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PUES...¡VAYA PLAN!

 

PLAN IBARRETXE:

RESPUESTA EN DOS TIEMPOS

Andrés de Blas Guerrero

La presentación del plan Ibarretxe, inconstitucional por su contenido y por el procedimiento anunciado para su aprobación (celebración final de un referéndum al margen de las previsiones legales), fuerza a una respuesta política en dos tiempos. El primero vendría encomendado a las instituciones del Estado y se concretaría en la defensa de la legalidad por los medios que sean necesarios. El segundo, consistiría en el combate político que los partidos constitucionalistas y aquellos de la sociedad vasca que coinciden en la defensa del orden constitucional habrían de librar en unas próximas elecciones vascas.
Sobre el primer tiempo de las respuesta poco cabe decir. El Gobierno español, con el apoyo decidido del grueso de la sociedad española, tiene la clara línea de actuación a seguir: impugnación del plan Ibarretxe ante los tribunales en el supuesto de ser aprobado por el actual Parlamento vasco. Rechazo del proyecto en las Cortes Generales. Adopción de las medidas jurídicas y políticas que impidan el desafío a la legalidad anunciado por el lehendakari. Respecto al segundo tiempo de la respuesta, tampoco las cosas a llevar a cabo parecen novedosas: preparación de una campaña electoral que permita llevar adelante la sustitución del gobierno nacionalista por un gobierno defensor de la legalidad estatutaria y constitucional.
Nos encontramos en el punto que tenemos planteado en el País Vasco desde hace algún tiempo como única salida a la crisis política vasca: ser capaces de ganar unas elecciones que favorezcan la creación de un clima político capaz de reconducir la crisis vasca. Creo que éste debe ser el objeto central de la reflexión de las fuerzas políticas y sociales constitucionalistas en los próximos meses: cómo preparar una campaña electoral que les permita alcanzar la victoria que estuvo al alcance de la mano en la anterior convocatoria electoral.
La preparación de estas futuras elecciones ofrece algunas grandes cuestiones sobre la que se requiere una meditación pausada. En primer lugar, plantea la estrategia conveniente por parte de los partidos constitucionalistas cara a las mismas. La duda sigue centrada sobre la conveniencia o no de presentar una opción unida ante el electorado. Es posible que el voto socialista se defienda mejor con una opción política bien definida. Lo importante no es en todo caso el diseño de la campaña, sino el convencimiento de que habrá que sumar esfuerzos para la obra de gobierno en caso de que se alcance la mayoría en el Parlamento vasco.
Una cuestión importante en la campaña electoral habrá de ser el papel que los partidos concedan a las organizaciones sociales que apoyan el orden constitucional. Es evidente que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista habrán de ser generosos a la hora de confeccionar sus candidaturas con unas organizaciones sociales que pueden ser decisivas a la hora de conseguir el pequeño margen de votos que va a permitir la victoria.
En segundo lugar, deberá perfilarse la estrategia a seguir con el nacionalismo vasco. El objetivo no puede ser su eliminación de la escena política vasca, una eliminación que hace prácticamente imposible la configuración del actual subsistema político vasco. De lo que se trata, es de conseguir la alternancia política en el País Vasco, de llevar al nacionalismo a la oposición y de propiciar con ello su reconversión ideológica, más fácil fuera que dentro del poder. El País Vasco tiene que conseguir la definición de un nacionalismo vasco dispuesto a jugar dentro del orden constitucional. Y eso se conseguirá invitando a su proceso de redefinición ideológica dentro de una oposición que no debería ser entendida sino como un compás de espera para ocupar el poder tras la alternancia constitucionalista.
Esta visión del nacionalismo vasco como adversario, nunca como enemigo, deberá ir acompañada de una lealtad sin sombra ni tacha al régimen autonómico. El nacionalismo vasco consiguió "in extremis" su victoria electoral anterior sembrando el temor, sin apoyo en la realidad, a un proceso revisionista del régimen estatutario. Es fundamental que los partidos constitucionalistas transmitan a la sociedad vasca su intención de ser los guardianes más fieles de un orden legal con el que se sienten comprometidos la mayoría de los vascos. No basta con manifestar esta decisión de resto al orden autonómico. Hay que ser capaces de superar la sospecha que intencionadamente volverá a sembrar el nacionalismo sobre este punto.
Los partidos constitucionalistas deberán, por último, salir al paso del discurso exitoso en estos años de "a mayor nacionalismo, mayor bienestar para la sociedad vasca". El Partido Popular, el Partido Socialista y las organizaciones sociales que les apoyan deben convencer al País Vasco que su bienestar está garantizado con la vigencia del Estatuto, la vida de nuestro Estado y el proceso de integración europea. Y que, a medio plazo, la mayor amenaza para una sociedad del bienestar viene representada por unos proyectos políticos nacionalistas que amenazan con la ruptura de un orden político razonable y democrático. El nacionalismo vasco no tiene una experiencia reciente de la decisión del conjunto de la sociedad española de defender su orden constitucional. Así se explica su tentación de aproximarse al precipicio del desafío incompatible en todo caso con el apego a una sociedad del bienestar que ha sido la bandera eficaz que ha permitido al nacionalismo sucederse en el control de la vida política vasca.
Creo que es en torno a esta estrategia electoral en lo que debe centrarse la reflexión de los constitucionalistas vascos. La victoria estuvo a punto de alcanzarse. Todo hace indicar que se podrá obtener en las próximas elecciones. Y con la victoria electoral se abrirá un camino para la definitiva superación de una crisis que la sociedad vasca no se puede permitir siga manteniéndose por tiempo indefinido.

El borrador, el nuevo Estatuto y el Estatuto de Guernica

Basiano

El día 25 de octubre, el lehendakari Ibarretxe presentó en el palacio de Ajuria Enea su plan bajo la denominación de Nuevo Estatuto para que parezca que guarda continuidad con el vigente adoptado en Gernika en 1979 así como para ocultar que se trata de un auténtico plan de ruptura con España. En el nuevo articulado no se recoge expresamente que se trata de una solución transitoria, como rezaba en el borrador -debía durar una generación- pero sí que entrará en vigor en cuanto se apruebe independientemente de lo que diga el Estado. El nuevo Estatuto no recoge la posibilidad de que los vascos puedan decidir en referéndum la segregación de Euskadi. O de Euskal Herria como le llaman adoptando la denominación propia de HB. Sin embargo se arrogan la potestad de regular el derecho a organizar referéndums, derecho que la Constitución española reserva exclusivamente al Estado español. De este modo deja la puerta abierta a la secesión que sería planteada como tal en otra ley que se redactaría ad hoc. Que esto será a sí lo deja claro el artículo 13 del autodenominado nuevo Estatuto: "Cuando en el ejercicio democrático de su libre decisión , los ciudadanos y ciudadanas manifestaran, en consulta planteada al efecto, su voluntad clara e inequívoca de alterar íntegra o sustancialmente el modelo y régimen de relación política con el Estado español, así como las relaciones con el ámbito internacional (...) las instituciones vascas y las del Estado se entenderán comprometidas a garantizar un proceso de negociación (...) que permitan materializar, de común acuerdo, la voluntad democrática de la sociedad vasca".
Sería la manera de plasmar el derecho de autodeterminación, "aquella virguería marxista" que decía Arzalluz, recogido en el preámbulo del nuevo Estatuto y que ya estaba en el borrador precedente y que supone un cambio sustancial con respecto al Estatuto de Gernika pues sirve para establecer un nuevo estatus para Euskadi, situar la soberanía política en el pueblo vasco y conceder validez legal a la nacionalidad vasca. Aquí sí hay un cambio respecto al borrador conocido, la nacionalidad vasca ya no sería un derecho sino que se establecería de hecho para todos los residentes en el País Vasco, para los vascos de la diáspora que hayan vivido en el País Vasco, así como para sus descendientes. Al mismo tiempo se reconoce la doble nacionalidad. De esta manera y bajo llamadas formales a la no discriminación se produciría de hecho una, ya que el vasco-español resultaría marcado. ¿Habría que recordar lo que pasó en Yugoslavia cuando los yugoslavos empezaron a también a ser bosnios, croatas o servios ?
Asimismo sigue manteniéndose el principio de territorialidad expresamente manifestado en el Preámbulo -se habla de los 7 territorios- que se camufla bajo fórmulas de cooperación que podrían culminar en la unión con Navarra, lo que está prohibido por la Constitución. El nuevo Estatuto contiene, aunque articuladas de otra manera, las competencias que reserva al Estado español dejándolas al mínimo. Serían las de Defensa y Fuerzas Armadas, relaciones internacionales -con alguna salvedad-, sistema monetario, el régimen aduanero y la legislación básica penal, todo para salvaguardar la apariencia de que se sigue siendo España y poder así estar en la UE. Tal y como ocurría en el borrador previo, el nuevo Estatuto contempla la creación de un Poder Judicial Vasco que no reconocería ninguna instancia superior fuera del País Vasco, excepto la encargada de dirimir los conflictos de competencias entre ambas administraciones y que correspondería al Supremo. En suma, el autodenominado nuevo Estatuto es idéntico en el espíritu y casi en la letra al borrador que ya se conocía, como ha quedado expuesto. Eso sí, se le han limado las aristas de corte etnicista del Preámbulo y se ha tenido la cautela de no nombrar exactamente los artículos de la Constitución española que se desean abrogar sin tener la titularidad para hacerlo.

LA CRIATURA

Crispón

La Tierra está de parto. Papá Ibarretxe ha puesto una semillita a Mamá Europa, con Errazti de Celestina y Madrazo de mamporrero. Mamá ya ha roto aguas. No se sabe si será niño o niña, pero sí que habrá criatura, y muy pronto. Hasta al tío Otegi se le ha visto esa sonrisa que sólo los recién nacidos son capaces de provocar en los rostros más endurecidos.
Esto, sin duda, es una exageración propia del Alderdi Eguna. En ciertos mítines, es difícil evitar confundir deseos y realidades. Dados los plazos del Plan de Papá Ibarretxe, estaríamos, como mucho, al comienzo de un largo embarazo, no de un parto. Y la "criatura", todo lo más, será un cigoto sin anidar. Falta mucho todavía y tienen que pasar muchas cosas para que Mamá rompa aguas.
Y aún esto es mucha fantasía. Para empezar, hace poco Mamá Europa decidió que su prole era suficientemente numerosa y de demasiados padres, así que se ligó las trompas. Además, aunque a Papá Ibarretxe su religión le prohíbe usar preservativo, Mamá Europa sí usa métodos anticonceptivos de barrera muy eficaces, como la Constitución española. Así que, de haber embarazo, lo normal es que se trate de un embarazo psicológico.
Pero no seamos temerarios. Ciertamente, a veces la cirugía falla. Y también los métodos anticonceptivos, sobre todo cuando, con los nervios y la excitación del momento, no se usan a tiempo o correctamente. Por eso no hay que excluir que exista un riesgo de embarazo, por mínimo que sea. En esa situación cabe la llamada píldora del día después. Es un método excepcional que no debe usarse como sistema anticonceptivo habitual. Pero siempre será preferible a un embarazo no deseado.
Por último, por ponernos en el peor de los casos, por improbable que sea, recordemos que la vigente legislación española autoriza la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos:
1. Peligro grave para la vida o la salud de la embarazada.
2. Riesgo serio de graves malformaciones del feto.
3. Que el embarazo sea el resultado de una violación.
Para cualquiera que conozca mínimamente la realidad política vasca, es evidente que en este caso se dan los tres supuestos a la vez.

TRES AVISOS DE SENTIDO COMÚN

SOBRE EL PLAN

Tomás Paine

Primero, una consulta desleal y coactiva.
La condición de posibilidad de cualquier referéndum es que las diferentes partes se avengan a respetar el resultado de las urnas. Es obvio que esta condición no se cumple en nuestro caso, pues el nacionalismo vasco, aunque no consiguiera un resultado positivo para sus insaciables pretensiones, está dispuesto a promover otra consulta, y otra más, erre que erre hasta que consigan la victoria final por hastío de la población. Luego, ni una palabra más acerca de consultas, no vaya a ser que la gente cambie de opinión al ver los resultados. Por otra parte, aunque el lehendakari insiste en que la consulta sólo se realizará "en ausencia de violencia", está claro que cualquier consulta que tenga lugar bajo la amenaza de una posible reanudación de la actividad terrorista está viciada de entrada, pues introduce en la población un sesgo por la opción nacionalista a causa del natural deseo de evitar la ruptura de una posible tregua. En semejantes condiciones, esta consulta es un atentado a las libertades de todos.
Segundo, alemanes en Mallorca, de nuevo.
Hablando de libertades, Ibarretxe insiste también en que los ciudadanos podremos mantener una "doble nacionalidad", vasca y española, y que a nadie se le obligará a renunciar a la antigua o a adoptar una nueva. Al margen de los problemas administrativos que esto pueda suponer, hay aquí un doble juego que es necesario denunciar. La experiencia de más de un cuarto de siglo prueba que todas las instituciones gobernadas por los nacionalistas vascos han privado sistemáticamente a los ciudadanos de símbolos y derechos considerados "españoles": por ejemplo, nunca se emplea otra bandera que no sea la ikurriña, y muchos ayuntamientos imprimen informaciones y anuncios sólo en vasco (normalmente acerca de actos culturales y festivos; cuando se trata de multas y avisos de carácter fiscal, la cosa cambia). Esto hace pensar que, de tener éxito el plan, la "limpieza simbólica" sería aún mayor y dejaría a los vascos ciudadanos españoles con una ciudadanía meramente formal, no material: en teoría, disfrutarían de iguales derechos que sus conciudadanos vascos-vascos, pero en la práctica vivirían en un país que niega cualquier reconocimiento simbólico a su nacionalidad: como los alemanes en Mallorca, o peor.
Tercero, un poco de respeto para todos.
Aunque parezca fuera de lugar, habría que recordar a cierto periódico madrileño que escribir, como hace, "Ibarreche" en lugar de "Ibarretxe" es una falta de respeto que no nos hace ningún bien a los vascos. La Constitución ampara el derecho a utilizar las diferentes lenguas de España, y esto incluye tanto la toponimia como los patronímicos. De la misma forma que no se escribe "chespir" sino "Shakespeare", tan estúpido, gratuito y provocador resulta escribir "Juan José Ibarreche" como "Joxe Mari Aznar".

IBARRETXE TRAE UN PLAN BAJO EL BRAZO

Olga Martí

Este verano el diario ABC filtraba en sus páginas un octavo borrador, del "Plan" del señor Ibarretxe. El texto acaparó, como era de esperar, titulares en todos los medios de comunicación. En esta ocasión, la novedad vino de la mano de una asociación de empresarios y de otra de pescadores, que, superando el habitual mutismo de las corporaciones sociales en materias que no sean de su inmediata incumbencia, juzgaron preciso glosar su contenido e incluso expresar algunas objeciones.
Se pronunciaron, el señor Knörr por parte de los empresarios y el señor Olaizola por la de los pescadores y la iniciativa cayó como lo que era, una cosa que, aunque perfectamente natural en una sociedad democrática y desarrollada, resultaba inhabitual en el entorno social de la Comunidad Autónoma Vasca. Ambos vinieron a coincidir en lo inadecuado del planteamiento del presidente del Gobierno Vasco, no sólo porque añadía inestabilidad a una sociedad ya muy enfrentada, sino porque anunciaba un futuro lleno de incertidumbres para la economía vasca.
Cuando hay una filtración de ese tipo, lo primero que cabe preguntarse es quién ha estado en situación de hacerla y a quién le interesa que se conozca públicamente. En cuanto a lo primero, está claro que sólo el señor Ibarretxe y la gente de su entorno ha estado en situación de filtrar el borrador. En cuanto a lo segundo, constituye una (mala) costumbre firmemente establecida que los gobiernos utilicen las filtraciones a modo de globos sonda, para anticipar la reacción de los votantes ante propuestas cuya eventual acogida consideran que pueda resultar dudosa o peor que eso, y poder suavizar o corregir con tiempo los contenidos de lo adelantado.
El borrador filtrado reflejaba un proyecto cuya consecuencia supone, nada más y nada menos, la ruptura del pacto social en el que se fundamenta la sociedad de la Comunidad Autónoma. Una propuesta tan arriesgada tiene que suscitar serias dudas, no sólo en esa sociedad, sino también en el propio Gobierno Vasco. Ese pacto social se firmó de forma tácita con la Constitución de 1978 y el Estatuto de Guernica de 1979. En él, quienes se arriesgaron a aceptar una autonomía insólitamente amplía, no se vieron compensados, por parte del PNV, con la contrapartida de la aceptación de la Constitución y el compromiso de la lucha activa contra el terrorismo. Se vieron obligados a ceder ya entonces, en aras de la convivencia y, por qué no decirlo, por la falta de capacidad negociadora y debilidad del gobierno de UCD. De aquellos polvos estos lodos.
Ahora, el PNV -y no Ibarretxe o el Gobierno vasco, y mucho menos sus pupilos de Izquierda Unida- se proponen modificar radicalmente unas reglas del juego que les han permitido gobernar ininterrumpidamente precisamente desde la Preautonomía. No será ocioso preguntarse por la razones para esta mudanza. No es normal que un gobierno quiera cambiar las normas que le han dado el poder, a menos que tenga miedo de perder su posición.
Está claro que el PNV inició el cambio de actitud que conduce hasta el "Plan Ibarretxe" tras el estallido, casi catártico, que la sociedad vasca protagonizó tras las 48 angustiosas horas que precedieron al anunciado asesinato de Miguel Ángel Blanco. Aquella erupción de asco y rebeldía no se dirigía sólo contra ETA y Herri Batasuna, sino que alcanzó también a todos los nacionalistas. Las imágenes de aquellos días, valientes y alborozadas, aún brillan en nuestras pupilas y alumbran nuestros recuerdos. Lo malo fue la resaca que provocó en todos los partidos políticos aquella salida del molde. Se asustaron tanto que trataron de reconducirla. Los menos comprometidos trataron de que sus miembros más hábiles se colasen hasta la cabecera de aquellas manifestaciones que, desde luego, no habían convocado. El PNV calló; guardó un ominoso y significativo silencio. Por primera vez, era consciente de que la sociedad vasca podía llegar a darle la espalda.
Se ha buscado el modo de evitar tal eventualidad aumentando el dominio que el PNV tiene sobre la sociedad. El primer paso, también el más fácil, ha sido atraerse a los que respaldan parte de las propuestas del mundo radical, lo que siempre es posible puesto que el ámbito nacionalista no limita, sino que se prolonga en él. Incluso compartiendo los mismos objetivos últimos: la autodeterminación o independencia del país y, sobre todo, el reconocimiento de ventajas tangibles para los miembros de la tribu. Eso fue lo que se selló con el pacto de Estella. Obtenido el patrimonio, convino luego deshacerse del cónyuge. Ahí ha intervenido, oportuno y sacrificado, el Tribunal Supremo, ilegalizando el partido sucesor de HB, los SA. La iniciativa, inicialmente muy dudosa, se está acreditando bien orientada, pero hay que reconocer que, ante ella, el PNV ha jugado sus cartas con la habilidad que le caracteriza, protestando por la iniciativa, iniciando sonadas operaciones que saben fracasadas y abriendo sus puertas a los restos del naufragio.
Ya todo el mundo se ha dado cuenta de que las pérdidas electorales del partido ilegalizado fueron a engrosar las urnas del PNV en las elecciones municipales del pasado mayo. El resultado de aquellos comicios confirma dos extremos. Por el primero de ellos, que el PNV ha aumentado su mayoría, y se perfila ya como el partido único del Nacionalismo Vasco. El aumento de votos que el PNV ha obtenido le consolida como líder único y timonel exclusivo de la singladura hacia la independencia, pero no le otorgan la mayoría suficiente, de al menos dos terceras partes de los votos emitidos, para poder cambiar las reglas del juego en el marco de la Comunidad Autónoma.
Por esa razón el Gobierno Vasco tiene que dar un segundo paso, éste más difícil, que consistiría en atraerse a parte de la sociedad claramente posicionada contra el terrorismo pero cansada de vivir en el enfrentamiento permanente. Ese grupo podría respaldar al PNV si éste fuese capaz de asegurarles el fin del terrorismo. Iniciativas como la creación del "Plan por la Defensa de los Derechos y las Libertades y contra la Violencia de Persecución" ( El Diario Vasco, jueves, 31 de julio de 2003), después de más de 25 años de actuación de ETA en una autonomía gobernada por el PNV, parece que va en ese sentido.
El señor Ibarretxe, en las declaraciones que efectuó a los medios de comunicación el día en que presentaba el "Plan por la Defensa", dijo que plantear un referéndum era, al menos, tan democrático como no querer hacerlo. Proponía aquella vía para poner fin al finisecular "problema vasco". La idea era convertir al País Vasco en un "Estado Asociado" con España.
Esta vía ofrece, al menos, dos dificultades. La primera es precisamente su falta de democracia. Es democráticamente inaceptable cambiar las reglas del juego que organizan una sociedad si parte de esa sociedad, precisamente la que se opone a la vía Ibarretxe, está secuestrada por el terrorismo de ETA y no puede moverse con libertad. Proponer un referéndum sin corregir tales circunstancias revela una voluntad ventajista y antidemocrática por parte de los nacionalistas y sus adláteres.
Y, además, ¿quién sería tan osado para dejarse atrapar en una independencia con unos socios que, de entrada, empiezan por recortarle, o negarle, sus libertades? ¿quién, tan irresponsable, para confiar su futuro y el de los suyos a una sociedad que nace ya quebrada?
El segundo problema, es que hoy nadie, ni siquiera el PNV, puede certificar el fin del terrorismo de ETA, irritada por su mengua de poder estratégico como consecuencia de la actuación de la judicatura española.
Todas estas estrategias se desarrollan sobre un cuerpo social bastante maltratado y, en consecuencia, muy crispado. Antes se ha dicho que el resultado de las elecciones de mayo ha ofrecido dos lecturas, la primera, la de la hegemonía del PNV en el campo nacionalista, a la que ya se ha hecho referencia. La segunda constatación es la de la división, casi ruptura, de la sociedad vasca en dos mitades prácticamente equivalentes y con posiciones crecientemente opuestas. No es ése el camino hacia un acuerdo sobre cambios políticos profundos, sino el paisaje previo a un enfrentamiento. Téngase todo esto en cuenta a la hora de iniciar juegos malabares con las palabras, la economía y la seguridad de la gente.
Si el Plan Ibarretxe tuviese algún fundamento, hay que preguntarse a qué y a cuánto se ha comprometido el PNV con el mundo de los terroristas para que éstos, en la nueva situación, abandonen las armas y pasen a la acción política. Y , además, qué consecuencias podrían tener tales concesiones en una sociedad tensionada hasta la quiebra.