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Tanto
el Gobierno vasco como los partidos nacionalistas coinciden en aludir
a Europa (sería más adecuado referirse a la Unión
Europea) para justificar la bondad de su proyecto de secesión
encubierta de España. Opto por la calificación de
secesión encubierta porque considero que es la más
adecuada para describir el proceso emprendido. Así, basan
sus respectivas iniciativas en el proceso de libre adhesión
que según ellos caracteriza la construcción europea.
En su opinión, tanto el proyecto de Estatuto Político
de la Comunidad de Euskadi del PNV como el proyecto de Ley de Soberanía
Vasca y de Relaciones con el Estado Español de EA son posibles
dentro de ese proceso de libre adhesión que, según
ellos, existe en la Unión Europea. Sin embargo, como veremos,
nada más alejado de la realidad.
Lo primero que hay que decir es que el proceso de construcción
europea es un proceso exclusivamente de Estados. Son ellos los que
lo inician en 1951 y 1957 con la creación de las Comunidades
Europeas y, después, son éstas y la Unión Europea
los que fijan las condiciones de la participación en ese
sistema. En otros términos, no todo Estado que lo desee puede
ingresar en la Unión Europea (como lo pone de manifiesto
actualmente el ejemplo de Turquía). Es más, de acuerdo
con el vigente Tratado de la Unión Europea, sólo los
Estados que sean respetuosos de los principios de libertad, democracia,
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales
y el Estado de Derecho, pueden formar parte de la Unión Europea.
El proyecto de Constitución Europea también lo contempla
expresamente.
En consecuencia, no existe libre adhesión (pues hay que cumplir
las exigencias antes señaladas) y la adhesión en cuestión,
reunidas las condiciones requeridas, está limitada a los
Estados.
Esta obviedad la conocen tanto en el PNV como en EA. Por eso, ambos
proyectos no rompen formalmente con España sino que pretenden
articular fórmulas que les permitan aparecer dentro de España
pero actuando al margen del Estado. Esto es, como entidades independientes.
De lo contrario, producida la secesión -y al dejar de ser
parte integrante de España- esa Comunidad de Euskadi (PNV)
o esa República Vasca de Euskadi (EA) dejarían de
formar parte de la Unión Europea y tendrían que iniciar
un proceso de negociaciones para lograr su admisión en la
misma. Habida cuenta de que para tal admisión se requiere
la unanimidad de todos los Estados miembros, tanto el PNV como EA
son conscientes de las enormes dificultades para lograrlo.
Desde la Comisión Europea lo han recordado a preguntas de
distintos europarlamentarios. La respuesta más reciente,
en abril de 2004, por el Sr. Prodi -entonces Presidente de la Comisión-
a la pregunta planteada por la eurodiputada galesa del Partido de
los Socialistas Europeos. La misma respuesta fue dada anteriormente
a la pregunta formulada por la eurodiputada socialista Rosa Díez.
Por lo tanto, un País Vasco fuera de España quedaría
excluido de la Unión Europea y tendría que negociar
su ingreso.
La única posibilidad que tienen ambos proyectos de prosperar
es mantenerse vinculados a España pero esta hipótesis
tiene también dificultades insalvables. La principal, que
tanto el proyecto del PNV como el de EA son incompatibles con el
marco jurídico conformado por la Constitución de 1978
y por el Estatuto de Autonomía de Gernika. Y todo esto sin
olvidar la contradicción que supone un proyecto soberanista
o secesionista formalmente vestido para continuar dentro de esa
España que al nacionalismo vasco tanto parece desagradarle
y hacerle sufrir. ¡Qué ironía, tanto Good bye
Spain para permanecer dentro (asociados o de otro modo)!
Pero el proceso emprendido tiene también otras contradicciones
no menos notables. La que más me llama la atención
es la incoherencia que existe entre las aspiraciones soberanistas
o secesionistas y lo que los representantes del PNV y de EA suelen
afirmar. Así, durante la campaña de las últimas
elecciones europeas, los candidatos de ambos partidos han manifestado
su opción por una Europa de los pueblos frente a la Europa
de los Estados que, según ellos, defendían PSOE y
PP. Sin embargo, y a pesar de las numerosas críticas que
formulan a los Estados la aspiración última del PNV,
de EA y de los demás partidos nacionalistas vascos es -¡qué
ironía!- la estatalidad: la creación del Estado vasco.
Para unos, bajo la forma de la República Vasca de Euskadi
(EA y Aralar), para el PNV, se desconoce. A pesar de los muchos
viajes emprendidos, al parecer, no han encontrado el modelo adecuado.
Por último, y no menos importante, el proceso emprendido
desconoce la existencia de obligaciones internacionales en materia
de derechos humanos y de libertades fundamentales que también
vinculan a las instituciones vascas. En mi opinión, tampoco
desde esta perspectiva, los proyectos existentes reúnen los
requisitos exigidos. Ni los proyectos, ni el modo de actuar. En
cuanto a los proyectos, el de EA excluye del derecho de voto a todos
aquellos que no opten por la nacionalidad vasca. En cuanto a la
realidad, el Gobierno vasco ya fue denunciado en 2001 por el Comisario
de Derechos Humanos del Consejo de Europa por su pasividad ante
la violación de los derechos humanos en el País Vasco.
A la vista de lo acontecido recientemente con al ocupación
del Ayuntamiento de Andoain por los radicales, no parece que la
citada denuncia le haya afectado mucho. Además, tampoco hay
que exagerar: cumplieron lo que la ley exigía pero ordenando
la intervención de una Brigada Móvil que tardó
mucho en llegar. Podía haber sido peor, dado que existen
Comisarías de la Ertzaintza todavía más lejanas.
En conclusión, en los términos actuales, dentro de
España los proyectos de PNV y EA no son posibles y al no
serlo dentro de España tampoco lo son en el seno de la Unión
Europea. Y esto sin olvidar que Euskadi no cumple los estándares
actuales en materia de derechos y libertades fundamentales vigentes
en la Unión Europea. De todos ellos, el principal: la oposición
política continúa escoltada y ninguna convocatoria
electoral puede desarrollarse todavía en igualdad de condiciones
entre todos los partidos políticos que concurren a ellas.
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