| El
Diario Vasco, 10 de mayo de 2004
El
Gobierno teme que la comisión del 11-M afecte a la
seguridad del Estado
El
Ejecutivo no quiere dañar la imagen de las fuerzas
policiales. Otra preocupación es el cariz que pueda
tomar el rifirrafe político
PAULA
DE LAS HERAS. COLPISA. MADRID
El Gobierno está inquieto
por la comisión de investigación que analizará
las causas y consecuencias de los atentados del 11 de marzo
en el Congreso. El gabinete de Zapatero teme que las pesquisas
pongan al descubierto cuestiones de funcionamiento interno
que acaben por debilitar la imagen de las fuerzas policiales
y que afecten a la propia seguridad del Estado. Pero, además,
le preocupa el cariz que pueda tomar el rifirrafe político.
El enfrentamiento encarnizado en el que suelen derivar las
sesiones de este tipo de comisiones daría al traste
con el ambiente de diálogo que propugnó y el
Ejecutivo es consciente de que, en su situación, con
una mayoría minoritaria en la cámara baja, no
le interesan las broncas políticas.
Los socialistas no fueron
en ningún momento partidarios de realizar una comisión
de este tipo para el 11-M. Su idea, ya que así lo habían
solicitado algunos grupos parlamentarios (IU, ERC y el grupo
Mixto), era crear un grupo de estudio en el Congreso, que
habría permitido satisfacer las exigencias de transparencia
sin generar excesiva crispación. «Ni el PP ni
el PSOE quieren una comisión de investigación
porque son gente seria, con conciencia de Estado y no como
nosotros», bromeaba el portavoz de un formación
minoritaria esta misma semana.
El diputado acertó
en su diagnóstico. El principal partido de la oposición
tampoco deseaba la comisión. Pero sólo un día
después decidió pasar por encima de sus escrúpulos.
Convencidos de que los socialistas urdían una campaña
de descrédito contra ellos, los populares decidieron
salir al paso de las críticas y jugársela en
el Parlamento. Su propósito es demostrar que no faltaron
a la verdad. De ahí que pretendan que las pesquisas
se centren en los flujos de información que generaron
los atentados hasta el día de las elecciones y en las
transgresiones de la jornada electoral.
Tras este paso del PP, ya
no hubo forma de justificar la negativa a crear una comisión
de investigación. El PSOE había insistido con
escepticismo en que si el partido de Mariano Rajoy la pedía
le daría luz verde. Forzado a 'tragar el sapo', decidió
recabar el apoyo del mayor número de grupos parlamentarios
-sólo se negaron Coalición Canaria y CiU- para
orientar las pesquisas hacia otro terreno: el de si hubo o
no previsión por parte del Gobierno de José
María Aznar. «Lo importante es saber lo que ocurrió
y por qué ocurrió para que no vuelva a suceder»,
justificó el secretario general de su grupo parlamentario,
Diego López Garrido. Pero el haber logrado encauzar
el contenido de la comisión no tranquiliza al Gobierno.
Consenso
en los límites
La vicepresidenta primera,
María Teresa Fernández de la Vega, lanzó
el pasado viernes un mensaje al PP al recordarle que una de
las finalidades del pacto que suscribieron en 2000 es «no
instrumentalizar la lucha antiterrorista» e insistir
en la importancia de la unidad de los demócratas frente
al terror. El Ejecutivo de Zapatero espera que sea posible
alcanzar algún tipo de acuerdo con Rajoy para evitar
que las cosas tomen tintes preocupantes. Y para ello podría
aprovechar la reunión de la comisión de seguimiento
del pacto antiterrorista prevista para este miércoles.
Los portavoces socialista
y popular, Alfredo Pérez Rubalcaba y Eduardo Zaplana,
tuvieron a finales de la semana pasada un encuentro en el
que abordaron la necesidad de fijar unas pautas entorno a
los temas y las comparecencias que podrá tratar la
comisión. Pero no hubo acuerdo. Los populares advirtieron
de que no se opondrán a que se tome testimonio a ninguno
de sus cargos y se niegan a poner límites a otras intervenciones.
Les interesa que sean los socialistas quienes carguen en la
lista del 'debe' con vetos a las comparecencias solicitadas
en pro de la seguridad nacional.
Los socialistas tendrían
también interés en llegar a un acuerdo en cuanto
a la extensión temporal de la comisión. Si las
propuestas presentadas por el PP, por un lado, y el PSOE,
IU, ERC, PNV y el Grupo Mixto, por otro, se votan en el pleno
de esta semana los plazos estarán muy ajustados para
que empiece a funcionar antes del 13 de junio, fecha de las
elecciones europeas. Pero más allá de eso, lo
importante para el partido del Gobierno es que sus trabajos
no duren más allá de dos meses. Lo contrario
enturbiaría en exceso la vida política, que
es lo que el Ejecutivo más teme.
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