiento mutuo y cultivar una viva conciencia de pertenecer a un único pueblo plural.

Nadie ha de sentirse en nuestra tierra más ciudadano que los demás por el hecho de poseer determinados rasgos culturales específicos ni ha de recelar de aquellos conciudadanos de otra tradición cultural diferente, considerándolos como extraños, y menos como enemigos. Nadie ha de subestimar las señas peculiares de este país, como son, entre otras, la lengua y la cultura, ni alimentar en su espíritu la sospecha de que la connivencia con el terrorismo anida al menos de manera latente en el corazón de un nacionalista. Son numerosos los nacionalistas que, aborreciendo de manera pública el terrorismo con las palabras y los hechos, se sienten justamente heridos cuando, de la boca de políticos o comentaristas, se confunde frecuentemente nacionalismo con terrorismo.

8.- Un asunto candente y resbaladizo

El Gobierno español, apoyado por otras formaciones políticas se ha propuesto firmemente la reforma de la Ley de Partidos. A través de cualificados representantes ha expresado su deseo de disponer pronto de un instrumento legal que pueda permitir la ilegalización de Batasuna por vía judicial. Las razones que públicamente aduce para justificar tal ilegalización son fundamentalmente dos: no es justo que un partido vinculado a ETA goce de la cobertura de la ley; la ilegalización debilitará el apoyo que Batasuna ofrece a ETA. No nos incumbe valorar los aspectos técnicos de un proyecto legal que despierta adhesiones y críticas entre los expertos. Resultaría precipitada en estos momentos una valoración moral ponderada de dicho texto, aún no del todo fijado. Tampoco podemos prever todos los efectos de signo contrapuesto que podrían derivarse de su aprobación y eventual aplicación. Pero nos preocupan como pastores algunas consecuencias sombrías que prevemos como sólidamente probables y que, sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA, deberían ser evitadas. Tales consecuencias afectan a nuestra convivencia y a la causa de la paz.

Nuestras preocupaciones no son sólo nuestras. Son compartidas por un porcentaje mayoritario de ciudadanos de diversas tendencias políticas, encomendados a nuestro servicio pastoral. La convivencia, ya gravemente alterada ¿no sufriría acaso un deterioro mayor en nuestros pueblos y ciudades? Probablemente la división y la confrontación cívica se agudizarían. No vemos cómo un clima social así pueda afectar favorablemente a la seguridad de los más débiles: los amenazados. Más bien nos tememos que tal seguridad se vuelva, lamentablemente, más precaria. No somos, ni mucho menos, los únicos que albergamos esta reserva cautelosa.

9.- Optar por la paz

La paz es el objetivo prioritario de esta sociedad. A él deben subordinársele otros objetivos legítimos e incluso saludables para nuestro país. Es, pues, necesario optar por la paz. Optar por la paz significa no manipularla, poniéndola al servicio de otros intereses. Nadie debe jugar con la paz ofreciéndola a cambio de un determinado modelo de país. Nadie debe retrasar la paz en aras de unos objetivos electorales más inmediatos. A todo partido político se le pide hoy la grandeza de ánimo necesaria para estar dispuesto incluso a 'menguar' a fin de que pueda 'crecer' la paz. Optar por la paz comporta para cada una de las opciones políticas una disposición a recortar 'mi proyecto' de país para que pueda surgir en el intercambio 'nuestro' proyecto compartido. Cada partido tiene derecho a mantener y defender sus propuestas, pero ha de someterlas en cada momento al bien superior de la paz. Absolutizar el proyecto propio no es una manera de acercarnos a la paz; es un modo de alejarnos de ella.

Optar por la paz significa apoyar efectivamente a los movimientos sociales que, anteponiéndola a las diferentes sensibilidades políticas existentes en su seno, procuran abrir caminos que un día mas o menos próximo puedan disipar la larga y penosa pesadilla que estamos padeciendo en este pueblo.

Optar por la paz lleva consigo ofrecer signos de distensión y de aproximación. Una política penitenciaria que permitiera a los presos cumplir su condena más cerca de sus lugares de origen entrañaría por ejemplo un gesto de humanidad, sobre todo para sus padres y familiares.

Optar por la paz entraña educar para la paz especialmente a las jóvenes generaciones, suscitando en ellas el pensamiento crítico, la conciencia ética, la sensibilidad por toda vida humana, el respeto al diferente, el sentimiento de pertenencia a un mismo pueblo plural, el compromiso a favor de la reconciliación social.

Optar por la paz lleva consigo para los creyentes orar incesantemente por ella manifestando al Señor nuestras dificultades para conseguirla y ofreciéndole nuestras manos para construirla.

Conscientes de que nuestra misión pastoral entraña un serio compromiso pacificador, los obispos de estas diócesis renovamos públicamente nuestro firme propósito de alentar, desde nuestro puesto, estas líneas de trabajo. Pedimos especialmente a los cristianos las secunden con generosidad y las apliquen con tenacidad.

10.- Reavivar la esperanza. La esperanza de un pueblo es capital

No hay futuro mejor sin una esperanza firme y constante ante las dificultades. Cuando está viva es capaz de extraer de las mismas dificultades una energía mayor. Cuando está muy mermada produce abatimiento y pasividad. La esperanza de este pueblo está debilitada por la crudeza, la duración y la complejidad de los problemas que le afligen. La Iglesia puede y debe contribuir a sostener esta esperanza histórica porque ha recibido del Espíritu Santo un sedimento inagotable de esperanza escatológica que es capaz de encender las auténticas esperanzas históricas.

Nuestra Señora de la Esperanza que es también Nuestra Señora de la Paz sostenga nuestra esperanza y nos consiga la dicha de la paz.