Los parlamentarios del PP Iñaki Oyarzábal e Iñaki Ortega intercambian impresiones. / IGOR AIZPURU

El Correo, 17 de febrero de 2004

El grupo del PP vasco recurrirá también el plan Ibarretxe ante el Constitucional

Impugnará tanto el texto de la propuesta como el acuerdo de calificación de la Mesa

OLATZ BARRIUSO/BILBAO

Decididos a «agotar» todas las vías jurídicas posibles para impedir la tramitación parlamentaria del plan Ibarretxe, los populares vascos -en concreto, su grupo en la Cámara de Vitoria- interpondrán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la propuesta de nuevo Estatuto Político aprobada por el Gobierno vasco y el acuerdo adoptado por la Mesa el pasado 4 de noviembre. Entonces, el máximo órgano directivo de la Cámara decidió calificar la iniciativa como «propuesta de reforma del Estatuto» aunque decidió que siguiera el procedimiento ordinario reservado a los proyectos de ley.

Tras los recursos presentados, en este orden, por la Diputación de Álava, el Gobierno Aznar y el Ejecutivo de Navarra, los populares -que sólo entrarán al debate de la iniciativa para mostrar su «rotunda» oposición y defender su enmienda a la totalidad- culminan así su ofensiva jurídica contra el plan del lehendakari y exprimen la última posibilidad que les quedaba de llevarlo a los tribunales. Según confirmaron fuentes del PP a este periódico, el Grupo Popular Vasco formalizará la impugnación antes del próximo 24 de febrero, fecha en que expira el plazo, y lo hará alegando la «vulneración» de sus derechos como parlamentarios.

El argumento básico es que el proyecto del Ejecutivo vasco es una reforma constitucional «encubierta» y no una modificación estatutaria, por lo que, en todo caso, la iniciativa de presentarla no correspondería al Gobierno sino al Parlamento autonómico. Además, no se ajustaría al procedimiento previsto en la propia Carta Magna para su reforma.

A diferencia de la impugnación presentada por el Gabinete Aznar -cuya mera admisión a trámite supondría la paralización inmediata de la tramitación del proyecto-, el recurso del grupo del PP vasco no produce este efecto. Si la impugnación finalmente prosperara, supondría la «nulidad de todo lo actuado» hasta el momento por el Ejecutivo y el Legislativo vascos.

Forma y fondo

Los fundamentos jurídicos del recurso se basarán tanto en los defectos de forma en la tramitación como en el «fraude legal» que subyace en el fondo del proyecto. Así, el grupo del PP vasco alegará, por un lado, que el Ejecutivo de Ibarretxe «vulneró la legalidad formal» al no adjuntar la documentación que debe acompañar a toda iniciativa legislativa. También sostendrá que la Mesa incurrió en una falta similar al calificar la iniciativa como 'propuesta', un término no previsto legalmente.

Por otro lado, el PP apuntará una «deliberada vulneración» de la Constitución y el procedimiento previsto para su reforma. En este caso, según los populares, la modificación afecta «al propio núcleo» del texto constitucional, por lo que debería hacerse a través del procedimiento agravado recogido en el artículo 168, que exige mayoría de dos tercios en cada Cámara y disolución inmediata de las Cortes.