ULTIMÁTUM

Sea por filtraciones interesadas o no, ya conocemos el previsible articulado del denominado "Plan Ibarretxe", especie de "proclama constitucional" para la futura Euskal Herria o de "ultimátum" para la perversa y decadente España. Todo esto
nos augura un próximo otoño cargado de tensiones políticas donde los nacionalistas
seguirán haciéndose las víctimas porque presentan un plan, que los constitucionalistas rechazan,
mientras éstos no presentan nada sustancial.

Es recurrente en el nacionalismo presentar proyectos, articulados y planes
para solucionar lo que denominan el conflicto político de los vascos con España.
No recordaremos aquí sus innumerables intentos, merced a este subterfugio pacificador,
de obtener mayores cotas de soberanía. Ahora, este "Plan Ibarretxe" representa con
todo su entramado o fontanería articulada el horizonte último del más iluminado
de los nacionalistas. Incluso el propio Otegi después de quejarse por el mal olor de
la combustión de la bandera española, dijo el pasado agosto en San Sebastián que
en septiembre se dará la madre de todas las batallas para luchar contra los fascistas españoles
y que ellos estarán ahí para secundarla.

Estamos pues frente a un plan adecuado para "un país en marcha" que pretende
alcanzar su meta soñada olvidando que es el único lugar de la Unión Europea
donde se asesina a quien se opone abiertamente a estos delirios de grandeza étnica
claramente expuestos en el preámbulo del plan. Si lo aceptamos nos veremos
libres de todo mal, pues el terrorismo desaparecerá, si nos oponemos fomentaremos
la crispación y habremos de someternos a las conocidas consecuencias de las que
el lehendakari y sus nacionalistas no son en absoluto responsables.

El Gobierno vasco, lejos de garantizar la libertad de convivencia, constata que
hay crímenes políticos y, para atajarlos, su máximo representante anticipa
un plan que coincide con el horizonte político perseguido por los asesinos.
Se trata pues de un chantaje a las verdaderas víctimas del terrorismo y de
un ultimátum a los garantes de los valores constitucionales instituidos.

Que nadie se lleve a engaño, no hay por qué presentar ningún proyecto o plan
alternativo entrando al trapo de la citación nacionalista. Moverse, menearse
y agitar textos no significa ningún certificado de democracia frente a quienes
nos reafirmamos en el valor de la Constitución y el Estatuto y somos por ello calificados
de antidemocráticos e inmovilistas. No todo lo que se presenta como proyecto
es democrático y el “Plan de Ibarretxe” no lo es por apelar a una comunidad natural
preexistente con unos derechos nacionalistas inalienables, porque sobrepasa
la legislación constitucional vigente de manera olímpica y con absoluto menosprecio:
si los españoles aceptan, bien, si no, nos da lo mismo y adelante, porque ellos no pueden
inmiscuirse en nuestro derecho a decidir; finalmente, y esto hay que repetirlo
hasta la saciedad, porque la parte no nacionalista no actúa en igualdad de condiciones,
e incluso muchos votantes nacionalistas lo son sólo para escapar del miedo a la
posible persecución terrorista.

Este plan no pretende eliminar el terrorismo sino alcanzar la soberanía máxima
a la que aspiran los nacionalistas y es ilegítimo tratar de ponerlo en práctica
en las circunstancias actuales. Si su desarrollo concreto acabara con la violencia terrorista,
este deseado efecto no lo convertiría en democrático pues habríamos de tragarnos
a cambio la puesta en práctica de todo el ideario nacionalista.

El País Vasco necesita años de concordia sin amenazas, extorsiones, atentados y asesinatos,
para que este tipo de aspiraciones puedan ser expuestas sin suponer una claro insulto
y agresión a quienes padecen la violencia fomentada al día de hoy por
los más fanáticos partidarios de idénticos proyectos.