M. J. ALEGRE/COLPISA. MADRID

La economía española obtiene un aprobado alto por su crecimiento y creación de empleo en 2003 si se compara con los demás socios de la UE. Pero no se puede decir lo mismo de los progresos en materias sociales. El informe anual que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca que el encarecimiento de la vivienda constituye uno de los mayores problemas de las familias. Además, constata la debilidad del sistema de protección social y la persistencia del retraso económico respecto a los países más avanzados de la Unión.

El aumento en un 2,4% del Producto Interior Bruto (PIB) superó por noveno año consecutivo la media comunitaria (0,7%) y estuvo acompañado por unas cuentas públicas equilibradas. Pero el INE no pasa por alto que el superávit que alcanzó el conjunto de las administraciones públicas -el 0,3% del PIB- se debió «totalmente a la mejora de la situación de la Seguridad Social». «La Administración del Estado, sus organismos autónomos y las administraciones territoriales registraron déficit por segundo año consecutivo después de la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria», advierte.

El informe subraya que el «desmesurado» encarecimiento de la vivienda dificulta el acceso a ella de «importantes segmentos de población» y alerta sobre el acusado descenso, en los últimos años, en la construcción de pisos de protección oficial.

Se amplía la brecha

Además, apunta que, pese a las mejoras experimentadas en el sistema de protección social, persiste la debilidad de España en este terreno en el contexto europeo y sus serias dificultades para converger en él. El gasto destinado a este concepto supuso en 2001 el 20% del PIB, 1,2 puntos menos que en 1997, mientras en el conjunto de la UE representó el 27,5% tras un descenso de medio punto en ese periodo. Es decir, en ese quinquenio España elevó su diferencial en un punto, hasta los 7,5.