EL CORREO , 17 de junio de 2004

El Gobierno promoverá antes de fin de año la derogación de la reforma contra el plan Ibarretxe

AGENCIAS/MADRID

El Gobierno promoverá en el próximo periodo de sesiones, antes de fin de año, la derogación de los artículos del Código Penal que castigan con penas de tres a cinco años de cárcel e inhabilitación la convocatoria de referendos ilegales, según anunció ayer el ministro de Justicia en el Congreso. Juan Fernando López Aguilar respondió así a la diputada del PNV Margarita Uria, quien le preguntó «qué lugar ocupa en el calendario legislativo del Ejecutivo» la supresión de los tres artículos que la Cámara Baja aprobó la pasada legislatura con los votos del PP para dar respuesta al plan Ibarretxe.

Uria observó que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ya había manifestado su voluntad de derogar esta reforma del Código Penal, pero emplazó al Ejecutivo a hacerlo con la misma urgencia con que acordó el regreso de las tropas de Irak o anunció la paralización de la Ley de Calidad de la Educación y del trasvase del Ebro.

El ministro aseguró que cumplirá con su compromiso, pero en el próximo periodo de sesiones, habida cuenta de que la actividad parlamentaria ordinaria termina el próximo 30 de junio y se trata de una ley orgánica, que requiere «un tiempo de tramitación». López Aguilar recordó que la «inmensa mayoría de los grupos parlamentarios» se opusieron a una reforma legislativa que «en cuanto a las formas significó un antimodelo de tramitación parlamentaria y, en cuanto al fondo, contradijo los principios de intervención penal mínima y de proporcionalidad».

Eso sí, el titular de Justicia explicó que la convocatoria ilegal de un referéndum es «sin duda un quebrantamiento de las reglas de la lealtad constitucional y del orden de convivencia» y, por tanto, «no debe ser transigido». Asimismo, recalcó que el Ejecutivo socialista se opone al plan Ibarretxe y que «está dispuesto a hacer valer su fuerza social, política y parlamentaria para que no prospere», pero sin recurrir a «estratagemas que erosionen o desprestigien el Estado de Derecho».