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PRIMER CONTACTO. Los miembros de la comisión de investigación
del Congreso sobre el 11-M, reunidos ayer por primera vez. / EFE
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EL CORREO,
17 de junio de 2004
La comisión que investiga el 11-M pedirá el sumario y todos los
informes del CNI
Los grupos del Congreso reclaman en su primera reunión las citaciones
de Aznar, Acebes, Ana Palacio, Zaplana, Dezcallar, Baltasar Garzón y
del actual ministro de Interior
RAMÓN GORRIARÁN/COLPISA. MADRID
La comisión de investigación sobre la masacre del 11 de marzo
en Madrid acordó en su primera reunión «no autocensurarse» y
solicitar a la Audiencia Nacional el sumario que instruye el juez Juan del Olmo
y «todos» los informes del Centro Nacional de Inteligencia sobre
los atentados y los previos, si los hubiere. Las comparecencias comenzarán
los primeros días de julio, aunque cabe la posibilidad de que se celebre
alguna el último día de junio.
Los 16 diputados de la comisión del 11-M quieren saberlo todo. Ese todo
incluye el acceso a la investigación judicial, aunque el juez instructor
haya anticipado que no va a proporcionar dato alguno al Congreso. Los investigadores
reconocen -en palabras del representante del PNV, Emilio Olabarria- que pisan
un «terreno resbaladizo» porque el sumario es secreto y si el magistrado
lo entrega será expedientado por el Consejo General del Poder Judicial.
El portavoz del PSOE, Álvaro Cuesta, aventuró una solución
amparado en la resolución de la Presidencia del Congreso que autoriza
que la información clasificada «sea facilitada en sesión
secreta a la comisión que lo demande». Una alternativa que no convenció al
diputado nacionalista, que tiene «severas reservas» sobre la idoneidad
de la fórmula. «No avizoro -apuntó- ninguna salida».
Este fue uno de los ejes del debate de la primera sesión de trabajo de
los comisionados, que abrió un plazo hasta el martes próximo para
que los grupos pidan las comparecencias que crean necesarias así como
la documentación. Ningún portavoz, con la excepción del
de IU, quiso mostrar sus cartas. Todos se refugiaron en el silencio o en las
generalidades, aunque mostraron su «disposición y voluntad» para
investigarlo «todo y sin límites».
Tienen asegurada la citación el ex ministro de Interior Ángel Acebes
y su sucesor, José Antonio Alonso, la ex ministra de Asuntos Exteriores
Ana Palacio, el ex portavoz Eduardo Zaplana y el ex director del CNI Jorge Dezcallar
porque, en lo poco que anticiparon los portavoces, sus nombres aparecieron en
casi todas las intervenciones. El PNV e IU también anunciaron que pedirán
que sea llamado Baltasar Garzón, no en su calidad de juez sino en la de
experto en terrorismo islamista, como acreditó, según Olabarria,
en una conferencia en la que criticó «la imprevisión» ante
los atentados del anterior Gobierno.
Más problemática parece la comparecencia de José María
Aznar porque aunque la reclamarán los nacionalistas vascos, los republicanos
y el Grupo Mixto, e IU no la descarta más adelante, no está claro
si el PP y el PSOE la aceptarán. Los populares explicaron que no la impedirán,
lo que no quiere decir, precisó uno de los diputados de este grupo en
la comisión, que votarán a favor de que acuda y siempre cabe el
recurso de la abstención.
Zapatero
Los socialistas, del mismo modo, quieren conocer los razonamientos que justifiquen
la presencia del ex presidente del Gobierno y decidirán en consecuencia.
También se inclinan por la abstención.
Nadie planteó la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero,
aunque el representante del PP, Vicente Martínez-Pujalte, anticipó que
reclamarán «todas las que sean necesarias» sin exclusiones.
Un aviso que captó de inmediato el socialista Cuesta, que mostró la
disponibilidad de su grupo para que el jefe del Ejecutivo, aunque no tuviera «responsabilidades» gubernamentales
por aquellos días, se presente a fin de «ilustrar» las «líneas
de futuro» para prevenir atentados como los del 11 de marzo.
La lista de comparecencias de Gaspar Llamazares hace presagiar una investigación
larga y prolija. El portavoz de IU pidió que, de entrada, se cite a una
treintena de ex responsables del anterior Gobierno, sobre todo de Interior, a
los titulares actuales en esos mismos cargos, mandos policiales y de la Guardia
Civil, y hasta «el jefe de la unidad de guías caninos que examina
la furgoneta en Alcalá de Henares». No se quedaron a la zaga sus
peticiones de documentación. Reclamó los informes remitidos por
las autoridades de Marruecos, por supuesto los del CNI, memorandos de alertas
de la Guardia Civil y la Policía, sin que faltase una solicitud sobre
los datos remitidos por el Mosad, servicio secreto israelí.
Los portavoces de los distintos grupos mostraron una inusual sintonía
sobre el «buen ambiente y la magnífica disposición» para
trabajar en serio. El diputado del Grupo Mixto, José Antonio Labordeta,
sintetizó el parecer de sus compañeros al afirmar que «la
responsabilidad de 192 muertos impiden los cachondeos». También
Llamazares se mostró convencido de que no habrá «circos» y
el diputado de CiU, Jordi Jané, se sumó a la petición de «no
dar espectáculos».
Un consenso que desapareció al definir el objeto de la investigación.
Para los socialistas, lo prioritario es la atención a las víctimas
y fortalecer la unidad contra el terrorismo; para IU, esclarecer los hechos del
11 de marzo porque las responsabilidades políticas ya están depuradas;
para los republicanos, desenmascarar la manipulación de los acontecimientos;
para el PP, determinar en qué medida influyó en los resultados
electorales del 14 de marzo.
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