DETENIDO. La Guardia Civil traslada a uno de los integrantes de la red que vendió los explosivos. / PURI CITOULA

EL CORREO, 10 de junio de 2004

Detenidos en Asturias seis miembros de la red que robó los explosivos del 11- M

Entre los arrestados por la Guardia Civil están la mujer y el cuñado del minero acusado de vender la dinamita a la célula integrista Otro de los integrantes de la banda era el guarda de un polvorín

MELCHOR SÁIZ-PARDO/COLPISA. MADRID

Cayó la red de venta de explosivos robados en Asturias que facilitó a los terroristas del 11-M los más de 200 kilos de 'goma 2' y los detonadores usados en los atentados. Efectivos de los Servicios de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, tras tres meses de investigaciones para determinar el origen exacto de la dinamita plástica utilizada en la masacre, detuvieron a primera hora de la tarde de ayer a cinco personas en la localidad asturiana de Avilés y a una más en Gijón, acusadas todas ellas de ser miembros de un grupo especializado en distraer explosivos de las explotaciones asturianas para su reventa ilegal a particulares.

Es la red a la que pertenecía José Emilio Suárez Trashorras, el ex minero detenido el 18 de marzo y que está en prisión acusado de haber vendido la 'goma 2' a los terroristas a cambio de unos 7.000 euros y 32 kilos de hachís.

Entre los detenidos hay dos familiares suyos: su mujer y guardia de seguridad, Carmen María Toro Castro, y su cuñado y socio, Antonio Toro Castro, hermano de la anterior. Otro de los arrestados es Emilio Llano Álvarez, el guarda de vigilancia del polvorín de la mina 'Conchita', ubicada en Calabazos (Belmonte de Miranda, Asturias), la explotación de donde procedía el explosivo usado en las mochilas bomba.

Libro de salidas

Llano -aseguran los investigadores- era la única persona que tenía acceso a los explosivos y era el encargado de llevar el libro de salidas y entrada de la 'goma 2' y los detonadores. La Guardia Civil le acusa de haber falsificado los registros para ocultar las sustracciones de material.

El resto de las personas detenidas son mineros relacionados con esta red: Rubén Iglesias, Juan Granados Peña y Javier González Díaz, más conocido como 'El dinamita', todos ellos amigos de Suárez Trashorras.

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, explicó que los seis arrestados son miembros de la «trama que permitió a los terroristas del 11-M conseguir los explosivos».

Según fuentes de la lucha antiterrorista, la última fase de la investigación -denominada 'operación Páramo'- comenzó el pasado 26 de marzo, cuando la Policía asaltó la casa de Morata de Tajuña (Madrid) donde la célula terrorista fabricó las mochilas bomba que reventaron en los trenes. En la infravivienda, los expertos policiales encontraron los envoltorios de los cartuchos de 'goma 2'.

Después de varias semanas de pesquisas en los libros de entrada y salida de material de decenas de explotaciones y canteras, los Servicios de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil llegaron a la conclusión de que la dinamita plástica sólo había podido salir de dos minas: de 'Conchita' o de 'Colladas y Anexas', en Arbodas (Salas). Dos explotaciones que -asegura el instituto armado en sus informes- consumen al mes cerca de 2.000 kilos de explosivos y unos 7.500 detonadores.

Los especialistas no tardaron en comprobar que Suárez trabajó como ayudante de minero hasta el 31 de octubre de 2002, en que causó baja por finalización de contrato, en 'Conchita', una explotación de caolín -una arcilla blanca usada para la fabricación de medicamentos y porcelanas- propiedad de la sociedad Caolines de Merillés y que da empleo a un total de 35 trabajadores.

Suárez Trashorras reconoció haber vendido la dinamita a Jamal Ahmidam, 'El chino', el 'número dos' de la célula islamista y que acabó suicidándose en Leganés, con quien acordó guiarle hasta la explotación entre el 28 y el 29 de febrero para sustraer el explosivo, ya que ninguna de las dos minas tenía vigilancia. Sin embargo, el ex minero aseguró que él no tomó parte en el asalto y que, en todo momento, trabajó solo.

Sin embargo, las explicaciones de José Emilio Suárez no convencieron ni a la Policía ni a la Guardia Civil, el cuerpo que tiene competencias en la vigilancia de explosivos. Las contradicciones del ex minero se acentuaron después de que la empresa Caolines de Merillés asegurara que, tras comprobar sus libros, no constaba ningún robo en la mina 'Conchita'.

Fue entonces cuando los técnicos de la Guardia Civil comenzaron a sospechar de que Suárez Trashorras no había actuado solo y que el grupo de traficantes de explosivos al que pertenecía contaba con la ayuda de algún responsable de la explotación bajo sospecha.