Una evaluación de los costes que para la economía vasca supondría la secesión del País Vasco con respecto a España debe tomar en considerción tres elementos:

El primero se refiere a la imposibilidad de que, de una manera automática, el nuevo Estado surgido del hecho secesionista forme parte de la Unión Europea. Dado que los Estados miembros de la Unión adquieren esta condición tras negociar y firmar un tratado de adhesión, cabe esperar que la nueva Euskadi tardara varios años en adquirir esa condición; y ello, bajo el supuesto de que ninguno de los actuales miembros de la Unión vetara su entrada. Si se prescinde de este supuesto -por ejemplo, porque España, disconforme con una secesión unilateral, ejerciera el veto- entonces habría que pensar que la nueva Euskadi no llegará a formar parte de la Unión Europea y que, en consecuencia, sus relaciones económicas con dichos Estados se verán mediatizadas por el aparato de protección vigente en ella.
El segundo alude a la actual configuración de las relaciones que vinculan a la economía vasca con la española y con las europeas, así como a la importancia que para el País Vasco tienen tales relaciones. Tener en cuenta esta configuración es imprescindible para la referida evaluación, pues sólo a partir de la base realmente existente es posible intentar un cálculo prospectivo. A este respecto debe tenerse presente que el funcionamiento de cualquier economía encierra una gran inercia y que los cambios son siempre lentos y acumulativos. En la economía no hay nunca revoluciones ni es posible forzar transformaciones radicales a corto plazo mediante la acción política; ello hace que cualquier perturbación externa ocasione largos y costosos procesos adaptativos.
Y el tercero concierne al hecho de que sólo una parte del problema que aquí se aborda es susceptible de valoración cuantitativa debido a que sólo existen registros estadísticos de las relaciones comerciales, pero se carece de datos precisos de los intercambios de naturaleza financiera, en particular sobre las inversiones.
Como se acaba de señalar, se conocen bien los intercambios comerciales que vinculan el País Vasco con España y con los demás países del mundo, de manera que, a partir de ellos, puede obtenerse una idea cabal de su importancia para la economía vasca. Una visión global de esos intercambios -referida en los datos a 1999, último año éste para el que se dispone de información completa- se recoge en los datos que aparecen en el cuadro 1. A partir de ella, se puede destacar que:
Las relaciones con el exterior son cruciales para el funcionamiento de la economía vasca dado su alto nivel de apertura a los intercambios con otras áreas. Considerando la totalidad de éstos -es decir, tanto los referidos a los bienes como a los servicios-, las exportaciones y las importaciones suponen más del 65 y del 63 por 100 del PIB, respectivamente. Esta apertura exterior es imprescindible para que dicha economía se haya ido especializando en las producciones para las que cuenta con mayores ventajas relativas y, en consecuencia, para que, explotando éstas, se haya logrado un nivel de bienestar apreciable que, en términos del PIB per capita, se sitúa alrededor de la media europea y, por tanto, por encima del promedio español.
La mayor parte de esas relaciones se concreta en los intercambios que el País Vasco realiza con el resto de España. Así, seis de cada diez euros de importación o exportación corresponden a las mercancías y servicios que se trasiegan entre ambas áreas geográficas. Y los cuatro restantes conciernen a las vinculaciones entre el País Vasco y el extranjero -donde lo fundamental son las que se establecen con los países de la Unión Europea-. Es, por tanto, una falacia pensar que, como ha dicho en alguna ocasión el presidente del PNV, los vascos "no necesitamos a Madrid para nada".
Más aún, la relación con Madrid -término éste que debemos tomar como una metáfora de España- no sólo es fundamental para la economía vasca, sino que, además, se salda con un déficit de apreciable dimensión para ésta que sólo es sostenible gracias al superávit que se obtiene en los intercambios con el extranjero.
Digamos finalmente que el comercio exterior vasco de bienes se distribuye entre España y el extranjero de manera más equilibrada que el de servicios. Así, mientras que sólo un 56 por 100 de los intercambios de mercancías se realizan con las demás regiones españolas, esa proporción alcanza el 87 por 100 en los servicios.
En síntesis, la evidencia contable pone de relieve que la economía vasca se ha estructurado de manera tal que su vinculación con el exterior, muy importantemente con España, ha de mantenerse en un alto nivel para asegurar el funcionamiento de las actividades productivas y, con ello, la generación de las rentas que garantizan el nivel de vida actual de la población vasca.
¿Sería posible mantener esas actividades y esas rentas si, finalmente, el nacionalismo logra imponer la secesión del País Vasco? La respuesta a esta cuestión es claramente negativa si se acepta la idea, antes enunciada, de que la secesión dejaría al País Vasco fuera del marco de la Unión Europea. Ello es así debido a que la salida de España y de la Unión conlleva un cambio radical del marco institucional que, en una primera aproximación, implicaría el establecimiento de barreras arancelarias para las exportaciones vascas. Tales barreras supondrían, de manera automática, una elevación de los precios de esas exportaciones y, debido a la sensibilidad de la demanda a este elemento, una reducción de su cuantía.
¿Hasta dónde podría llegar esta reducción? Puede contestarse a esta pregunta a partir de algunos supuestos razonables acerca de dicha sensibilidad o elasticidad-precio de las exportaciones y del nivel de la protección arancelaria, como los que se recogen en el cuadro 2. Y la respuesta señala que las exportaciones de la nueva Euskadi pueden experimentar una caída de entre el 2,7 y el 4,5 por 100, lo que, en términos del PIB, equivale a una cifra que se mueve entre el 1,3 y el 3 por 100.
Estas cifras, aparentemente modestas, supondrían, por su repercusión en el saldo exterior, una reducción de entre el dos y el tres por ciento del PIB vasco, implicando así un deterioro del nivel de bienestar de la población. Además, la economía vasca pasaría de su actual situación de superávit externo a otra de déficit en la que el saldo negativo se situaría entre el 0,9 y el 2,1 por 100 del PIB.
Las cifras precedentes constituyen el coste directo e inmediato de la "no España" para el País Vasco que, partiendo de los datos de la contabilidad regional y aplicando supuestos razonables, es posible estimar. A él habría que añadir el coste adicional que, en términos dinámicos, se derivaría, por la reducción de actividad que implica, de una perturbación como la indicada; un coste éste que, a falta de un modelo macroeconómico de la economía vasca, no es posible calcular por el momento.
Pero más allá de esta derivación cuantitativa de la información contable, pueden hacerse otras consideraciones que permiten intuir que el impacto de la secesión sería mucho mayor que el que se acaba de señalar. Ello es así debido a que una buena parte de las empresas sobre las que, debido a su tamaño o a su liderazgo en el terreno tecnológico, gravita la economía vasca, se encuentran fuertemente integradas en el espacio nacional español. Sus negocios y su actividad productiva se reparten a lo largo y ancho de esa geografía, de manera que una alteración radical de ésta, por medio de la aparición de fronteras, podría dar lugar a reestructuraciones adaptativas destinadas a preservar su cuota de mercado. Tal alteración no consiste sólo en la aparición de la, por lo demás, reducida protección arancelaria a la que se ha aludido en los párrafos anteriores, sino también en posibles reacciones de rechazo de los consumidores a los productos de origen vasco -que serían tanto más intensas cuanto menos consensuada fuera la secesión- o en la desaparición de los canales privilegiados de comunicación que, por su pertenencia a España, tienen con los decisores políticos las empresas que abastecen el mercado público. Por ello, no resultaría sorprendente que algunas de esas empresas acabaran deslocalizándose, abandonando el País Vasco, o que experimentaran procesos de segregación de activos con objeto de aislar sus actividades de ámbito regional con respecto a las realizadas en el resto de España. Ambos fenómenos podrían tener efectos devastadores sobre la economía vasca.
Una idea de la importancia que tiene lo que se acaba de indicar puede obtenerse recurriendo a algunos ejemplos significativos. En el cuadro 3 se recogen datos de las diez mayores empresas domiciliadas en cada una de las provincias vascas, que, en su conjunto, facturan una cifra equivalente a casi el 60 por 100 del PIB regional; y en el 4 se ofrece información sobre la localización de los centros de producción de algunos grupos líderes, tanto en el plano comercial como en el tecnológico.
Entre estas empresas se cuentan casos de filiales de multinacionales extranjeras, de entidades integradas en grupos de capital nacional español radicados fuera del País Vasco y, lógicamente, de firmas controladas por el capital regional. Aunque alguna realiza la práctica totalidad de sus actividades en el ámbito del mercado vasco, casi todas ellas extienden sus negocios y funciones productivas en diversas regiones españolas o en el extranjero. Así, en el caso de MCC -el mayor grupo industrial y, contando la facturación de Eroski, también comercial vasco-, una parte nada despreciable de sus empresas se localizan en otras regiones de España o en otros países, de manera que más de la mitad de sus 60.000 sus trabajadores están empleados fuera del País Vasco. Iberdrola, segundo grupo por facturación, tiene centros de producción en casi todas las autonomías y sólo así puede reunir el 37 por 100 de la potencia instalada para la generación de energía eléctrica y abastecer al 41 por 100 de la población española. El grupo Correo, que lidera el segmento de la prensa española de ámbito regional y que, además, participa en otros medios audiovisuales, edita sus periódicos en nueve Comunidades Autónomas. Gamesa, empresa emblemática de una capacidad industrial diversificada en actividades y tecnologías innovadoras, también está presente con sus unidades productivas en gran parte de las regiones españolas. ITP, que ha alcanzado un importante reconocimiento en el mercado internacional de turbinas, distribuye sus actividades entre el País Vasco -donde sólo cuenta con el 35,6 por 100 de su empleo-, Madrid -con el 43,9 por 100- y sus filiales en el extranjero -con el 20,5 por 100-. Y, en fin, CAF, que por su participación en los programas de renovación del material móvil de RENFE -principalmente por lo que concierne a los trenes de cercanías- y de los metropolitanos de Madrid y Barcelona, ha podido desarrollar tecnologías punteras en el terreno ferroviario y hacerse un hueco entre los competidores mundiales de este mercado, no sólo fabrica fuera del País Vasco, sino que concentra la mayor parte su facturación entre el resto de España y varios países extranjeros.
Pues bien, es a este tipo de empresas y a sus actividades a las que hay que aludir al tratar de visualizar las consecuencias de la secesión si ésta induce, como es probable, procesos de deslocalización o de segregación de activos, como antes se ha señalado. A este respecto, sólo cabe formular hipótesis tentativas, pues la escasa disponibilidad de datos de naturaleza microeconómica no permite un análisis afinado. Así, si esos fenómenos acabaran afectando a tan sólo una cuarta parte de las actividades de los grupos industriales aludidos en el cuadro 3, ello significaría para el País Vasco una reducción del 6,5 por 100 de su PIB.
Por tanto, contando con las limitaciones y supuestos que son inherentes a cualquier ejercicio prospectivo, los resultados que se han obtenido a lo largo de este trabajo señalan que el coste directo de la "no España" derivado de la secesión del País Vasco podría alcanzar una cifra del orden del 9,5 por 100 del PIB. Esta cantidad -que se encuentra próxima a la que Alberto Abadie y Javier Gardeazabal estimaron como coste del terrorismo durante los años ochenta y noventa- implica que, en términos del PIB per capita, el País Vasco puede experimentar un retroceso de su posición relativa desde el quinto al sexto puesto entre las regiones españolas o, si se prefiere, de ocupar un lugar próximo al promedio de la Unión Europea a situarse un 10,4 por 100 por debajo de ésta. Ello vale tanto como decir que la secesión supondrá desandar el camino de la última década y deshacer los logros alcanzados en ella para que los vascos pudieran converger hacia el nivel de bienestar prevaleciente en Europa. Tanto sacrificio, seguramente, no merece la pena.

MIKEL BUESA
Catedrático de Economía Aplicada (Universidad Complutense)