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El Correo, 12 de febrero de 2004
Prodi replica al PNV que el plan Ibarretxe no tiene base legal en el Tratado de la UE
La Comisión y el Consejo rechazan investigar la reforma penal del PP como pedía Ortuondo, que presenta una queja
LOURDES PÉREZ/BILBAO
El PNV ha recibido en Europa una doble negativa ante su denuncia de la reforma del Código Penal promovida por el Gobierno de Aznar para castigar al lehendakari si convoca un referendum unilateral. El eurodiputado de la formación peneuvista, Josu Ortuondo, había dirigido sendas preguntas a la Comisión y al Consejo para intentar que las instituciones europeas investigaran si la iniciativa del Ejecutivo español «viola» los principios de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos consagrados y protegidos por los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión. La iniciativa ha sido rechazada en ambos casos, con una advertencia añadida sobre el plan Ibarretxe en el caso de la Comisión.
Ortuondo basaba sus quejas en las duras críticas vertidas por un centenar de profesores y catedráticos contra los cambios penales -que prevén el encarcelamiento del lehendakari en el supuesto de que organice un plebiscito-, al tiempo que apelaba a la «obligación ética, política y legal» de las instituciones europeas para que verifiquen la legalidad o no de la reforma. El presidente de la Comisión, Romano Prodi, zanja la cuestión con una respuesta de apenas ocho líneas, cuyo contenido Ortuondo dijo ayer desconocer.
En el escrito, Prodi fundamenta su negativa en que el órgano que encabeza no está facultado para intervenir ante actuaciones como las denunciadas por el europarlamentario peneuvista, pero no deja ahí el asunto. Junto a ello, y «en este contexto», recuerda a Ortuondo que el Tratado de la UE no puede ser utilizado «bajo ninguna circunstancia» como «base legal» para la propuesta de Ibarretxe y le remite a la contestación ofrecida, en los mismos términos, a la diputada Rosa Díez en octubre de 2002. Pese a aquel pronunciamiento, el lehendakari ha insistido en que la UE alienta la «presencia normalizada» de nacionalidades y regiones en sus órganos de decisión.
La réplica de Prodi se conoció pocas horas antes de que Ortuondo volviera a plantear en Estrasburgo su denuncia, esta vez dirigida al Consejo. El representante de la presidencia irlandesa, Dick Roche, la rechazó limitándose a remarcar que los principios de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos recogidos en el Tratado de la UE y aludidos por el interpelante «son comunes a los estados miembros».
Visiblemente molesto tras conocer la primera resolución, Ortuondo se quejó ante Prodi por haberse enterado de su respuesta no por él, sino por la Prensa. Tras citar un antecedente similar protagonizado por Loyola de Palacio, el representante jeltzale arguyó que el lehendakari «nunca ha pedido a las instituciones europeas que amparen su iniciativa» y objetó que su pregunta no pedía a la Comisión que se pronunciase sobre el plan, sino sobre la «pernición constante» del Estado de Derecho realizada, a su juicio, por el Gobierno del PP.