La Voz de Galicia, 02 de septiembre de 2003

Preocupaciones autonómicas

(| XAQUÍN ÁLVAREZ CORBACHO |)

EL PRESUPUESTO agregado de las comunidades autónomas supera ya los 92.832 millones de euros (15,4 billones de pesetas), lo que significa un protagonismo económico y político del 29% dentro del sector público español. O sea, de cada 100 euros gastados por el sector público, 58 los gestiona la administración central, 39 la administración autonómica y el 13 restante la administración local.

En lo que respecta a la comunidad autónoma gallega, interesa añadir que su presupuesto es hoy de 1,2 billones de pesetas, equivalente al 19% del PIB de Galicia. Como el grueso del mismo se destina a los servicios clave del Estado de Bienestar (sanidad, educación, vivienda, servicios sociales, etcétera), conviene analizar las características y dinámica de su financiación. Esas características son las siguientes.

Uno. El sistema básico que financia las autonomías se nutre de ingresos que proceden de tributos cedidos (IRPF, IVA, Impuestos Especiales, etcétera) y de una transferencia estatal compensatoria. Pero la importancia relativa de estos dos bloques de ingresos es desigual, generando a su vez efectos perversos e indeseados. Así, los ingresos por tributos cedidos financian todos los servicios en Baleares y Madrid (incluso deben devolver una parte), casi todos en Cataluña (87%) y en la Comunidad Valenciana (73%), mientras no llegan a la mitad en Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura, que reciben por eso la subvención correspondiente. Pero este hecho, unido al crecimiento desigual de las economías regionales, provocará diferencias significativas (ya sucedió antes) en la suficiencia financiera de las comunidades beneficiando a las más ricas.

Dos. Los impuestos indirectos y los salarios gravados por el IRPF proporcionan el grueso de los ingresos autonómicos (entre el 80 y 90 por ciento del total), generando un patrón distributivo de la carga fiscal muy regresivo e injusto.

Tres. Los instrumentos de solidaridad -fondo de compensación interterritorial (FCI), fondos europeos y asignaciones de nivelación- ofrecen dudas razonables sobre su eficacia presente y futura. Las incertidumbres de los fondos europeos, las insuficiencias del FCI y la inoperancia de las asignaciones de nivelación, que funcionan al margen de las causas reales que explican el aumento del gasto sanitario o educativo, fundamentan esta afirmación.

Cuatro. La ley 21/2001, reguladora de la financiación autonómica, surge con ingenua vocación de estabilidad y permanencia. Ignorando que eso es siempre un anhelo imposible. Pero si además el sistema genera ingresos insuficientes, desiguales, regresivos y poco solidarios entre los territorios, su revisión es inexorable. Son preocupaciones eternas ligadas a la lógica autonómica.