ABC, 25 de enero de 2004

La solidaridad de campanario en un mundo abierto

Por UBALDO NIETO DE ALBA. Presidente del Tribunal de Cuentas

EN España, el aislamiento del régimen anterior nos situaba en organizaciones políticas, sociales y económicas centralizadas. El Estado asumía competencias que en un orden descentralizado corresponden a otros entes territoriales (autonómicos y locales), a otros agentes socioeconómicos (sindicatos y patronales), a otras instituciones (como el mercado) e, incluso, al propio ciudano, que tiene que asumir en una sociedad abierta la cuota de responsabilidad inherente a su grado de libertad. Ha sido la Constitución de 1978 la que, al situarnos a ese nivel superior que corresponde al Estado social y democrático de Derecho, nos obliga a asumir los valores de un sistema abierto que, al mismo tiempo que se integra, se descentraliza. El proceso descentralizador, tanto a nivel socioeconómico como a nivel territorial, constituye un largo camino en nuestra reciente historia, no ausente de tensiones, y que ahora cobra un nuevo valor con la integración en la UE y la globalización.

En el ámbito socioeconómico, el camino recorrido va desde el aislamiento del régimen anterior, en el que la competencia se decretaba (salarios, precios, tipos de interés, etc.), a la posterior apertura al exterior, donde la competencia se administra (tipos de cambio, ayudas a la exportación, subvenciones, etc.), pasando por ese intento de una competencia pactada (el llamado pacto de competitividad de 1991), hasta la entrada en vigor del euro. La competencia ya no se decreta, ni se administra ni se pacta, hay que practicarla. El proceso de integración en la UE está, a su vez, inmerso en un proceso más amplio de globalización, que está echando por tierra una premisa básica de la modernidad, la de vivir y actuar en espacios cerrados y recíprocamente delimitados por los Estados nacionales y sus sociedades. Ello hace aparecer nuevos ámbitos de solidaridad y nuevas relaciones de poder que demandan nuevas estrategias de cooperación y competitividad.

A medida que los espacios sociales y económicos se integran y globalizan, los espacios psicológicos y políticos se atomizan y en ellos lo local adquiere un significado especial, identificando al hombre con su lugar, con sus creencias, su cultura, su lengua y con solidaridades que se perciben más próximas. Frente a los efectos de la lejanía que provoca la integración a nivel supranacional o global, el apoyo a lo local funciona como un contrapeso, una compensación. Pero, en esta dialéctica de lo global y de lo local, que ya es habitual designar como «glocalización», cualquier aspecto, como la competencia, impuestos, empleo, ecología, droga y, especialmente, la solidaridad, debe contemplarse en función de cada ámbito de integración, donde no tienen cabida balances fiscales de campanario. Tal es el caso de la UE, donde la solidaridad rebasa las fronteras de los países miembros.

Cuando desde las CC.AA., mirando hacia arriba, se demandan espacios de propia decisión capaces de defender sus intereses ante la UE es conveniente recordar en qué ámbito de solidaridad nos encontramos y, lo que es más importante, que esta posibilidad de presión e influencia la está haciendo posible un entramado tecnocrático y burocrático cuya discrecionalidad influenciable es producto del todavía déficit democrático en el proceso de construcción europeo. Pues, frente al futuro político, económico y territorial de la UE, se requiere una cohesión territorial que genere una fuerza con poder y capacidad de negociación capaz de potenciar los aspectos positivos y de controlar los aspectos negativos de la competencia y de la solidaridad en el ámbito europeo. El mismo poder de planificar y coordinar que se requiere en el ámbito regional ante esa necesaria segunda descentralización hacia el nivel local donde la solidaridad, la gestión y el control son todavía más próximos.

Estos procesos de integración y descentralización hacen aún más complejo el problema más importante de nuestra sociedad, que siempre ha radicado en una falta de consenso sobre la distribución del producto nacional. Si bien los problemas de redistribución en sentido vertical, entre clases y sectores socioeonómicos, abordados mediante pactos, no afectan al orden institucional, no ocurre así con los problemas de redistribución a nivel horizontal o territorial que, además de afectar al orden institucional, inciden directamente sobre el Estado de bienestar. Cuando la solución de estos problemas se desliza hacia el modelo de oligopolio social, en ocasiones denominado «de los estados económicos del Reino», donde la competencia y el esfuerzo de gestión no se encaminan a producir valor real añadido, sino a mejorar la posición que genera la presión y la acción política, el proceso, en su evolución, marca una dinámica de desequilibrio cuyas tensiones redistributivas terminan neutralizándose con presupuestos con mayores impuestos, gasto y déficit públicos. Y, cuando, como sucedió en el pasado por efecto de la crisis económica, estas neutralizaciones con cargo al Presupuesto se ven frustradas, las tensiones y las fluctuaciones se amplifican, haciendo peligrar la estabilidad, el empleo y el Estado de bienestar.

La crisis económica ha puesto de manifiesto que el acelerado proceso tecnológico está introduciendo técnicas productivas que ahorran mano de obra; pero este fenómeno se produce en la aldea global, obligando a los países de economía abierta a adaptarse a las nuevas tecnologías y a vigilar los costes, si quieren mantener su actividad económica y el empleo. La actividad y el empleo constituyen los medios para financiar el Estado de bienestar, lo que impone como necesidad el tener que ser eficaces para mantenerse competitivos y, al mismo tiempo, poder ser solidarios. En un mundo abierto, el progreso del Estado de bienestar tiene que venir de procesos de integración y descentralización que, respetando la diversidad, persigan la eficacia y la solidaridad en espacios cada vez más amplios de integración.

En nuestro país, a medida que avanza la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal, los líderes autonómicos se ven obligados a introducir la variable fiscal en su función de popularidad y en los procesos electorales, ante un electorado que, considerando ya asumida la diversidad, valora cada vez menos esas ofertas y motivaciones relacionadas con identidades y singularidades, cuando no parafernalias, regionales. El ciudadano aumenta sus demandas de mejor gestión y menos impuestos y ya no ve a los gestores públicos como seres angelicales (homo romántico) que sólo buscan el bien general. Así, muchas de esas ofertas (creación de empresas, organismos, agencias, representaciones y delegaciones exteriores, etc.), las percibe más como intereses y preferencias de la clase en el poder, el llamado bienestar del Estado, que como respuesta al interés general y del Estado de bienestar. Además, algunas de esas empresas públicas, proporcionando déficits públicos y beneficios privados, nacen ya con genes envejecidos en esa especie de clonación del modelo de Estadonación que está desapareciendo con la integración. A ello hay que añadir la denominada «jungla normativa» con la consiguiente fractura de la unidad de mercado nacional y de la necesaria armonización con la UE.

La buena gestión, medible y comparable en términos estadísticos, está relacionada con el empleo, la productividad y el crecimiento; y la competencia y la solidaridad de campanario no tienen cabida en un mundo abierto que, al tiempo que se integra y globaliza, se descentraliza cada vez más.