ABC, 24 de julio de 2003

El precio de la secesión de Euskadi

Por MIKEL BUESA. Catedrático de Economía Universidad Complutense de Madrid

DICHO sin tapujos y huyendo de cualquier eufemismo, el Plan Ibarreche, tal como se expresa en el texto articulado del «Estatuto político de la Comunidad Libre Asociada de Euskadi», no es sino un proyecto para la secesión del País Vasco, para hacer de él un nuevo Estado. Se trata de un proyecto en dos tiempos: el primero, que ahora conocemos en la precisión de su formulación jurídica, configura ese Estado en prácticamente toda su extensión, aunque mantiene un delgado hilo de conexión con España a fin de preservar la inserción de Euskadi dentro de la Unión Europea; el segundo, que vendrá después de no mucho tiempo, una vez asegurada la presencia institucional del País Vasco en Europa, implicará lisa y llanamente la ruptura de ese hilo y su definitiva independencia.

La motivación básica de este alambicado procedimiento para llegar a la declaración de independencia, es bastante simple. Los nacionalistas consideran que su separación de España no puede pasar por su segregación de la Unión Europea, pues, en tal caso, la secesión se saldaría con un coste económico demasiado elevado para que pudiera ser pacíficamente asumido por los habitantes del País Vasco. Ello es así porque la imbricación de la economía vasca con la española -y con las de los demás países europeos- es muy intensa. Y, lógicamente, cualquier ruptura de esa relación o cualquier elemento que viniera a dificultarla, puede perjudicar la actividad productiva, generar desempleo y alimentar el descontento en la sociedad.

En los estudios que he realizado sobre este asunto, se pone de relieve que la secesión del País Vasco, acompañada de su exclusión como territorio de la Unión Europea, ocasionará una importante reducción de la producción como consecuencia de los aranceles y de los costes de transacción que conlleva la existencia de fronteras. A este efecto directo se añade el que aparece como derivación de las estrategias que pueden adoptar las empresas para no perder mercados. Tales estrategias pueden ser muy variadas, como ocurre con las campañas de promoción, la diferenciación de marcas o el ajuste de costes, pero las que resultan más atractivas son las que pasan por el abandono del País Vasco y el traslado de las actividades a otras regiones de España. Según los resultados provisionales de una encuesta que todavía no está cerrada, esta última sería la solución preferida por la cuarta parte de las mayores empresas ubicadas en la región.

Por otra parte, al constituir un nuevo Estado, el País Vasco tendría que asumir el coste de ejercer las competencias en materia judicial, de regulación monetaria, de representación internacional y de protección social, pues, en todos estos ámbitos, el proyecto de Ibarreche aspira a ejercer su dominio y sólo deja fuera de él a la defensa, aunque ello no excluya que la Ertzaintza acabe desempeñando funciones de seguridad. Ese coste, debido a que desaparecería la actual transferencia neta de recursos que vierte el Estado sobre Euskadi, tendría que ser financiado con mayores impuestos y cotizaciones sociales, disminuyendo así la renta disponible de los vascos y su nivel de bienestar.

Las consecuencias de todo esto para la economía del País Vasco serían devastadoras. La reducción del empleo haría subir la tasa de paro hasta niveles que duplicarían sobradamente el actual y podrían llegar a situarse en más de la cuarta parte de la población activa. Por tanto, las oportunidades de trabajo serían aún menores que las actuales. Conviene recordar a este respecto que, debido a que en el País Vasco se crea poco empleo, durante las dos últimas décadas se ha registrado un saldo migratorio negativo de alrededor de cuatro mil personas al año. De ellas, siete de cada diez están en edad activa y se han ido para buscar oportunidades de rehacer su vida en otras regiones de España. Con la secesión este saldo acabará multiplicándose; y no sería sorprendente que, en un tiempo relativamente corto, un cuarto de millón de vascos tuvieran que abandonar su lugar de origen para poder sobrevivir.

Por tanto, como se ve, preservar la conexión europea resulta esencial para que los nacionalistas, al materializar institucionalmente su independencia, puedan eludir el penoso coste que, de no ser así, inevitablemente se derivaría de ella. El papel que se le reserva a España en el proyecto de Estatuto que lidera Ibarreche, es precisamente ese: Euskadi se define en la práctica como un Estado independiente cuya inserción en Europa se realiza a través de España, aunque sin ninguna posibilidad de que el Gobierno o las demás instituciones estatales españolas puedan intervenir en la relación correspondiente. Y así, el País Vasco estaría directamente representado en el Consejo de Ministros, tendría voto en la gestión de los fondos europeos, accedería sin mediación alguna al Tribunal Europeo de Justicia y elegiría sus propios diputados en el Parlamento de Estrasburgo.

Para dar satisfacción a estos deseos nacionalistas, los españoles tendríamos que violentar la Constitución, pues es evidente que las aspiraciones competenciales del proyecto de Ibarreche no encajan dentro de los límites de la Carta Magna. El caso más llamativo a este respecto es el que alude a la ruptura del actual sistema judicial unitario, pero no son menos relevantes los menoscabos que se proponen para la legislación penal, mercantil y civil, o la desaparición del principio de unidad de caja en la Seguridad Social o, en fin, la disgregación de la potestad supervisora y reguladora del sistema financiero.

La Constitución se vería así modificada, por la vía de los hechos, para dar solución al conflicto planteado por el nacionalismo vasco. Y tal modificación, de seguirse la técnica Ibarreche, nada tendría que ver con los procedimientos establecidos, sino más bien con los cambalaches políticos que pudieran acordarse al margen de las instituciones. Nuestro sistema democrático se vería así herido de muerte y España correría un serio peligro de disgregación. Si nos miramos en el espejo de otros países europeos que se han embarcado en cambios de esta naturaleza, podríamos comprender que casi nada de esto puede hacerse sin violencia; que el afán diferenciador de unos pocos acaba desencadenando los conflictos civiles; y que estas aventuras siempre terminan perjudicando a todos, incluyendo a quienes las promueven. Por ello, el verdadero precio de la secesión de Euskadi no será sólo el que razonablemente podemos calcular los economistas con nuestro instrumental analítico, bajo la hipótesis de que todos los acontecimientos discurren pacíficamente, pues a ese precio se añadirá sin duda el de una desolación que hoy ni tan siquiera visualizamos.