El Correo, 12 de Marzo de 2004

Temblor en la Audiencia Nacional

El Poder Judicial diseñó un dispositivo extraordinario formado por cuatro equipos para afrontar la barbarie terrorista
LUIS FIERRO/COLPISA

Si hay jueces en España curtidos en lo que a acudir a atentados terroristas se refiere, esos son los de la Audiencia Nacional. Pero magistrados como Baltasar Garzón o Ismael Moreno no tuvieron reparos en confesar que les «temblaron las piernas» al llegar al lugar de las explosiones y darse cuenta de la magnitud de lo sucedido. El sistema judicial tuvo que habilitar ayer un dispositivo especial para hacer frente a una tarea ante la que nunca antes se había enfrentado.

La guardia de esta semana en la Audiencia Nacional era responsabilidad del magistrado Juan del Olmo y la fiscal Olga Sánchez. Con las primeras noticias, y antes de que se comenzasen a difundir las primeras cifras de afectados, varios compañeros se pusieron a su disposición para hacer frente a la catástrofe. Pero en cuanto comenzaron a llegar las primeras noticias sobre decenas y decenas de fallecidos, todos fueron conscientes de que eran necesarias medidas extraordinarias.

El presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, se puso al frente. De inmediato, se reunió con el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Carlos Lesmes, y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Luis Requero y Enrique López. De inmediato se sumaron al encuentro el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, y el teniente fiscal de este tribunal, Jesús Santos.

De esa reunión salió la creación de cuatro equipos judiciales distintos -uno para cada tren atacado- compuestos a su vez por un juez, un fiscal, un secretario judicial, un forense y auxiliares judiciales. Al frente, cuatro magistrados de la Audiencia Nacional: Garzón y Guillermo Ruiz Polanco en Atocha, Del Olmo en el apeadero de Santa Eugenia y el decano de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el Pozo del Tío Raimundo. En la sede del tribunal quedaron los jueces Teresa Palacios y Fernando Andreu, que asumió el control del trabajo diario del tribunal para evitar su paralización.

Estos cuatro equipos contaron con el apoyo de sendos grupos de similares características organizados por los juzgados ordinarios, que tienen su sede en la madrileña Plaza de Castilla. Este tribunal organizó además un quinto equipo de refuerzo, dispuesto para apoyar a cualquiera de los anteriores que lo necesitasen, así como acudir a otros puntos de la ciudad donde se requiriese su presencia. Por ejemplo, los hospitales donde fallecían heridos trasladados desde los lugares de los atentados.

Tras la citada reunión, el CGPJ convocó de urgencia al pleno de la institución, que aprobó sin discusión un comunicado en el que «hace saber a los ciudadanos españoles que el Poder Judicial no cederá jamás al ataque terrorista y responderá a sus acciones con toda la fuerza y rigor que la legalidad constitucional permite».

«Desprecio y rechazo»

«La justicia no tolerará que la violencia terrorista impida el desarrollo de nuestra sociedad democrática que siempre será defendida por todos los miembros del poder judicial», añadía la nota, que recoge el «desprecio, rechazo y condena hacia estos salvajes asesinatos, incompatibles como nunca, por su magnitud, con los más elementales derechos humanos, cuyo respeto es el primer requisito de la convivencia social». Asimismo, trasladan a las víctimas su más «profundo pesar y cercana solidaridad» y desean «el pronto restablecimiento de todos los heridos».

Por su parte, todas las asociaciones profesionales de jueces, fiscales y demás corporaciones vinculadas al mundo judicial condenaron con dureza la masacre de Madrid, mostraron su solidaridad con las víctimas y reafirmaron su compromiso con el Estado de derecho y el régimen constitucional.