El Correo, 21 de mayo de 2004

EDITORIAL

Investigación unánime

El Parlamento español no podía quedarse al margen del sangriento atentado terrorista del 11-M, rodeado aún de sombras y de interrogantes que sería necesario desvelar. La comisión de investigación, sobre cuya pertinencia vacilaron inicialmente los dos grandes partidos, parecía necesaria para hacer prevalecer el principio de transparencia. No se habría entendido que PSOE y PP hubieran mantenido sus iniciales discrepancias sobre el contenido y el desarrollo de dicha comisión ante la magnitud de una amenaza, el terrorismo islámico, que, como reconoció ayer el ministro de Interior, obligará a un ingente esfuerzo para subsanar las actuales carencias y dificultades operativas de las fuerzas de seguridad para hacerle frente.

La comisión de investigación estará formada por cinco diputados del PSOE, otros tantos del PP y uno por cada grupo minoritario (aunque, si hay votaciones, el voto será ponderado) y no tendrá prácticamente límites a su labor esclarecedora. Se procurará «establecer la verdad de los hechos», sus antecedentes y sus consecuentes, pero también se examinarán los acontecimientos anteriores y posteriores a los atentados relacionados con éstos y las actuaciones de los poderes del Estado. Además, los dos partidos asumieron la exposición de motivos de la propuesta de su antagonista, con lo cual el PP consigue que la comisión investigue, además de la adecuación y diligencia de las iniciales averiguaciones policiales y de los servicios de información, «los flujos de información generados por aquellas averiguaciones», su «divulgación por el Gobierno, por formaciones políticas y por los medios de comunicación», así como «las transgresiones de las previsiones legales sobre el desarrollo de la jornada de reflexión». Se entrará, pues, en el confuso proceso político que se desarrolló entre el 11 y el 14 de marzo.

PP y PSOE han negado la existencia de cualquier pacto para descafeinar o acotar algún aspecto de la investigación, por lo que su alcance vendrá determinado por la lista de comparecientes que se apruebe. Lo deseable es que no haya límites. Quizá sea preciso celebrar alguna sesión a puerta cerrada (extremo no previsto a priori) si así lo requiere la seguridad del Estado, que no puede ser objeto de exhibición general, y si finalmente se desclasifican informes reservados del CNI, como ayer dijo pretender el PSOE. De cualquier modo, y puesto que la comisión es ya un hecho, los parlamentarios tienen la obligación de no frustrar las expectativas que ellos mismos han suscitado: la opinión pública reprobaría que sus representantes fueran incapaces de obtener una única verdad, coherente con lo sucedido.