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PUES...¡VAYA
PLAN! |
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PLAN
IBARRETXE:
RESPUESTA
EN DOS TIEMPOS
Andrés
de Blas Guerrero |
La
presentación del plan Ibarretxe, inconstitucional por su
contenido y por el procedimiento anunciado para su aprobación
(celebración final de un referéndum al margen de las
previsiones legales), fuerza a una respuesta política en
dos tiempos. El primero vendría encomendado a las instituciones
del Estado y se concretaría en la defensa de la legalidad
por los medios que sean necesarios. El segundo, consistiría
en el combate político que los partidos constitucionalistas
y aquellos de la sociedad vasca que coinciden en la defensa del
orden constitucional habrían de librar en unas próximas
elecciones vascas.
Sobre el primer tiempo de las respuesta poco cabe decir. El Gobierno
español, con el apoyo decidido del grueso de la sociedad
española, tiene la clara línea de actuación
a seguir: impugnación del plan Ibarretxe ante los tribunales
en el supuesto de ser aprobado por el actual Parlamento vasco. Rechazo
del proyecto en las Cortes Generales. Adopción de las medidas
jurídicas y políticas que impidan el desafío
a la legalidad anunciado por el lehendakari. Respecto al segundo
tiempo de la respuesta, tampoco las cosas a llevar a cabo parecen
novedosas: preparación de una campaña electoral que
permita llevar adelante la sustitución del gobierno nacionalista
por un gobierno defensor de la legalidad estatutaria y constitucional.
Nos encontramos en el punto que tenemos planteado en el País
Vasco desde hace algún tiempo como única salida a
la crisis política vasca: ser capaces de ganar unas elecciones
que favorezcan la creación de un clima político capaz
de reconducir la crisis vasca. Creo que éste debe ser el
objeto central de la reflexión de las fuerzas políticas
y sociales constitucionalistas en los próximos meses: cómo
preparar una campaña electoral que les permita alcanzar la
victoria que estuvo al alcance de la mano en la anterior convocatoria
electoral.
La preparación de estas futuras elecciones ofrece algunas
grandes cuestiones sobre la que se requiere una meditación
pausada. En primer lugar, plantea la estrategia conveniente por
parte de los partidos constitucionalistas cara a las mismas. La
duda sigue centrada sobre la conveniencia o no de presentar una
opción unida ante el electorado. Es posible que el voto socialista
se defienda mejor con una opción política bien definida.
Lo importante no es en todo caso el diseño de la campaña,
sino el convencimiento de que habrá que sumar esfuerzos para
la obra de gobierno en caso de que se alcance la mayoría
en el Parlamento vasco.
Una cuestión importante en la campaña electoral habrá
de ser el papel que los partidos concedan a las organizaciones sociales
que apoyan el orden constitucional. Es evidente que tanto el Partido
Popular como el Partido Socialista habrán de ser generosos
a la hora de confeccionar sus candidaturas con unas organizaciones
sociales que pueden ser decisivas a la hora de conseguir el pequeño
margen de votos que va a permitir la victoria.
En segundo lugar, deberá perfilarse la estrategia a seguir
con el nacionalismo vasco. El objetivo no puede ser su eliminación
de la escena política vasca, una eliminación que hace
prácticamente imposible la configuración del actual
subsistema político vasco. De lo que se trata, es de conseguir
la alternancia política en el País Vasco, de llevar
al nacionalismo a la oposición y de propiciar con ello su
reconversión ideológica, más fácil fuera
que dentro del poder. El País Vasco tiene que conseguir la
definición de un nacionalismo vasco dispuesto a jugar dentro
del orden constitucional. Y eso se conseguirá invitando a
su proceso de redefinición ideológica dentro de una
oposición que no debería ser entendida sino como un
compás de espera para ocupar el poder tras la alternancia
constitucionalista.
Esta visión del nacionalismo vasco como adversario, nunca
como enemigo, deberá ir acompañada de una lealtad
sin sombra ni tacha al régimen autonómico. El nacionalismo
vasco consiguió "in extremis" su victoria electoral
anterior sembrando el temor, sin apoyo en la realidad, a un proceso
revisionista del régimen estatutario. Es fundamental que
los partidos constitucionalistas transmitan a la sociedad vasca
su intención de ser los guardianes más fieles de un
orden legal con el que se sienten comprometidos la mayoría
de los vascos. No basta con manifestar esta decisión de resto
al orden autonómico. Hay que ser capaces de superar la sospecha
que intencionadamente volverá a sembrar el nacionalismo sobre
este punto.
Los partidos constitucionalistas deberán, por último,
salir al paso del discurso exitoso en estos años de "a
mayor nacionalismo, mayor bienestar para la sociedad vasca".
El Partido Popular, el Partido Socialista y las organizaciones sociales
que les apoyan deben convencer al País Vasco que su bienestar
está garantizado con la vigencia del Estatuto, la vida de
nuestro Estado y el proceso de integración europea. Y que,
a medio plazo, la mayor amenaza para una sociedad del bienestar
viene representada por unos proyectos políticos nacionalistas
que amenazan con la ruptura de un orden político razonable
y democrático. El nacionalismo vasco no tiene una experiencia
reciente de la decisión del conjunto de la sociedad española
de defender su orden constitucional. Así se explica su tentación
de aproximarse al precipicio del desafío incompatible en
todo caso con el apego a una sociedad del bienestar que ha sido
la bandera eficaz que ha permitido al nacionalismo sucederse en
el control de la vida política vasca.
Creo que es en torno a esta estrategia electoral en lo que debe
centrarse la reflexión de los constitucionalistas vascos.
La victoria estuvo a punto de alcanzarse. Todo hace indicar que
se podrá obtener en las próximas elecciones. Y con
la victoria electoral se abrirá un camino para la definitiva
superación de una crisis que la sociedad vasca no se puede
permitir siga manteniéndose por tiempo indefinido. |
El
borrador, el nuevo Estatuto y el Estatuto de Guernica
Basiano |
El
día 25 de octubre, el lehendakari Ibarretxe presentó
en el palacio de Ajuria Enea su plan bajo la denominación
de Nuevo Estatuto para que parezca que guarda continuidad con el
vigente adoptado en Gernika en 1979 así como para ocultar
que se trata de un auténtico plan de ruptura con España.
En el nuevo articulado no se recoge expresamente que se trata de
una solución transitoria, como rezaba en el borrador -debía
durar una generación- pero sí que entrará en
vigor en cuanto se apruebe independientemente de lo que diga el
Estado. El nuevo Estatuto no recoge la posibilidad de que los vascos
puedan decidir en referéndum la segregación de Euskadi.
O de Euskal Herria como le llaman adoptando la denominación
propia de HB. Sin embargo se arrogan la potestad de regular el derecho
a organizar referéndums, derecho que la Constitución
española reserva exclusivamente al Estado español.
De este modo deja la puerta abierta a la secesión que sería
planteada como tal en otra ley que se redactaría ad hoc.
Que esto será a sí lo deja claro el artículo
13 del autodenominado nuevo Estatuto: "Cuando en el ejercicio
democrático de su libre decisión , los ciudadanos
y ciudadanas manifestaran, en consulta planteada al efecto, su voluntad
clara e inequívoca de alterar íntegra o sustancialmente
el modelo y régimen de relación política con
el Estado español, así como las relaciones con el
ámbito internacional (...) las instituciones vascas y las
del Estado se entenderán comprometidas a garantizar un proceso
de negociación (...) que permitan materializar, de común
acuerdo, la voluntad democrática de la sociedad vasca".
Sería la manera de plasmar el derecho de autodeterminación,
"aquella virguería marxista" que decía Arzalluz,
recogido en el preámbulo del nuevo Estatuto y que ya estaba
en el borrador precedente y que supone un cambio sustancial con
respecto al Estatuto de Gernika pues sirve para establecer un nuevo
estatus para Euskadi, situar la soberanía política
en el pueblo vasco y conceder validez legal a la nacionalidad vasca.
Aquí sí hay un cambio respecto al borrador conocido,
la nacionalidad vasca ya no sería un derecho sino que se
establecería de hecho para todos los residentes en el País
Vasco, para los vascos de la diáspora que hayan vivido en
el País Vasco, así como para sus descendientes. Al
mismo tiempo se reconoce la doble nacionalidad. De esta manera y
bajo llamadas formales a la no discriminación se produciría
de hecho una, ya que el vasco-español resultaría marcado.
¿Habría que recordar lo que pasó en Yugoslavia
cuando los yugoslavos empezaron a también a ser bosnios,
croatas o servios ?
Asimismo sigue manteniéndose el principio de territorialidad
expresamente manifestado en el Preámbulo -se habla de los
7 territorios- que se camufla bajo fórmulas de cooperación
que podrían culminar en la unión con Navarra, lo que
está prohibido por la Constitución. El nuevo Estatuto
contiene, aunque articuladas de otra manera, las competencias que
reserva al Estado español dejándolas al mínimo.
Serían las de Defensa y Fuerzas Armadas, relaciones internacionales
-con alguna salvedad-, sistema monetario, el régimen aduanero
y la legislación básica penal, todo para salvaguardar
la apariencia de que se sigue siendo España y poder así
estar en la UE. Tal y como ocurría en el borrador previo,
el nuevo Estatuto contempla la creación de un Poder Judicial
Vasco que no reconocería ninguna instancia superior fuera
del País Vasco, excepto la encargada de dirimir los conflictos
de competencias entre ambas administraciones y que correspondería
al Supremo. En suma, el autodenominado nuevo Estatuto es idéntico
en el espíritu y casi en la letra al borrador que ya se conocía,
como ha quedado expuesto. Eso sí, se le han limado las aristas
de corte etnicista del Preámbulo y se ha tenido la cautela
de no nombrar exactamente los artículos de la Constitución
española que se desean abrogar sin tener la titularidad para
hacerlo. |
LA
CRIATURA
Crispón |
La
Tierra está de parto. Papá Ibarretxe ha puesto una
semillita a Mamá Europa, con Errazti de Celestina y Madrazo
de mamporrero. Mamá ya ha roto aguas. No se sabe si será
niño o niña, pero sí que habrá criatura,
y muy pronto. Hasta al tío Otegi se le ha visto esa sonrisa
que sólo los recién nacidos son capaces de provocar
en los rostros más endurecidos.
Esto, sin duda, es una exageración propia del Alderdi Eguna.
En ciertos mítines, es difícil evitar confundir deseos
y realidades. Dados los plazos del Plan de Papá Ibarretxe,
estaríamos, como mucho, al comienzo de un largo embarazo,
no de un parto. Y la "criatura", todo lo más, será
un cigoto sin anidar. Falta mucho todavía y tienen que pasar
muchas cosas para que Mamá rompa aguas.
Y aún esto es mucha fantasía. Para empezar, hace poco
Mamá Europa decidió que su prole era suficientemente
numerosa y de demasiados padres, así que se ligó las
trompas. Además, aunque a Papá Ibarretxe su religión
le prohíbe usar preservativo, Mamá Europa sí
usa métodos anticonceptivos de barrera muy eficaces, como
la Constitución española. Así que, de haber
embarazo, lo normal es que se trate de un embarazo psicológico.
Pero no seamos temerarios. Ciertamente, a veces la cirugía
falla. Y también los métodos anticonceptivos, sobre
todo cuando, con los nervios y la excitación del momento,
no se usan a tiempo o correctamente. Por eso no hay que excluir
que exista un riesgo de embarazo, por mínimo que sea. En
esa situación cabe la llamada píldora del día
después. Es un método excepcional que no debe usarse
como sistema anticonceptivo habitual. Pero siempre será preferible
a un embarazo no deseado.
Por último, por ponernos en el peor de los casos, por improbable
que sea, recordemos que la vigente legislación española
autoriza la interrupción voluntaria del embarazo en tres
supuestos:
1. Peligro grave para la vida o la salud de la embarazada.
2. Riesgo serio de graves malformaciones del feto.
3. Que el embarazo sea el resultado de una violación.
Para cualquiera que conozca mínimamente la realidad política
vasca, es evidente que en este caso se dan los tres supuestos a
la vez. |
TRES
AVISOS DE SENTIDO COMÚN
SOBRE
EL PLAN
Tomás
Paine
|
Primero,
una consulta desleal y coactiva.
La condición de posibilidad de cualquier referéndum
es que las diferentes partes se avengan a respetar el resultado
de las urnas. Es obvio que esta condición no se cumple en
nuestro caso, pues el nacionalismo vasco, aunque no consiguiera
un resultado positivo para sus insaciables pretensiones, está
dispuesto a promover otra consulta, y otra más, erre que
erre hasta que consigan la victoria final por hastío de la
población. Luego, ni una palabra más acerca de consultas,
no vaya a ser que la gente cambie de opinión al ver los resultados.
Por otra parte, aunque el lehendakari insiste en que la consulta
sólo se realizará "en ausencia de violencia",
está claro que cualquier consulta que tenga lugar bajo la
amenaza de una posible reanudación de la actividad terrorista
está viciada de entrada, pues introduce en la población
un sesgo por la opción nacionalista a causa del natural deseo
de evitar la ruptura de una posible tregua. En semejantes condiciones,
esta consulta es un atentado a las libertades de todos.
Segundo, alemanes en Mallorca, de nuevo.
Hablando de libertades, Ibarretxe insiste también en que
los ciudadanos podremos mantener una "doble nacionalidad",
vasca y española, y que a nadie se le obligará a renunciar
a la antigua o a adoptar una nueva. Al margen de los problemas administrativos
que esto pueda suponer, hay aquí un doble juego que es necesario
denunciar. La experiencia de más de un cuarto de siglo prueba
que todas las instituciones gobernadas por los nacionalistas vascos
han privado sistemáticamente a los ciudadanos de símbolos
y derechos considerados "españoles": por ejemplo,
nunca se emplea otra bandera que no sea la ikurriña, y muchos
ayuntamientos imprimen informaciones y anuncios sólo en vasco
(normalmente acerca de actos culturales y festivos; cuando se trata
de multas y avisos de carácter fiscal, la cosa cambia). Esto
hace pensar que, de tener éxito el plan, la "limpieza
simbólica" sería aún mayor y dejaría
a los vascos ciudadanos españoles con una ciudadanía
meramente formal, no material: en teoría, disfrutarían
de iguales derechos que sus conciudadanos vascos-vascos, pero en
la práctica vivirían en un país que niega cualquier
reconocimiento simbólico a su nacionalidad: como los alemanes
en Mallorca, o peor.
Tercero, un poco de respeto para todos.
Aunque parezca fuera de lugar, habría que recordar a cierto
periódico madrileño que escribir, como hace, "Ibarreche"
en lugar de "Ibarretxe" es una falta de respeto que no
nos hace ningún bien a los vascos. La Constitución
ampara el derecho a utilizar las diferentes lenguas de España,
y esto incluye tanto la toponimia como los patronímicos.
De la misma forma que no se escribe "chespir" sino "Shakespeare",
tan estúpido, gratuito y provocador resulta escribir "Juan
José Ibarreche" como "Joxe Mari Aznar". |
IBARRETXE
TRAE UN PLAN BAJO EL BRAZO
Olga
Martí |
Este
verano el diario ABC filtraba en sus páginas un octavo borrador,
del "Plan" del señor Ibarretxe. El texto acaparó,
como era de esperar, titulares en todos los medios de comunicación.
En esta ocasión, la novedad vino de la mano de una asociación
de empresarios y de otra de pescadores, que, superando el habitual
mutismo de las corporaciones sociales en materias que no sean de
su inmediata incumbencia, juzgaron preciso glosar su contenido e
incluso expresar algunas objeciones.
Se pronunciaron, el señor Knörr por parte de los empresarios
y el señor Olaizola por la de los pescadores y la iniciativa
cayó como lo que era, una cosa que, aunque perfectamente
natural en una sociedad democrática y desarrollada, resultaba
inhabitual en el entorno social de la Comunidad Autónoma
Vasca. Ambos vinieron a coincidir en lo inadecuado del planteamiento
del presidente del Gobierno Vasco, no sólo porque añadía
inestabilidad a una sociedad ya muy enfrentada, sino porque anunciaba
un futuro lleno de incertidumbres para la economía vasca.
Cuando hay una filtración de ese tipo, lo primero que cabe
preguntarse es quién ha estado en situación de hacerla
y a quién le interesa que se conozca públicamente.
En cuanto a lo primero, está claro que sólo el señor
Ibarretxe y la gente de su entorno ha estado en situación
de filtrar el borrador. En cuanto a lo segundo, constituye una (mala)
costumbre firmemente establecida que los gobiernos utilicen las
filtraciones a modo de globos sonda, para anticipar la reacción
de los votantes ante propuestas cuya eventual acogida consideran
que pueda resultar dudosa o peor que eso, y poder suavizar o corregir
con tiempo los contenidos de lo adelantado.
El borrador filtrado reflejaba un proyecto cuya consecuencia supone,
nada más y nada menos, la ruptura del pacto social en el
que se fundamenta la sociedad de la Comunidad Autónoma. Una
propuesta tan arriesgada tiene que suscitar serias dudas, no sólo
en esa sociedad, sino también en el propio Gobierno Vasco.
Ese pacto social se firmó de forma tácita con la Constitución
de 1978 y el Estatuto de Guernica de 1979. En él, quienes
se arriesgaron a aceptar una autonomía insólitamente
amplía, no se vieron compensados, por parte del PNV, con
la contrapartida de la aceptación de la Constitución
y el compromiso de la lucha activa contra el terrorismo. Se vieron
obligados a ceder ya entonces, en aras de la convivencia y, por
qué no decirlo, por la falta de capacidad negociadora y debilidad
del gobierno de UCD. De aquellos polvos estos lodos.
Ahora, el PNV -y no Ibarretxe o el Gobierno vasco, y mucho menos
sus pupilos de Izquierda Unida- se proponen modificar radicalmente
unas reglas del juego que les han permitido gobernar ininterrumpidamente
precisamente desde la Preautonomía. No será ocioso
preguntarse por la razones para esta mudanza. No es normal que un
gobierno quiera cambiar las normas que le han dado el poder, a menos
que tenga miedo de perder su posición.
Está claro que el PNV inició el cambio de actitud
que conduce hasta el "Plan Ibarretxe" tras el estallido,
casi catártico, que la sociedad vasca protagonizó
tras las 48 angustiosas horas que precedieron al anunciado asesinato
de Miguel Ángel Blanco. Aquella erupción de asco y
rebeldía no se dirigía sólo contra ETA y Herri
Batasuna, sino que alcanzó también a todos los nacionalistas.
Las imágenes de aquellos días, valientes y alborozadas,
aún brillan en nuestras pupilas y alumbran nuestros recuerdos.
Lo malo fue la resaca que provocó en todos los partidos políticos
aquella salida del molde. Se asustaron tanto que trataron de reconducirla.
Los menos comprometidos trataron de que sus miembros más
hábiles se colasen hasta la cabecera de aquellas manifestaciones
que, desde luego, no habían convocado. El PNV calló;
guardó un ominoso y significativo silencio. Por primera vez,
era consciente de que la sociedad vasca podía llegar a darle
la espalda.
Se ha buscado el modo de evitar tal eventualidad aumentando el dominio
que el PNV tiene sobre la sociedad. El primer paso, también
el más fácil, ha sido atraerse a los que respaldan
parte de las propuestas del mundo radical, lo que siempre es posible
puesto que el ámbito nacionalista no limita, sino que se
prolonga en él. Incluso compartiendo los mismos objetivos
últimos: la autodeterminación o independencia del
país y, sobre todo, el reconocimiento de ventajas tangibles
para los miembros de la tribu. Eso fue lo que se selló con
el pacto de Estella. Obtenido el patrimonio, convino luego deshacerse
del cónyuge. Ahí ha intervenido, oportuno y sacrificado,
el Tribunal Supremo, ilegalizando el partido sucesor de HB, los
SA. La iniciativa, inicialmente muy dudosa, se está acreditando
bien orientada, pero hay que reconocer que, ante ella, el PNV ha
jugado sus cartas con la habilidad que le caracteriza, protestando
por la iniciativa, iniciando sonadas operaciones que saben fracasadas
y abriendo sus puertas a los restos del naufragio.
Ya todo el mundo se ha dado cuenta de que las pérdidas electorales
del partido ilegalizado fueron a engrosar las urnas del PNV en las
elecciones municipales del pasado mayo. El resultado de aquellos
comicios confirma dos extremos. Por el primero de ellos, que el
PNV ha aumentado su mayoría, y se perfila ya como el partido
único del Nacionalismo Vasco. El aumento de votos que el
PNV ha obtenido le consolida como líder único y timonel
exclusivo de la singladura hacia la independencia, pero no le otorgan
la mayoría suficiente, de al menos dos terceras partes de
los votos emitidos, para poder cambiar las reglas del juego en el
marco de la Comunidad Autónoma.
Por esa razón el Gobierno Vasco tiene que dar un segundo
paso, éste más difícil, que consistiría
en atraerse a parte de la sociedad claramente posicionada contra
el terrorismo pero cansada de vivir en el enfrentamiento permanente.
Ese grupo podría respaldar al PNV si éste fuese capaz
de asegurarles el fin del terrorismo. Iniciativas como la creación
del "Plan por la Defensa de los Derechos y las Libertades y
contra la Violencia de Persecución" ( El Diario Vasco,
jueves, 31 de julio de 2003), después de más de 25
años de actuación de ETA en una autonomía gobernada
por el PNV, parece que va en ese sentido.
El señor Ibarretxe, en las declaraciones que efectuó
a los medios de comunicación el día en que presentaba
el "Plan por la Defensa", dijo que plantear un referéndum
era, al menos, tan democrático como no querer hacerlo. Proponía
aquella vía para poner fin al finisecular "problema
vasco". La idea era convertir al País Vasco en un "Estado
Asociado" con España.
Esta vía ofrece, al menos, dos dificultades. La primera es
precisamente su falta de democracia. Es democráticamente
inaceptable cambiar las reglas del juego que organizan una sociedad
si parte de esa sociedad, precisamente la que se opone a la vía
Ibarretxe, está secuestrada por el terrorismo de ETA y no
puede moverse con libertad. Proponer un referéndum sin corregir
tales circunstancias revela una voluntad ventajista y antidemocrática
por parte de los nacionalistas y sus adláteres.
Y, además, ¿quién sería tan osado para
dejarse atrapar en una independencia con unos socios que, de entrada,
empiezan por recortarle, o negarle, sus libertades? ¿quién,
tan irresponsable, para confiar su futuro y el de los suyos a una
sociedad que nace ya quebrada?
El segundo problema, es que hoy nadie, ni siquiera el PNV, puede
certificar el fin del terrorismo de ETA, irritada por su mengua
de poder estratégico como consecuencia de la actuación
de la judicatura española.
Todas estas estrategias se desarrollan sobre un cuerpo social bastante
maltratado y, en consecuencia, muy crispado. Antes se ha dicho que
el resultado de las elecciones de mayo ha ofrecido dos lecturas,
la primera, la de la hegemonía del PNV en el campo nacionalista,
a la que ya se ha hecho referencia. La segunda constatación
es la de la división, casi ruptura, de la sociedad vasca
en dos mitades prácticamente equivalentes y con posiciones
crecientemente opuestas. No es ése el camino hacia un acuerdo
sobre cambios políticos profundos, sino el paisaje previo
a un enfrentamiento. Téngase todo esto en cuenta a la hora
de iniciar juegos malabares con las palabras, la economía
y la seguridad de la gente.
Si el Plan Ibarretxe tuviese algún fundamento, hay que preguntarse
a qué y a cuánto se ha comprometido el PNV con el
mundo de los terroristas para que éstos, en la nueva situación,
abandonen las armas y pasen a la acción política.
Y , además, qué consecuencias podrían tener
tales concesiones en una sociedad tensionada hasta la quiebra. |
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