ABC, 24 de febrero de 2004

Economía de la secesión

MIKEL BUESA/Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

DESDE que, en el libro primero de su investigación acerca de la Riqueza de las naciones, Adam Smith descubriera que «el progreso más importante en las facultades productivas (de los hombres)... parece ser consecuencia de la división del trabajo», que ésta surge de «la propensión a permutar, cambiar y negociar una cosa por otra» y que, en consecuencia, sus límites están determinados «por la extensión del mercado», los economistas nos hemos interesado preferentemente por las políticas y los procedimientos destinados a engrandecer este último. Ha surgido así el énfasis en la libertad de comercio y, derivado de él, en la integración de las distintas sociedades, pues ambos fenómenos añaden un impulso esencial al desarrollo económico. Por ello, nos resulta llamativo -y no exento de una cierta sensación de extrañeza- que haya propuestas que se orientan en el sentido inverso, buscando la desintegración bajo el paraguas ideológico de la identidad del pueblo y de su independencia. Tal ha sido el caso, en la última década, tras el desmoronamiento del muro de Berlín -un espectáculo imponente que, por una de esas coincidencias casuales que tienen lugar una sola vez en la vida, tuve ocasión de presenciar allí mismo-, de las antiguas repúblicas soviéticas, yugoslavas y checoslovacas. Y tal es, ahora, el de la pretensión secesionista que se impulsa desde el nacionalismo, con el plan Ibarretxe, en el caso del País Vasco.

Un grupo de economistas académicos nos hemos ocupado de analizar las consecuencias que podrían derivarse de un proceso independentista en el País Vasco, lo que ha dado lugar al libro Economía de la secesión que ayer presentamos en el Instituto de Estudios Fiscales, su entidad editora. En él, hemos valorado los costes de la «no-España» para esa región, en la hipótesis de que su separación, de tener éxito, lo sería no sólo con respecto a España sino también con relación al conjunto de la Unión Europea. En las líneas que siguen sus principales conclusiones.

El primer aspecto a considerar es que la economía vasca llega al proceso de secesión muy castigada por la incidencia que sobre ella ha tenido el terrorismo. Más concretamente, se ha podido estimar que, de no haber existido ETA, el PIB del País Vasco sería un 25 por ciento más grande que el actual y que su población podría exceder en unas 300.000 personas a las que ahora habitan en él. Pues bien, ese castigo puede acentuarse aún más si se lleva a término el proceso de la secesión. Y ello, tanto porque la economía vasca se encuentra fuertemente imbricada con la española, como porque un significativo número de empresas medianas y grandes contemplan su deslocalización si el plan Ibarretxe sigue adelante.

Sobre el primero de estos aspectos, en el libro se estima que la intensidad de las relaciones comerciales del País Vasco con las demás regiones de España es entre 11 y 16 veces mayor que con cualquier otro país del mundo, en condiciones de equivalencia de tamaño, distancia, uso de una moneda común o pertenencia a una misma área comercial. Por ello, esas relaciones son de muy difícil sustitución; y su disminución derivada de la secesión conducirá a un proceso de decaimiento económico, tal como ha ocurrido en los países del este europeo antes mencionados. En cuanto al segundo, los resultados de una encuesta sobre el millar de empresas medianas y grandes existentes en el País Vasco, señalan que la mayor parte de ellas consideran que la política secesionista va a perjudicar sus negocios. De ahí que en cuatro de cada diez se hayan empezado a evaluar las estrategias a seguir en tal situación, contemplándose por una cuarta parte el traslado de la actividad productiva a otras regiones de España.

Disminución de las exportaciones y deslocalización de las empresas son fenómenos que han de redundar en una reducción de la actividad económica y, con ella, del empleo. La estimación del tamaño de estos efectos señala que el País Vasco puede perder entre el 10 y el 20 por ciento de su PIB, lo que equivale a una destrucción de entre 89.000 y 178.000 puestos de trabajo. El desempleo masivo sería la secuela segura de un proceso así, de manera que la tasa de paro podría alcanzar un nivel de entre el 19 y el 29 por ciento de la población activa.

Un ámbito en el que estos problemas se revelan con claridad, es el de las inversiones extranjeras. En el libro también se incluye un estudio sobre este asunto cuyas principales conclusiones señalan que las empresas multinacionales acuden poco al País Vasco, de manera que éste sólo ha recibido un 3,5 por ciento de las inversiones llegadas a España durante los tres últimos lustros. Además, en los dos años más recientes las liquidaciones de inversiones han superado a las entradas de capital, dando así lugar a unas cifras netas negativas. No es sorprendente si se tiene en cuenta que el análisis econométrico de los factores que determinan esas inversiones proporciona un resultado muy anómalo para el País Vasco, lo que probablemente no es sino el reflejo de las distorsiones que, sobre su economía, ha provocado la persistencia del terrorismo.

Pero los costes de la secesión no se agotan en el ámbito productivo. También hay que tener en cuenta que, si el País Vasco se separa de España, tendrá que asumir las competencias propias de un Estado. Mediante la estimación de los gastos que actualmente realiza el Estado español y que son atribuibles a la región, y de los ingresos que obtiene de ella, se puede calcular el coste de la estatalidad. Las cifras a las que se llega en el libro son elocuentes: los gastos suponen 10.659 millones de euros y los ingresos llegan a 6.474 millones. Por tanto, ser Estado significará para el Gobierno Vasco asumir un déficit público de 4.185 millones de euros; es decir, del 9,3 por ciento del PIB, lo que está muy por encima del nivel que podría considerarse sostenible. Y la consecuencia de ello no puede ser otra que la de subir los impuestos o la de deteriorar los servicios públicos, empeorando en cualquiera de los casos el nivel de vida de los vascos. Un ejemplo de esto último, el de las pensiones, se analiza con precisión en el libro, concluyéndose que, debido a las tendencias demográficas del País Vasco y a su limitada capacidad para generar empleo, el actual déficit entre cotizaciones y pensiones se va a multiplicar por 13 de aquí al año 2010, superando los 500 millones de euros. Dicho de otro modo, el sistema de pensiones no es sostenible en un País Vasco independiente, sin la solidaridad del resto de los españoles. Y de esa insostenibilidad se derivará inevitablemente la necesidad de reducir de manera drástica las prestaciones que reciben los jubilados de la región.

Finalmente, en el libro se estudia la situación monetaria a la que se enfrentarán los secesionistas y se destaca que, inevitablemente, la independencia conducirá al Gobierno Vasco a crear una nueva moneda y a abandonar el euro. Los costes anuales de operar con una moneda distinta serán equivalentes al 1 por ciento del PIB; y la nueva moneda se enfrentará a importantes dificultades para el sostenimiento del tipo de cambio, generando un marco de inflación, incertidumbre y altos tipos de interés.

Concluyamos: un País Vasco independiente pasará por graves dificultades económicas que harán que sus habitantes encuentren menores oportunidades de empleo, que deban asumir unos peores servicios públicos y que paguen mayores impuestos. Además, se verán envueltos en un clima generalizado de incertidumbre. Nada de esto parece afectar a los proponentes del programa secesionista, pues, aún conociendo los riesgos en los que se incurre con su política, parecen inclinados a sacrificar los intereses de los ciudadanos. No debería sorprendernos; ya hace bastantes años, el que fuera presidente del PNV, Xabier Arzalluz, manifestó que los nacionalistas «estamos dispuestos a pagar cualquier precio para desarraigar de una vez la ocupación (sic) española; incluso nos avendríamos a un descenso del nivel de vida». Esta es la medida de su patriotismo.