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EL CORREO, 10 de junio de 2004
El Tribunal Superior entrará a resolver la próxima semana el primer recurso al plan Ibarretxe
El aval del Constitucional al debate parlamentario introduce una «nueva variable» en la impugnación de Manos Limpias La admisión obligaría al lehendakari a replantear su proyecto
LOURDES PÉREZ/BILBAO
El plan Ibarretxe tendrá que sortear en breve un nuevo obstáculo
judicial, mes y medio después de que el Constitucional rechazara la impugnación
presentada por el Gobierno del PP y permitiera, en consecuencia, la continuidad
del debate parlamentario. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
iniciará la próxima semana -el día está por fijar-
las deliberaciones para resolver uno de los tres recursos pendientes contra
el proyecto del lehendakari, el que interpuso el pasado 11 de noviembre el sindicato
de funcionarios Manos Limpias. Si las previsiones se cumplen, la sentencia estaría
redactada para finales de este mes o, a más tardar, principios de julio.
Tanto el colectivo funcionarial como las otras dos partes impugnadoras -la Diputación
de Álava y el Gobierno de Navarra- formalizaron sus respectivas iniciativas
ante la Sala de lo Contencioso del TSJPV. Los tres procedimientos están
en manos de la Sección Segunda, integrada por su presidenta, Ana Isabel
Rodrigo, y los magistrados Luis Garrido, José Antonio Alberdi, Ángel
Ruiz y Roberto Sáiz; este último, que integra la Sala de lo Civil
y Penal, desempeña tareas de refuerzo. Los cinco tienen previsto entrar
a analizar el recurso de Manos Limpias la semana que viene, aunque el día
se decidirá sobre la marcha en función del calendario de trabajo.
La decisión que adopte el tribunal tendrá una repercusión
no sólo judicial, sino indudablemente política. Si los magistrados
desestiman la impugnación, el plan podrá seguir su cauce parlamentario
con normalidad, al menos hasta que se estudien los otros dos recursos, lo que
ocurrirá previsiblemente transcurrido ya el verano. Pero si la aceptan
porque observan que el proyecto no se ha ceñido a los procedimientos reglados,
el Gobierno de Ibarretxe se vería forzado a replantearlo y eso trastocaría
los plazos en los que se mueve, que pasan por someter la propuesta a votación
en el Parlamento a finales de año y agotar la legislatura.
Aunque el «ámbito de conocimiento no es el mismo», las fuentes
consultadas constatan que los magistrados no podrán sustraerse en sus
deliberaciones de la «nueva variable» que ha introducido el Constitucional
al rechazar el recurso que presentó en su día el Gobierno de Aznar.
Junto a ello, los distintos impugnadores se han enfrentado desde el principio
a la indefinición del plan, que el Ejecutivo vasco registró como
una genérica propuesta y no como proyecto de ley en un intento de blindarla
ante eventuales causas judiciales.
Manos Limpias considera que el acuerdo alumbrado por el Consejo de Gobierno el
pasado 25 de octubre «ha vulnerado las notas y elementos de todo acto administrativo»,
que estaría viciado, según su criterio, porque Ibarretxe pretende «el
ejercicio efectivo de la soberanía y la secesión» y «la
progresiva desconstitucionalización» del País Vasco. El colectivo
solicitó, de entrada, la suspensión cautelar de la tramitación
del plan, lo que fue denegado por los jueces porque no eran competentes para
ello. La Diputación alavesa también lo intentó, ya formalizada
su demanda, con el mismo resultado.