El Diario Vasco, 5 de mayo de 2004

EDITORIAL

Investigación del 11-M

El Gobierno del PSOE ha mantenido desde su formación una actitud ambigua acerca de la creación de una comisión de investigación sobre el 11-M, advirtiendo que no tenía voluntad de tomar la iniciativa pero que tampoco interpondría obstáculos si la propuesta surgía de las filas de la oposición. Sin embargo, cuando IU, secundada por ERC y el Grupo Mixto, decidió dar el paso al frente, el Grupo Socialista lo bloqueó hasta que se celebre la anunciada comparecencia del ministro del Interior el día 12 en la Comisión de Secretos Oficiales. Si las explicaciones de su titular, José Antonio Alonso, no satisfacen al resto de los grupos, el Gobierno promete examinar la creación de dicha comisión que no tendría como objetivo depurar posibles responsabilidades políticas o policiales.

Los salvajes atentados del 11-M son el acontecimiento más grave que ha golpeado a la democracia española desde su fundación, y no parece razonable que el Parlamento se mantenga al margen. Eso si, el debate y la investigación tienen que alejarse de cualquier interpretación como una causa general contra el anterior gobierno -el Parlamento controla al Gobierno actual, no a los anteriores-, han de preservar el secreto judicial decretado sobre las actuaciones en curso y han de ser muy cuidadosos con los aspectos de la lucha antiterrorista que hayan de permanecer en la más absoluta discreción. Se trataría, en fin, de arrojar toda la trasparencia posible sobre esa «imprevisión política» de la que ha hablado, para irritación de Acebes, el ministro del Interior, la misma que reconoce Aznar en su libro y que no debe entenderse necesariamente como un reproche: cuando se produce un hecho de las características del 11-M, cualquier responsable político ha de preguntarse si no fue posible hacer más para evitarlo. El debate está también abierto en EE UU con relación al 11-S.

La objeción de que la hipotética comisión se solaparía con las investigaciones judiciales es relativa. De hecho, muchas de ellas han desarrollado sus sesiones en paralelo a los sumarios respectivos, puesto que su función es distinta: los jueces averiguan lo ocurrido para atribuir responsabilidades penales concretas, y el Parlamento debe indagar, sobre todo, en las lagunas policiales y jurídicas que han hecho posible el delito, así como en las medidas que cabe adoptar para prevenir hechos semejantes. Si realmente se quiere que el Parlamento sea el centro de la vida pública y que la ciudadanía perciba que sus intereses tienen en él su sede, habrá que llevar a las cámaras el gran atentado, todavía cargado de sombras que generan inquietantes interrogaciones.