DISTENDIDO. López Aguilar posa en las dependencias del Ministerio de Justicia. / JOSÉ RAMÓN LADRA

El Correo, 1 de Agosto de 2004

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR, MINISTRO DE JUSTICIA

«No hay posibilidad de que el plan Ibarretxe prospere por mil razones»

Sostiene que el PSOE «cerrará la puerta» al proyecto en las Cortes y dice que la singularidad vasca «tiene recorrido» en la España autonómica
LOURDES PÉREZ/MADRID

El benjamín de los ministros socialistas (Las Palmas, 1961) aparece en la entrevista en uniforme de trabajo, una cuidada combinación de vaqueros y americana azul marino. Juan Fernando López Aguilar, licenciado en Derecho y experto constitucionalista, responde luego a las preguntas en un tono pausado y medido, con el que construye un discurso conciliador en las formas y rotundo en su contenido.

-¿Por qué salieron tan satisfechos de la reunión con el lehendakari?

-(Pausa) Hay que valorarla en sus justos términos. Hemos cumplido la palabra dada de normalizar el diálogo institucional recibiendo a todas las comunidades, independientemente de su color político o de las discrepancias que existan desde el pasado remoto, el inmediato o que estén sobre la mesa. Eso, en sí, es una buena señal. Lo anómalo era lo contrario.

-En la entrevista, Ibarretxe aceptó incorporarse al proceso general de reformas estatutarias, pero sin renunciar a su proyecto. ¿Cómo van a conciliar una cosa con la otra?

-La España plural, constitucionalmente organizada, es compleja, con problemas singulares que no resulta fácil encajar en ese proyecto común de convivencia. Y esto tiene mayor incidencia en las comunidades que cuentan con singularidades muy arraigadas y constitucionalmente protegidas, como ocurre en el País Vasco, donde, además, existe una pulsión nacionalista de largo recorrido. El lehendakari está ba- sando su discurso en un plan que es frontalmente inconstitucional, hace abstracción del terrorismo y rompe las reglas del juego. Pero todo esto no se resuelve con una rueda de prensa, sino que requiere de una interlocución en la que se pueda aprender a confiar en la capacidad de dialogar y escuchar de la otra parte.

-¿Su voluntad es tender un 'colchón' para que reconduzca su plan?

-Frente a la política desarrollada por el PP, estamos dispuestos a generar un clima de diálogo a partir de la firmeza de nuestras posiciones: las singularidades de la comunidad del País Vasco en la España autonómica tienen recorrido, tienen potencialidades; hace falta tiempo. Vamos a desarrollar una política autonómica distinta, sin cuestionar el orden constitucional o que la soberanía reside en el pueblo español.

-Sin embargo, Ibarretxe apuesta por la cosoberanía entre Euskadi y España. ¿A qué debe renunciar para ajustarse a la Constitución?

-España es una realidad consolidada en el tiempo y el País Vasco forma parte de ella. La Constitución tiene como uno de sus principales méritos afirmar que la identidad española es compatible con las identidades a las que se reconoce el derecho de autonomía, ya sean nacionalidades o regiones. El País Vasco cabe en España, y todo el esfuerzo de los socialistas se va a orientar a preservar esa garantía de convivencia. Siempre nos opondremos a quien pretenda revisar la columna vertebral de esa garantía, que es que existe un pueblo español, compatible con los pueblos de España, entre ellos, el pueblo vasco.

-Eso echa por tierra la principal aspiración de los nacionalistas.

-No vamos a transigir que, por ninguna vía, se nos plantee que Euskadi y España sean realidades disociadas, que no se mezclan, que desde instancias paralelas negocian de igual a igual. Euskadi existe políticamente porque España existe constitucionalmente. Por ello, le cerraremos el paso a cualquier pretensión de que Euskadi y España sean realidades separadas. Eso lo sabe el lehendakari. Se lo hemos dicho con respeto y cordialidad, pero con inconmovible firmeza.

«Por mil razones»

-¿Existe entonces alguna posibilidad de que el plan prospere?

-No hay ninguna, por mil razones. Primero, porque nos esforzaremos para que los vascos que tienen todo el derecho a no votar nacionalista participen de nuestras convicciones. Segundo, porque vamos a impedirlo con nuestro voto en el Parlamento vasco. Tercero, vamos a garantizar que, en el supuesto de que la Cámara lo apruebe, le cerraremos la puerta con nuestros votos en las Cortes. Y cuarto, porque aseguraremos que se cumplan las reglas del juego.

-El lehendakari someterá su iniciativa al refrendo parlamentario en los próximos meses. ¿Cómo van a reaccionar si sale adelante?

-El plan, tal cual está, no prosperará, porque Ibarretxe necesita mayoría absoluta y no la tiene, salvo que cuente con los votos de Batasuna, lo que no parece ser el caso, pero es que además esto deslegitimaría profundamente la iniciativa. Pero no basta con esa votación, tendrá que venir a las Cortes. Y aquí se queda. Si el Parlamento vasco lo aprueba, sería un acto procedimental, no definitivo y sin mayor eficacia práctica en términos de modificaciones constitucionales.

-Pero sí tendría consecuencias políticas. Ya no se trataría sólo de la propuesta de Ibarretxe, sino de la mayoría del Legislativo vasco.

-Las cosas hay que afrontarlas cuando se plantean. Y una de las formas de impedir que los problemas lleguen a su peor hipótesis es dialogar preventivamente. Aznar se empleó a fondo para espolear a los nacionalistas y situarles al borde del abismo. Nosotros apostamos por otra política autonómica y por dar solución a los problemas conforme se vayan produciendo. En el caso de que el plan prosperara en el Parlamento vasco, vendría al español y ahí se quedaría. Pero confiamos en el diálogo institucional para no llegar a esa situación.

-¿Sería legítimo un acuerdo avalado por la izquierda radical?

-El PNV se perjudica severamente si se vincula de esa manera a Batasuna. Una iniciativa que saliera adelante con su apoyo decisorio tendría un serio déficit de legitimidad y credibilidad, que dañaría cualquier intención política de Ibarretxe de dar fortaleza a su proyecto. Y una modificación de las reglas del juego que no tiene ninguna posibilidad de sustituir el consenso vigente agudizaría la fractura social, de forma contraproducente e inaceptable, y supondría caminar en dirección contraria a la búsqueda de consensos básicos.

-Usted es uno de los muñidores de la Ley de Partidos. ¿Batasuna podría concurrir a las urnas si desaparece el objeto -ETA- de la condena?

-La única evidencia es que ETA sigue ahí y que Batasuna es incapaz de desmarcarse de esa mafia criminal. El resto son hipótesis.

-¿Cuándo llevará a cabo su compromiso de despenalizar la convocatoria de referéndums?

-En la primera reforma del Código Penal, de manera razonable y marcando con diferencia lo que hizo el PP, que impulsó aquella desastrosa reforma en 10 días, contraviniendo principios constitucionales, violentando todas las reglas del juego parlamentario y causando un escarnio a la calidad democrática. Anunciamos que lo íbamos a cancelar y lo haremos, posiblemente, en el próximo período de sesiones.

-¿Y si Ibarretxe mantiene su intención de celebrar la consulta, aunque no cuente con su autorización?

-No vamos a estar inermes ante un atropello antijurídico como la convocatoria ilegal de un referéndum cuando no se tiene competencia para hacerlo. Pero los ciudadanos tienen derecho a saber que un acto ilegal puede ser anulado de mil maneras: en lo Contencioso primero, con un conflicto de competencias ante el Constitucional después, con la suspensión inmediata de cualquier actuación carente de base constitucional...; incluso se puede responder penalmente por extralimitación de funciones. Pero no hace falta idear, como si fuera un invento genial, un tipo penal para meter en la cárcel a Ibarretxe, porque constituiría una insensatez y no serviría para conseguir el efecto que busca.

-¿Constituiría otra insensatez ver a Atutxa inhabilitado por no disolver a Sozialista Abertzaleak?

-El proceso judicial está abierto y guardaré respeto absoluto. Incoar la ilegalización de Batasuna fue necesario y la aplicación de los autos del Supremo debió producirse en sus propios términos, disolviendo los grupos obedientes a la organización ilegalizada. Conozco las razones jurídicas que lo han hecho inaplicable en el Parlamento y las actuaciones judiciales para resolverlo. Dicho esto, la actuación de Atutxa es profundamente desacertada, errónea e irresponsable.