El Correo, 1 de Agosto de 2004

Dispersar la verdad

KEPA AULESTIA

La suspensión de los trabajos de la comisión de investigación sobre la masacre del 11 de marzo para su reanudación en septiembre puede contribuir al oportuno enfriamiento de una pugna táctica entre PP y PSOE que ha acabado lastrando de confusión dicha tarea parlamentaria. Pero, tras lo visto hasta la fecha, no cabe albergar muchas esperanzas en que los diputados regresen al trabajo dentro de cinco semanas con el propósito de ir más allá del consabido cruce de reproches y acusaciones.

Las ínfulas de victoria con las que el anterior ministro de Interior, Ángel Acebes, y los dirigentes del PP salieron de su comparecencia de diez horas ante la comisión parlamentaria no auguran precisamente lo mejor. Su particular regreso al 11 de marzo, sugiriendo que aún no ha quedado descartada la participación de ETA en la matanza, y la insistencia en que aún no se ha identificado a los instigadores de la misma tratan de poner del revés los datos conocidos mediante su reducción al absurdo.

No le falta razón a Mariano Rajoy cuando advierte que difícilmente puede alcanzarse toda la verdad si ésta es consagrada a través de una decisión mayoritaria en el seno de una comisión de investigación en la que prevalecen las diferencias de posición. Pero el riesgo de que la resolución final acabe enfrentando a todos los demás partidos con el PP será en buena medida consecuencia de la actitud mostrada por éste.

A la luz de los acontecimientos posteriores, y tal y como se sucedieron las cosas entre el 11 y el 14 de marzo, resulta muy difícil defender que el Gobierno Aznar no mintió si al mismo tiempo sus responsables se niegan en redondo a admitir el más mínimo error en la gestión de aquella crisis. La leyenda de que los gobernantes de entonces fueron víctimas de una conspiración urdida con la expresa connivencia de algunos mandos policiales podrá convencer a algún enfervorizado militante popular. Pero la heroica batalla librada por Acebes frente a los diputados interrogadores no ha servido más que para ensayar el periódico cierre de filas en el partido, provocar indignación entre sus adversarios y, si acaso, aturdir a una parte de la opinión pública y publicada con tan firme comportamiento.

Frente a tal estado de cosas, la propuesta socialista de que todas las formaciones políticas rubriquen un pacto contra el terrorismo islamista constituye el mínimo común que el Gobierno de Rodríguez Zapatero precisa para apuntalar su tarea independientemente de los frutos que brinde la comisión. Sin embargo, dicho consenso no representará mucho más que una formalidad si las conclusiones que extraiga la comisión parlamentaria no integran a un Partido Popular que se muestre dispuesto a reconocer que el 11-M fue en parte consecuencia de la falta de previsión y de la carencia de estructuras y directrices orientadas a la prevención de un tipo de terrorismo que ya antes del 11de septiembre de 2001 amenazaba al mundo infiel.