El Diario Vasco, 8 de abril de 2004

Terrorismo y economía

EDITORIAL

El 11-S tuvo unos efectos económicos tan negativos como relevantes. En el ámbito global, la economía mundial, que ya ofrecía desde el final de la era Clinton algunos síntomas preocupantes de atonía y decadencia, entró entonces en un claro proceso de ralentización. Sectores como el turismo experimentaron una fuerte crisis en los meses posteriores al atentado, especialmente en los propios Estados Unidos y, más específicamente, en Nueva York.

Es evidente que los atentados del 11-M en Madrid han sido también de una extraordinaria gravedad y han revelado la terrible aleatoriedad de la amenaza del fundamentalismo islamista en todo el ámbito occidental. Esta vez no se ha generado pánico en los mercados y todo indica que, si bien pueden registrarse a corto o medio plazo algunos síntomas negativos en la confianza de los consumidores, la situación general estaría bajo control de no producirse nuevos episodios terroristas. Así lo ha asegurado el futuro ministro de Economía, Pedro Solbes, quien ayer anunciaba en Bruselas las perspectivas económicas de la UE y reconocía la víspera ante el Parlamento Europeo que «la amenaza terrorista podría seguir pesando sobre la confianza» de los agentes económicos. Por ello es probable que la Eurozona no llegue a crecer el 1,7% previsto -2,8% para España- y haya que efectuar algunas leves correcciones a la baja. También este pasado martes se hacía público en Londres el informe semestral del Fondo Monetario Internacional advirtiendo de que si se reprodujeran episodios terroristas como el de Madrid podría malograrse el «dulce» momento económico actual; de hecho, las únicas amenazas que atisba son las generadas por nuevas acciones terroristas y por una hipotética subida de los tipos de interés.

El terrorismo islámico difícilmente conseguirá reproducir la sorpresa y el desconcierto suscitados por los terribles episodios del 11-S. El brutal atentado de Madrid no consiguió infundir un pánico generalizado y encontró la respuesta tan indignada como firme de una sociedad y de un Estado maduros que afrontaron la crisis con solvencia. Los gobiernos están obligados a protegerse de esta nueva violencia irracional y demostrar la eficacia de las instituciones en la defensa de los ciudadanos para que, además de garantizar la lógica seguridad, los efectos sobre la economía queden reducidos a un mínimo reflejo estadístico.