El DiarioVasco, 8 de diciembre de 2003

La industria española, en democracia

ROBERTO VELASCO/CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UPV

Desde que en 1978 se aprobó la Constitución, la industria española ha vivido un cuarto de siglo apasionante en el que ha protagonizado grandes cambios productivos e influido sobremanera en el creciente bienestar de la población. Durante este período su participación relativa en el PIB ha cedido varios puntos porcentuales en favor de los servicios, recorriendo un proceso idéntico al registrado en otras naciones desarrolladas; pero su incidencia sobre el crecimiento del conjunto de la actividad económica continúa siendo trascendental, debido a su inigualable capacidad de generar, absorber y difundir todo tipo de innovaciones.

Claro que no todo ha sido un camino de rosas. Hasta 1983 el sector hubo de enfrentarse a una profunda crisis de carácter mundial y a las consecuencias de los errores cometidos por las políticas instrumentadas en la década anterior, que se caracterizaron por su aplicación tardía, su carácter defensivo y su incompetencia técnica. De hecho, la industria entró en los 80 con una clara desaceleración de los ritmos de crecimiento de la productividad, reducción de las inversiones, gravísimo exceso de capacidad en sectores clave (siderurgia, naval, textil...) y pérdida de ventajas competitivas de los productos españoles en los mercados internacionales. Una situación límite a la que hubo de aplicarse una socialmente muy dura terapia reconversora, iniciada tibiamente por el Gobierno de UCD y culminada con más arrojo por los socialistas a partir de 1984.

Los análisis más críticos de la reconversión industrial han puesto de manifiesto su excesivo coste para el erario público y la acusada lentitud del ajuste, pero es bien sabido que este tipo de procesos debe gobernarse en función de su asimilación política y social en cada momento histórico, siendo evidente lo delicado de la situación española en el inicio de la Transición política. El caso es que la reconversión fue más apreciada con el paso del tiempo y que durante el quinquenio siguiente se alcanzaron elevadas tasas de crecimiento de la producción y del empleo, así como un notable avance de la competitividad de las empresas y la homologación del ciclo industrial español con el internacional; unos registros que no se hubiesen alcanzado sin la incorporación de España a la entonces Comunidad Europea y la entrada masiva de capital extranjero que este acontecimiento histórico (el más importante del siglo XX para la economía española, junto al Plan de Estabilización de 1959/60) trajo consigo. Después, el sector ha atravesado por períodos de crisis, como la que tocó fondo en 1993, el peor año para la industria española e internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial; y otros de euforia coyuntural, como la etapa dorada que se inició en 1995 y supuso el despegue de la inversión industrial en el exterior con nuestras 'joyas de la Corona' y 'multinacionales de bolsillo' como protagonistas.

Si la Constitución de 1978 fue esencial para la incorporación de España a las instituciones europeas, también ha resultado clave para el desarrollo de unas relaciones industriales propias de un país democrático y avanzado, en las que empresarios y sindicatos han dado, en líneas generales y mejorando con el paso del tiempo, numerosas muestras de madurez en materia de diálogo social y concertación. Y también la Constitución ha sido el pilar de la España de las Autonomías que ha hecho posible el rediseño de la política industrial: hasta su promulgación, era la Administración central del Estado la protagonista exclusiva y, al amparo de la Carta Magna, las comunidades autónomas fueron recibiendo las competencias y recursos necesarios para diseñar y ejecutar políticas industriales de alcance regional. Circunstancia que, al darle una nueva orientación a la política industrial de la Administración central (más volcada en la coordinación y en la defensa de los intereses industriales españoles en ámbitos europeos y mundiales), nos ha reconciliado con la extendida idea de que una misma estrategia industrial puede tener consecuencias muy dispares si se aplica miméticamente en regiones que cuentan con diferentes dotaciones de factores económicos y cuyas trayectorias históricas han forjado subsistemas productivos con ciertas peculiaridades distintivas.

En definitiva, la política industrial se ha descentralizado y ganado en eficacia, pasando en pocos años de una época en la que sólo unos cuantos centenares de empresas, generalmente de mediano y gran tamaño, eran las destinatarias finales del apoyo público, hasta una situación en la que las actuaciones públicas se han multiplicado y llegan a miles de pequeñas empresas con programas específicos y medidas más ajustadas a sus necesidades reales.

Como consecuencia de este largo proceso, repleto de más luces que sombras, el sector industrial aportó más del 20% del PIB correspondiente a 2002, un porcentaje similar al de sus homónimos de los países más avanzados; con la particularidad de que sus aportaciones al Valor Añadido Bruto y empleo industriales de la Unión Europea han aumentado sin cesar desde 1980 y alcanzado cotas entre el 8% y el 10%, respectivamente. Una evolución que se ha producido en un marco económico internacional extraordinariamente complicado en el que las fuentes de generación de valor añadido dependen cada vez más del conocimiento y la tecnología, y donde la información se ha convertido en mercancía clave de la producción y de la gestión de las empresas.

En esta etapa histórica, jalonada además por una política de privatizaciones iniciada por el Partido Socialista y culminada prácticamente por el Partido Popular, en ambos casos con bastantes dosis de algo tan difícil de encontrar en esas lides como es el pragmatismo, el mapa industrial de España ha sufrido pocos cambios. No obstante, aunque se haya mantenido básicamente la geografía polarizada en sus enclaves históricos (Cataluña, Madrid, País Vasco), se ha hecho muy visible el espectacular avance de la Comunidad de Madrid en sectores de elevado contenido tecnológico, así como el retroceso relativo de la industria de la cornisa cantábrica frente al empuje del denominado eje del Ebro (Navarra, Rioja, Zaragoza) y, especialmente, del arco mediterráneo en sus segmentos valenciano y murciano.

Dicho de manera más directa y clara, la industria española ha superado en buena medida su retraso histórico y, con la valiosa ayuda de la inversión directa extranjera y de las instituciones europeas, ha demostrado su capacidad competitiva en los mercados más sofisticados y difíciles del mundo. En definitiva, una rápida pero serena valoración de este período histórico nos anima a decir que la industria española ha salido airosa de una gran parte de los desafíos y contratiempos a los que se ha enfrentado, aunque tiene todavía por delante un amplio recorrido hasta equipararse con las más avanzadas de nuestro entorno y garantizar de este modo su crecimiento a medio y largo plazo. Quedan muchas cosas por hacer en varios campos, especialmente en el ámbito de la I+D, de las tecnologías de la información y de la presencia productiva en el exterior, de eso no cabe duda. Pero tampoco es dudoso que los últimos 25 años han resultado decisivos para el desarrollo de una industria que estimamos hoy capaz de desenvolverse con cierta solvencia y desparpajo en el complejo y cambiante mundo de los mercados.