El valor político de la verdad

A. DOMINGO MORATALLA/UNIVERSIDAD DE VALENCIA

A medida que comienzan a serenarse los ánimos tras la masacre terrorista del 11-M y después de la victoria de ZP en las elecciones del 14-M, todos estamos llamados a situarnos con serenidad en el nuevo escenario político. No será una tarea fácil porque las agendas no estaban preparadas para representarse en un escenario donde no sólo desconocemos el fondo en el que aparecerán las nuevas figuras, sino la consistencia de los argumentos. Son días para no olvidar el valor político de la verdad.

En la teoría política contemporánea hay un debate sobre el papel que la verdad y la justicia desempeñan en la vida pública. El equipo de los liberales prefiere construir un sistema democrático mediante una teoría de la justicia y no mediante una teoría de la verdad. En sociedades modernas, abiertas y tolerantes, la vida pública no puede estar presidida por la verdad -que es una cualidad de los sistemas de pensamiento, de la vida teórica-, sino por la justicia, valor propio de la razón práctica y con el que conciliar intereses contrapuestos, organizar la vida pública y distribuir recursos escasos. Es el equipo de John Rawls y Ronald Dworkin, donde la verdad es siempre desplazada por la justicia, donde está muy claro que la verdad es una preocupación propia del liberalismo filosófico o metafísico y la justicia, una preocupación del liberalismo político. Frente a éstos, el equipo de los comunitaristas recuerda a los liberales que la justicia tiene los pies de barro si no está edificada sobre la verdad. El mejor favor que se les puede hacer a las sociedades modernas, abiertas y tolerantes no es dejar de lado la preocupación por la verdad, sino colocarla en primer plano. La intolerancia, el dogmatismo y el fanatismo no se combaten privatizando las convicciones 'metafísicas' sino poniéndolas a prueba a través de las argumentaciones públicas. Es el equipo de Alasdair MacIntyre y Charles Taylor, donde no hay miedo a la metafísica porque no hay una sociedad justa si no se ha tejido con los mimbres de la verdad. Aunque las posiciones no sean tan nítidas, sí son importantes para hacer un balance de lo que nos está sucediendo. Primero, porque la masacre del 11-M rompió lo que los liberales llaman «equilibrio reflexivo» en la vida institucional. Los acontecimientos de ese día, como ya había sucedido el 11-S del año 2001, anunciaban el retorno de Hobbes y una psicologización de la vida política donde la gestión del miedo y la búsqueda de seguridad desplazarían la gestión de las responsabilidades y una serena reflexión pública.

La ruptura de este «equilibrio reflexivo» se percibió en las manifestaciones del 12-M cuando algunos grupos aplicaron al Gobierno el principio de sospecha en lugar de aplicarle el principio de confianza. Las comparecencias del ministro no conseguían restablecer ese equilibrio por dos razones muy sencillas. Primera, porque la simple sospecha de que un gobierno miente tiene más capacidad movilizadora que cualquier programa político. Segunda, porque después de una legislatura marcada por el Prestige, la guerra o las llamadas contrarreformas educativas, las nuevas generaciones estaban entrenadas para la movilización. El crédito en las declaraciones de un gobierno -sea del color que sea- no es flor de un día, es el resultado de políticas informativas basadas en la transparencia responsable, el pluralismo deliberativo y la sinceridad de los comunicadores.

En segundo lugar, porque la masacre desafiaba a quienes estábamos dispuestos a tomarnos los derechos en serio. Para todos los terroristas, el derecho y sus principios tienen un valor instrumental, son herramientas al servicio de una causa primera, de una pretendida verdad luminosa, escatológica y milenaria. Esos días aparecieron en la vida pública muchos profesionales de la trivialización del derecho que no sólo planteaban el bombardeo de Irak como contrario al derecho internacional, sino que despreciaban el significado que la ley electoral atribuye a la jornada de reflexión convocando a una despiadada desobediencia callejera. Algunos se creían que estas convocatorias partían de la sociedad civil ahora ciegamente organizada a través del teléfono móvil y que, por tanto, aunque no suponían tomarse en serio el derecho, sí suponían tomarse en serio la ciudadanía. Flaco favor le hicieron a la ética cívica, a los valores democráticos y a las reglas del juego limpio quienes se manifiestan gregariamente contra las sedes de los partidos políticos (en este caso el PP), quienes convocan a la desobediencia callejera y quienes después del 14-M se han enorgullecido públicamente de ello.

En tercer lugar, nos esperan tiempos donde poner en marcha lo que el equipo liberal ha llamado «consenso entrecruzado». A pesar de lo que muchos piensan, no serán tiempos fáciles para el diálogo político si éste lo entendemos como simple negociación legislativa. Serán tiempos para el diálogo político si éste no lo entendemos retóricamente como horizonte verbal para la estabilidad institucional que necesitan los ciudadanos, sino como disposición para construir una nueva cultura política donde las tradiciones tienen que circular, cruzarse y ponerse a prueba. Consensuar no es negociar nombramientos, modificar artículos en un proyecto de ley o construir enmiendas transaccionales que permitan obtener mayorías cualificadas. El nuevo consenso no puede construirse con los mimbres del dogmatismo, el escepticismo o el relativismo. Se conseguirá con la frágil memoria de los propios programas, la débil coherencia de las propias tradiciones y, lo que es más importante aún, desterrando de la vida pública el emotivismo moral donde la verdad de los argumentos no está en su ajuste o correspondencia con la realidad sino en la capacidad emotiva de los personajes que los emiten, sean políticos o artistas, científicos o sindicalistas. Será fruto de la responsabilidad porque a partidos, militantes y ciudadanos nos ha llegado lo que en retórica taurina llamamos la hora de la verdad.