El
Diario Vasco, 17 de Julio de 2004
COMISIÓN
DE INVESTIGACIÓN DEL 11-M
El
Gobierno rechaza entregar datos sobre la vigilancia a miembros
de ETA tras el 11-M
El
Ejecutivo ha tomado la decisión después de que
varios diputados filtraran a los medios de comunicación
informes secretos de los servicios de espionaje. Los comisionados
sólo recibirán tres documentos con anotaciones
tachadas
RAMÓN GORRIARÁN/COLPISA. MADRID
El Gobierno no atendió la petición de la comisión
sobre el 11-M para levantar el secreto de los documentos sobre
seguimientos a miembros de ETA entre el 11 y 14 de marzo.
Es una negativa que fuentes gubernamentales reconocen que
no se habría producido si algunos comisionados no hubieran
divulgado esta semana informes secretos de los servicios de
inteligencia que entregó para su análisis a
puerta cerrada. El Ejecutivo trasladó su «preocupación»
al presidente del Congreso por esta conducta de algunos parlamentarios,
que está castigada por el Código Penal y la
Ley de Secretos Oficiales.
El
Consejo de Ministros acordó entregar a la comisión
la documentación menos relevante. Se negó a
desclasificar los informes y comunicaciones sobre integrantes
de ETA que pudieran tener relación con el 11-M. Esta
decisión prueba que las Fuerzas de Seguridad investigaron
a presuntos miembros de la organización terrorista
por su supuesta relación con los atentados y demuestra
que el Gobierno creía posible esa línea de investigación
cuando decía que ETA era la hipótesis principal.
El
Ejecutivo decidió remitir a la comisión fotocopias
de tres informes, dos de la comisaría de León
y un correo electrónico de la de Guadalajara, referidos
a «seguimientos de personas sospechosas o supuestas
identificaciones relacionadas con miembros de ETA».
Los diputados, sin embargo, recibirán los textos mutilados
porque se tacharán «todos los datos» sobre
los «detalles» de la investigación policial.
Tampoco figurarán «las fuentes» utilizadas
ni los nombres de las personas que denunciaron la presencia
de hipotéticos etarras. Los lugares en que se efectuaron
las vigilancias también serán sombreados, así
como los nombres de las personas investigadas.
La
vicepresidenta primera justificó las cautelas porque
son informaciones que afectan a la lucha antiterrorista. María
Teresa Fernández de la Vega indicó que si los
comisionados insisten en conocer los datos que se mantienen
en secreto porque son necesarios para la investigación
y reclaman los originales íntegros, se proporcionarán
los tres documentos al presidente de la comisión, el
nacionalista canario Paulino Rivero. De esa forma, indicaron
fuentes gubernamentales, se garantizará el secreto
y Rivero tendrá la responsabilidad de que no se filtre
nada. El Consejo de Ministros también negó a
los comisionados las declaraciones de testigos efectuadas
el 11 de marzo y que condujeron a la confección de
los retratos robot de los presuntos autores de los atentados
porque están incorporadas al sumario abierto en la
Audiencia Nacional y está declarado secreto.
Ante
estas dos negativas, los investigadores parlamentarios se
tendrán que conformar con los retratos robot elaborados
por la Comisaría General de Policía Científica.
Este departamento elaboró siete dibujos identificativos,
aunque algunos «no tienen nada que ver con el atentado
del 11-M», según señala el comisario jefe
de la Policía Científica en una nota explicativa
que adjuntó a los retratos.
Reportaje
fotográfico
Los
comisionados podrán contemplar asimismo un reportaje
fotográfico de la inspección policial de la
furgoneta encontrada en Alcalá de Henares; instantáneas
comparativas de dinamitas de las marcas titadine -la que usa
ETA en los últimos años- y goma dos ECO -empleada
el 11 de marzo-; así como de los detonadores de cobre
-utilizados por los terroristas islámicos- y aluminio,
los habituales de ETA.
Esta
restricción documental obedece, en buena medida, al
enfado del Gobierno por la filtración el martes pasado
de un informe confidencial del Centro Nacional de Inteligencia
en el que se reseñaba que la cinta con versos coránicos
y los detonadores se encontraron en la furgoneta de Alcalá
de Henares al mediodía del 11 de marzo, antes de trasladar
el vehículo a la base policial de Canillas. La versión
del anterior Gobierno y los testimonios ante la comisión
de los mandos policiales que dirigieron la investigación
sostenían lo contrario.
Fernández
de la Vega consideró que el comportamiento de los diputados
que dieron publicidad a ese informe es «poco responsable»,
con independencia del grupo político al que pertenezcan.
Sostuvo que es «poco razonable» que los documentos
clasificados de un servicio secreto que se entregan al Parlamento
estén al día siguiente en todos los medios de
comunicación.
El
malestar del Gobierno, sin embargo, no llegará al extremo
de exigir a la comisión que el próximo lunes
celebre a puerta cerrada las comparecencias del anterior director
del CNI, Jorge Dezcallar, y el titular del cargo, Alberto
Sáiz. Fernández de la Vega señaló
que esa decisión corresponde a la comisión,
que no tiene previsto variar el formato de puertas abiertas,
y apuntó que Dezcallar y Sáiz «contarán
lo que puedan contar». |
