El Diario Vasco, 2 de marzo de 2004

La Fiscalía cree que el plan Ibarretxe es una reforma constitucional «fraudulenta»

Presenta en el TSJPV el informe de consideraciones dentro del proceso contra la propuesta de nuevo Estatuto Denuncia que es una estrategia política «camuflada»

EUROPA PRESS./BILBAO

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sostiene que el plan Ibarretxe es «una verdadera reforma constitucional que el Gobierno Vasco pretende imponer, haciendo un uso fraudulento de sus facultades legales y apartándose deliberadamente» del procedimiento establecido en la Constitución.

Ésta es una de las consideraciones que el Ministerio Público plantea en un informe presentado ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal vasco, dentro del procedimiento abierto contra la propuesta del lehendakari de nuevo Estatuto tras la impugnación del colectivo Manos Limpias. El texto de la Fiscalía responde a la alegación del Gobierno Vasco en la que apuntaba que esta sala no era competente para resolver sobre esta cuestión.

«Sin blindaje»

El escrito asegura que el acuerdo del Consejo de Gobierno del 25 de octubre de 2003, por el que el Ejecutivo autonómico aprueba este proyecto, «no nace al mundo jurídico blindado frente a los naturales mecanismos de control del Estado de Derecho». En esta línea, el Ministerio Público indica que la lectura de la propuesta «pone de manifiesto que su articulado, al margen del significado político que pretenda atribuírsele, no supera el más elemental test de razonabilidad, entrando, por ello, de lleno, en el ámbito de fiscalización que nuestras leyes confieren al orden contencioso-administrativo».

La Fiscalía vasca considera que la propuesta de nuevo Estatuto Político para la Comunidad de Euskadi «es la más genuina expresión de una estrategia jurídica de camuflaje». Destaca que, «bajo la apariencia formal de una iniciativa política de modificación estatutaria, se oculta un verdadero objetivo de desbordamiento del sistema constitucional y de ruptura con la legitimidad estatutaria hasta ahora vigente».

«Sostener que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo ha de permanecer al margen de tan flagrante vulneración de los principios estructurales del sistema constitucional, supondría propugnar una inadmisible concepción del papel de los tribunales de Justicia en un Estado democrático», argumenta.

Artículos del plan

En este sentido, el Ministerio Público insiste en que «es suficiente» leer el artículo II del nuevo Estatuto, referido a «los poderes en la Comunidad de Euskadi», o el IV, sobre «el poder público en la Comunidad de Euskadi», para comprobar que con el plan Ibarretxe «nos hallamos ante una verdadera reforma constitucional». Denuncia que el Ejecutivo de Vitoria «pretende imponer» esta modificación «apartándose de forma deliberada del procedimiento descrito en los artículos 166 a 169 de la Constitución Española».

La Fiscalía del TSJPV apunta que la nulidad de pleno derecho de la propuesta objeto de recurso se manifiesta también en su «oposición frontal con otras normas jurídicas del Estado». Entre ellas, cita la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la del Tribunal de Cuentas, la de Fuerzas de Seguridad del Estado y el propio Estatuto del Ministerio Fiscal.

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