Arnaldo Otegi

ABC, 25 de marzo de 2004

Salaberria, condenado por enaltecer a ETA, será ponente del plan Ibarretxe

J. J. SALDAÑA/

VITORIA. Mientras el grupo de la ilegalizada Batasuna presiona al PNV, el plan Ibarretxe no deja de suscitar polémica, sobre todo por los «tejemanejes» utilizados en su tramitación ante la cámara vasca. Tras el rechazo del PNV a la oferta socialista de reformar el estatuto, el PSE-EE le acusa de impedir a los parlamnetarios ejercer su labor conforme a la ley.

Una vez más, populares y socialistas denunciaron la tramitación antirreglamentaria del plan Ibarretxe. En un primer momento, para evitar, entre otras cosas, que el Tribunal Constitucional suspendiera su tramitación, el Ejecutivo vasco lo remitió al parlamento como una «propuesta», sin rango de ley. Aunque poco usual, salió adelante con la complicidad de la mesa del parlamento, de mayoría nacionalista, que ordenó su debate y aprobación como un «proyecto de ley» cualquiera.

El presidente de la Comisión de Instituciones e Interior, José Antonio Rubalcaba, del PNV, puso el pasado lunes el perejil a todo este desaguisado y para que el plan Ibarretxe superara el primer trámite y no fuera devuelto al Gobierno, decidió que se votaran una por una las enmiendas a la totalidad, y no de forma conjunta, como establece el Reglamento. De este modo, evitó la posibilidad, más bien lejana, de que Socialista Abertzaleak que ha ofrecido su «mano tendida» al PNV para llegar a un acuerdo votara junto al PP y el PSE, y que no se llegara a debatir en el parlamento.

Ante estos hechos, el PP y PSE-EE anunciaron que pedirán a la mesa que anule el sistema de votación que impuso, de forma «autoritaria» Rubalcaba. Esta vez no fueron los populares los que con más dureza criticaron la actuación del PNV, sino el PSE-EE que expuso la «agresión constante» que están sufriendo los derechos de la oposición ante «la imposición» del «plan Ibarretxe». Rodolfo Ares, que volvió a pedir su retirada, dijo que la actitud de Rubalcaba vulnera el artículo 23.2 de la Constitución «que reconoce el derecho a que las personas que han accedido a sus funciones y cargos públicos se mantengan en ellos sin perturbaciones ilegítimas y los desempeñen de conformidad con lo que las leyes dispongan».

«La llave» del plan

Por su parte, Socialista Abertzaleak, que se autodefine como «la llave» del plan Ibarretxe, se sentará en la ponencia, pese a haber sido disuelto por el Tribunal Supremo.

Para «esta segunda transición», como la izquierda abertzale califica el actual momento político, han designado para que les represente al ex dirigente batasuno Arnaldo Otegi -principal artífice, junto a Joseba Egibar, que también tiene su silla reservada, del pacto de Lizarra- y a Jon Salaberria, que ha sido juzgado y condenado por el TSJ del País Vasco a un año de prisión y siete de inhabilitación por enaltecimiento de acciones terroristas -está pendiente de recurso-, y también investigado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por su relación con Ekin, el aparato político de ETA. En círculos nacionalistas, el que Salaberria forme parte del equipo de trabajo de la propuesta del lendakari ha sentado como un jarro de agua fría; para el PP es una provocación mas.