| Introducción
Nuestra
sociedad anhela la paz y sufre por no tenerla. La Iglesia comparte
tal anhelo y sufrimiento y los expresa en la oración continua
por la paz y en el trabajo diario por prepararla. La crudeza y obscuridad
del momento presente reclaman, además, de nosotros una palabra
pública y explícita. Numerosos cristianos la están
demandando. Muchos ciudadanos la están esperando. Conscientes
de nuestra misión de pastores, queremos decirla, una vez
más, con libertad evangélica y con voluntad conciliadora.
En una secuencia de enunciados iremos formulando los rasgos más
preocupantes de nuestra situación presente. En torno a cada
uno de ellos desgranaremos de manera escueta la descripción
necesaria, la valoración adecuada y algunas sugerencias operativas.
1.-
Marcados por el desacuerdo y la incomunicación
Un
año después de las elecciones del 13 de mayo los partidos
políticos mantienen prácticamente intactos sus graves
desacuerdos anteriores. No comparten ni el análisis de la
situación ni la apreciación de la naturaleza de los
problemas en juego ni el concepto de paz que desean ni las vías
para ir accediendo a ella. Nos parece que el desacuerdo político
es, en gran medida, origen y fruto de una grave incomunicación.
Una sociedad bastante bien avenida en muchos aspectos de su diaria
convivencia, se encuentra, sin embargo, surcada por la incomunicación
política.
Asistimos
en las últimas semanas a un repunte de iniciativas de concertación
entre diversas formaciones políticas. Pero son todavía
señales parciales e insuficientes. La comunicación
en los puntos candentes está, al día de la fecha,
bloqueada. Una gran parte de la ciudadanía no acaba de comprender
que el vehículo de relación más socorrido consista
en un intercambio de mutuas censuras a través de los MCS
[medios de comunicación social].
La
Iglesia aboga de manera neta y decidida por la comunicación
entre los diversos grupos políticos a través de un
diálogo paciente que busca el acuerdo. 'El diálogo
se manifiesta siempre como instrumento insustituible, de toda confrontación
constructiva, tanto en las relaciones internas de los Estados como
en las internacionales' (J.P.II). Dialogar no equivale a claudicar.
Precisamente por ser una relación entre personas (no una
pura confrontación de ideas o programas) lleva dentro de
sí una dinámica que, en medio de tensiones inevitables,
puede aproximar efectivamente las posiciones de los interlocutores.
El
diálogo es la avenida que conduce a la plaza mayor de la
paz. Cerrarse al diálogo equivale a renunciar a la paz verdadera,
que no consiste en la victoria, sino en el acuerdo.
2.-
La paz es incompatible con el terrorismo
Muchos
son los enemigos de la paz, que, con mucho realismo es calificada
como 'amplia justicia y reducida violencia'. La durísima
violencia de ETA no ofrece visos razonables de cancelarse próximamente.
En comunicados recientes anuncian su propósito de mantenerla.
De hecho su práctica subsiste en varias de sus formas: asesinatos,
extorsiones, amenazas...
Son
muchos los motivos por los que reiteramos una vez más que
ETA debe desaparecer, con toda su constelación de violencia.
Viola gravemente el derecho a la vida, a la integridad física
y a la seguridad personal. Al eliminar físicamente al adversario
político socava los cimientos mismos del sistema democrático.
Contraviene frontalmente la exigencia firme de la inmensa mayoría
de los ciudadanos. Destroza a numerosas familias. Provoca en sus
víctimas potenciales el miedo insufrible y el sobresalto
continuo. Siembra en nuestra comunidad la desmoralización
y la desesperanza. Conduce a sus propios activistas a un callejón
sin salida. Mancha la imagen pública de nuestra sociedad.
Constituye, en fin, un fortísimo obstáculo para que
los desacuerdos políticos existentes en nuestra sociedad
se planteen correctamente y se aborden serenamente.
La
valoración moral del terrorismo de ETA, ha de ser, pues,
gravemente negativa. Dicha valoración afecta en la debida
proporción a todas aquellas personas o grupos que colaboran
con las acciones terroristas, las encubren o las defienden. Todas
las personas y grupos sociales y políticos sin excepción
tenemos la obligación moral de definirnos netamente frente
a ETA.
3.-
Un desafío a la vida, a la libertad y al sistema democrático
Dentro
del variado espectro de las víctimas potenciales de ETA,
son últimamente los concejales del PP y del PSOE quienes
se encuentran en el punto de mira de sus atentados. Tal fenómeno
resulta particularmente grave porque es un ataque directo a la democracia.
Esta, por su misma naturaleza, postula que todas las opciones políticas
tengan sus propios representantes, libremente elegidos, que participen
en la gestión de la comunidad política. Atentar contra
un concejal por asumir y promover la opción política
de sus votantes es pues asestar un rudo golpe a la misma democracia.
Conseguir por esta vía que algunos partidos no lograran completar
una lista electoral mínima poniendo de este modo en riesgo
la celebración misma de los comicios municipales equivaldría
a herirla gravemente. Esperamos que el apoyo de casi toda la sociedad,
las medidas de seguridad acordadas por los partidos y adoptadas
por las autoridades y el coraje cívico personal de los candidatos
disipe en su momento este sombrío temor.
Los
ediles en riesgo grave son una porción de la abultada población
amenazada. Son algunos miles los ciudadanos que viven entre nosotros
la zozobra continua por la suerte de su vida, su integridad, su
libertad. Todos tenemos que preguntarnos si somos suficientemente
sensibles al drama que ellos y sus familias padecen. Desde esta
sensibilidad brotará en nosotros la necesidad de defenderlos,
acompañarlos y protegerlos. Es un acto de justicia y solidaridad.
Para los cristianos el cumplimiento de este oficio es un verdadero
'banco de prueba' de la calidad de nuestra fe.
4.-
No todo vale contra el terrorismo
La
conciencia de la injusticia, de la inutilidad y del peligro del
terrorismo y el consiguiente rechazo social a él se han vuelto
más intensos en el mundo a partir del 11 de septiembre. Al
mismo tiempo han traído consigo la tentación de descompensar
el binomio 'seguridad-derechos humanos' mediante un acento mayor
en el primer miembro de dicho binomio. El riesgo de sucumbir a esta
tentación no es imaginario.
Siempre
que la necesaria firmeza frente al terrorismo se convierta en indebida
dureza, estaremos deslizándonos por esa pendiente. La sociedad
tiene el derecho y el deber de defenderse frente al azote terrorista.
Ha de utilizar en esta defensa todos los medios que sean a la vez
moralmente lícitos y políticamente correctos. En ningún
caso debe traspasar el umbral de los derechos inviolables de las
personas.
Ni
siquiera los mayores malhechores pueden ser objeto, por ejemplo,
de malos tratos y, menos todavía, de la aplicación
de la tortura. El Concilio Vat. II es tajante en este punto (cfr.GS
27). Legisladores, gobernantes, jueces y Fuerzas de Seguridad han
de mantener en este punto un cuidado siempre diligente. Resulta
preocupante escuchar voces autorizadas de personas y organismos
(Amnistía Internacional, Gesto por la Paz) que aseguran que
no siempre se respetan debidamente estos límites que nunca
deberían ser franqueados.
5.-
Gestionar el conflicto entre identidades nacionales contrapuestas
con miras a la paz
La
pacificación de este país entraña, desde luego,
la desaparición de ETA y el limpio esfuerzo concertado para
combatirla. Pero los problemas que es preciso resolver para alcanzar
la paz no terminan ahí. Para comprender y sortear las dificultades
para la paz en nuestra tierra es preciso enfocar correctamente otra
realidad que viene de lejos. Todos los sondeos revelan con obstinada
estabilidad la coexistencia de identidades nacionales total o parcialmente
contrapuestas y a veces conflictivas. Unos se sienten 'sólo
vascos'; otros 'sólamente españoles'; otros 'más
vascos que españoles'; otros 'más españoles
que vascos'; otros, en fin, 'igualmente vascos y españoles'.
Todos
son ciudadanos de pleno derecho en esta comunidad y deben ser respetados
como tales. Esta pluralidad conflictiva de identidades está
reclamando el hallazgo de una fórmula de convivencia en la
que cada uno de los grupos modere sus legítimas aspiraciones
políticas en aras de una paz social que es un valor notablemente
más precioso y necesario que el imposible cumplimiento de
todas las aspiraciones de todos los grupos. 'En la casa común
hemos de caber, apretándonos, todos aquellos que por la palabra
o por los hechos no se autoexcluyan de un proyecto compartido' (Votos
para la paz, pag. 5-6).
No
vemos otro camino que respete las identidades y prepare la paz.
El afecto por la casa común no puede ser impuesto. Surge
de la comunicación confiada. Se alimenta del proyecto compartido
y asumido voluntariamente. Se malogra cuando quiere imponerse por
la fuerza ciega o por el puro imperio de la ley. En nuestro Encuentro
de Oración por la Paz, celebrado en Armentia el 13 de enero
de 2001, los obispos quisimos plasmar esta vieja convicción
en el lema 'Entre todos paz para todos'. Todos hemos de ser artífices
y beneficiarios de la paz que necesitamos y anhelamos. 'Lejos de
empecinarse en cualquier proyecto excluyente, este país necesita....
un proyecto integrador. La paz verdadera y plena ha de tener la
ambición de acabar ganando para su causa incluso a los más
recalcitrantes' (Votos para la paz, pag. 6).
Conocemos
las graves dificultades de un proyecto así. Pero el mismo
análisis del volumen y de la composición de cada una
de las opciones nos revela que existe un núcleo muy mayoritario
de ciudadanos cuya sensibilidad no es excluyente, sino inclusiva.
En todos los partidos nos encontramos con numerosos votantes y afiliados,
que, sin dejar de ser fieles a sus opciones, desean ardientemente
soluciones de concertación. Es preciso gestionar con delicada
sabiduría esta pluralidad de identidades contrapuestas para
no convertirla en 'guerra de identidades'.
Los
gobiernos de Madrid y Vitoria, los partidos políticos y los
MCS [medios de comunicación social] pueden con sus palabras
o sus acciones atizar o desactivar el conflicto. Algunas decisiones
de gobierno, determinadas declaraciones de políticos, ciertas
intervenciones en MCS favorecen más la radicalización
que la concertación.
6.-
Valor y relatividad de las diferentes fórmulas políticas
Las
fórmulas políticas que el pueblo ha aprobado o asumido
mayoritariamente tienen sin duda gran valor y deben constituir el
eje vertebrador de nuestra convivencia. No pueden ser suplantadas
sin graves razones de bien común. Sin embargo, si el valor
superior de la paz postula que todos revisemos el propio modelo
para aceptar otro construido entre todos y para todos, (nº
5) es evidente que ninguno de esos modelos tiene valor absoluto
e intangible. Mientras respeten los derechos humanos y se implanten
y mantengan dentro de cauces pacíficos y democráticos,
la Iglesia no puede ni sancionarlos como exigencia ética
ni excluirlos en nombre de ésta. En consecuencia, ni la aspiración
soberanista, ni la adhesión a un mayor o menor autogobierno,
ni la preferencia por una integración más o menos
estrecha en el Estado español son, en principio, para la
Iglesia 'dogmas políticos' que requieran un asentimiento
incondicionado.
En
este punto el pensamiento social cristiano afirma como un derecho
cívico la libertad de sostener y promover por vías
pacíficas cualquiera de estas opciones.
7.-
Distinguir nacionalismo y terrorismo
Ateniéndonos
estrictamente a nuestra misión de obispos mantenemos una
posición análoga respecto al debate sobre el nacionalismo.
Ser nacionalista o no serlo no es ni moralmente obligatorio ni moralmente
censurable. Es un asunto de convicciones, de historia familiar,
de tradición cultural y de sensibilidad personal. Cada una
de las diversas sensibilidades existentes en nuestro país
debe respetar la identidad de las demás, apreciar los valores
que en ellas se encarnan, procurar un intercambio que constituya
un enriquecimiento mutuo y cultivar una viva conciencia de pertenecer
a un único pueblo plural.
Nadie
ha de sentirse en nuestra tierra más ciudadano que los demás
por el hecho de poseer determinados rasgos culturales específicos
ni ha de recelar de aquellos conciudadanos de otra tradición
cultural diferente, considerándolos como extraños,
y menos como enemigos. Nadie ha de subestimar las señas peculiares
de este país, como son, entre otras, la lengua y la cultura,
ni alimentar en su espíritu la sospecha de que la connivencia
con el terrorismo anida al menos de manera latente en el corazón
de un nacionalista. Son numerosos los nacionalistas que, aborreciendo
de manera pública el terrorismo con las palabras y los hechos,
se sienten justamente heridos cuando, de la boca de políticos
o comentaristas, se confunde frecuentemente nacionalismo con terrorismo.
8.-
Un asunto candente y resbaladizo
El
Gobierno español, apoyado por otras formaciones políticas
se ha propuesto firmemente la reforma de la Ley de Partidos. A través
de cualificados representantes ha expresado su deseo de disponer
pronto de un instrumento legal que pueda permitir la ilegalización
de Batasuna por vía judicial. Las razones que públicamente
aduce para justificar tal ilegalización son fundamentalmente
dos: no es justo que un partido vinculado a ETA goce de la cobertura
de la ley; la ilegalización debilitará el apoyo que
Batasuna ofrece a ETA. No nos incumbe valorar los aspectos técnicos
de un proyecto legal que despierta adhesiones y críticas
entre los expertos. Resultaría precipitada en estos momentos
una valoración moral ponderada de dicho texto, aún
no del todo fijado. Tampoco podemos prever todos los efectos de
signo contrapuesto que podrían derivarse de su aprobación
y eventual aplicación. Pero nos preocupan como pastores algunas
consecuencias sombrías que prevemos como sólidamente
probables y que, sean cuales fueren las relaciones existentes entre
Batasuna y ETA, deberían ser evitadas. Tales consecuencias
afectan a nuestra convivencia y a la causa de la paz.
Nuestras
preocupaciones no son sólo nuestras. Son compartidas por
un porcentaje mayoritario de ciudadanos de diversas tendencias políticas,
encomendados a nuestro servicio pastoral. La convivencia, ya gravemente
alterada ¿no sufriría acaso un deterioro mayor en
nuestros pueblos y ciudades? Probablemente la división y
la confrontación cívica se agudizarían. No
vemos cómo un clima social así pueda afectar favorablemente
a la seguridad de los más débiles: los amenazados.
Más bien nos tememos que tal seguridad se vuelva, lamentablemente,
más precaria. No somos, ni mucho menos, los únicos
que albergamos esta reserva cautelosa.
9.-
Optar por la paz
La
paz es el objetivo prioritario de esta sociedad. A él deben
subordinársele otros objetivos legítimos e incluso
saludables para nuestro país. Es, pues, necesario optar por
la paz. Optar por la paz significa no manipularla, poniéndola
al servicio de otros intereses. Nadie debe jugar con la paz ofreciéndola
a cambio de un determinado modelo de país. Nadie debe retrasar
la paz en aras de unos objetivos electorales más inmediatos.
A todo partido político se le pide hoy la grandeza de ánimo
necesaria para estar dispuesto incluso a 'menguar' a fin de que
pueda 'crecer' la paz. Optar por la paz comporta para cada una de
las opciones políticas una disposición a recortar
'mi proyecto' de país para que pueda surgir en el intercambio
'nuestro' proyecto compartido. Cada partido tiene derecho a mantener
y defender sus propuestas, pero ha de someterlas en cada momento
al bien superior de la paz. Absolutizar el proyecto propio no es
una manera de acercarnos a la paz; es un modo de alejarnos de ella.
Optar
por la paz significa apoyar efectivamente a los movimientos sociales
que, anteponiéndola a las diferentes sensibilidades políticas
existentes en su seno, procuran abrir caminos que un día
mas o menos próximo puedan disipar la larga y penosa pesadilla
que estamos padeciendo en este pueblo.
Optar
por la paz lleva consigo ofrecer signos de distensión y de
aproximación. Una política penitenciaria que permitiera
a los presos cumplir su condena más cerca de sus lugares
de origen entrañaría por ejemplo un gesto de humanidad,
sobre todo para sus padres y familiares.
Optar
por la paz entraña educar para la paz especialmente a las
jóvenes generaciones, suscitando en ellas el pensamiento
crítico, la conciencia ética, la sensibilidad por
toda vida humana, el respeto al diferente, el sentimiento de pertenencia
a un mismo pueblo plural, el compromiso a favor de la reconciliación
social.
Optar
por la paz lleva consigo para los creyentes orar incesantemente
por ella manifestando al Señor nuestras dificultades para
conseguirla y ofreciéndole nuestras manos para construirla.
Conscientes
de que nuestra misión pastoral entraña un serio compromiso
pacificador, los obispos de estas diócesis renovamos públicamente
nuestro firme propósito de alentar, desde nuestro puesto,
estas líneas de trabajo. Pedimos especialmente a los cristianos
las secunden con generosidad y las apliquen con tenacidad.
10.-
Reavivar la esperanza. La esperanza de un pueblo es capital
No
hay futuro mejor sin una esperanza firme y constante ante las dificultades.
Cuando está viva es capaz de extraer de las mismas dificultades
una energía mayor. Cuando está muy mermada produce
abatimiento y pasividad. La esperanza de este pueblo está
debilitada por la crudeza, la duración y la complejidad de
los problemas que le afligen. La Iglesia puede y debe contribuir
a sostener esta esperanza histórica porque ha recibido del
Espíritu Santo un sedimento inagotable de esperanza escatológica
que es capaz de encender las auténticas esperanzas históricas.
Nuestra
Señora de la Esperanza que es también Nuestra Señora
de la Paz sostenga nuestra esperanza y nos consiga la dicha de la
paz.
|