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¿TENDREMOS
UN ESPACIO JUDICIAL EUROPEO? Está resultando costoso superar las dificultades que se oponen a la puesta en práctica del Informe Watson, aprobado por abrumadora mayoría en el Parlamento Europeo, aunque sin apoyo nacionalista (durante la votación, el representante del PNV tuvo a bien ausentarse). La medida práctica más importante de las propuestas por el Parlamento es la Orden Europea de Detención y Extradición (la Euroorden), que debe ser aprobada por los quince Gobiernos de la Unión y que permitiría la rápida extradición entre los Estados de la Unión de los acusados de cometer diversos tipos de crímenes, especialmente de terrorismo. Es evidente para todo el mundo que la Euroorden, además de constituir el primer paso para la creación de un espacio judicial europeo, necesario para el desarrollo de una auténtica ciudadanía europea, resulta vital para acabar con ETA, a la sazón el último grupo terrorista europeo importante. Por eso tanto los apoyos como los obstáculos opuestos al desarrollo del Informe Watson sirven para medir la intensidad y calidad del compromiso contra ETA y el terrorismo en general. Y en este sentido, destacaron las reservas de Berlusconi y su gobierno contra la Euroorden, alegando diversas dificultades perogrullescas para su adopción y puesta en marcha. Aunque se interpreta que la oposición de Berlusconi se fundaba en sus verosímiles temores a ser enjuiciado en terceros países como España a causa de ciertos negocios turbios, tampoco tienen desperdicio las objeciones formuladas por la Liga del Norte (nacionalistas padanos), en el sentido de que la aplicación de estas medidas pondrían en peligro a los ciudadanos italianos y de otros países implicados en actividades racistas y xenófobas. Precisamente, la mayor virtud de la Euroorden consiste en que puede acabar con la impunidad de esas conductas, en las que tanto destacan los propagandistas de ETA y sus satélites. La resistencia contra la creación de un espacio judicial europeo de aquellos que temen el fin de la impunidad para los implicados en actividades mafiosas, xenófobas y terroristas -que en realidad forman un todo, como lo demuestra el caso de ETA-, enseña de modo inmejorable por qué dicho espacio europeo es imprescindible: el terrorismo es un problema internacional y requiere de una respuesta internacional basada en el derecho democrático. Por eso el espacio judicial europeo requiere de todo el apoyo que podamos darle. Casos como la resistencia de Berlusconi indica lo atrasada que está todavía en muchos países europeos la conciencia sobre el peligro terrorista. También es sintomática la tendencia de algunos gobiernos, apoyados por la parte más histérica de la opinión pública, a imponer legislaciones antiterroristas excepcionales y poco congruentes con los principios democráticos que, precisamente, el terrorismo quiere destruir. El terrorismo no será vencido únicamente atacando Afganistán, y mucho menos derogando el habeas corpus para los extranjeros o imponiendo juicios militares a los acusados de terrorismo, como proponen Bush en Estados Unidos y Blair en Gran Bretaña. En realidad, la experiencia vasca y española demuestran lo contrario: que la lucha contra el terrorismo es siempre una lucha por el progreso de la democracia, que en este camino no valen atajos, y mucho menos contra las libertades y derechos que amenazan los terroristas. Estos habrían ganado si la condición para vencerles fuera debilitar nuestras libertades y las garantías jurídicas básicas. |