La aplicación definitiva del Protocolo de Kioto a partir de 2008 supondrá sanciones comunitarias a España de entre 1.500 y 4.000 millones de euros, si no se reforma en profundidad el sistema energético, según un informa de la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE.

Para evitarlo, el estudio apuesta porque el Gobierno fomente la utilización de energías renovables, algo que hasta hoy se ha limitado a apoyar con «una mera estrategia de promoción sin que llegue a concretarse en resultados». Este tipo de energías se enfocan desde la perspectiva del cambio climático, pero el texto sostiene que también son una alternativa al agotamiento de las reservas de hidrocarburos prevista para el presente siglo.

En el año 2001, las renovables representaron un 6,5% de la energía primaria demandada. España ha asumido el compromiso europeo de que el 12% de la energía que se consuma provenga de fuentes renovables en 2010. Sin embargo, el estudio considera necesario que la participación de estas energías ascienda al 40% en 2040, puesto que entonces la crisis de los hidrocarburos ya habrá provocado una «realidad dramática».

El estudio sostiene que, para que un país sea competitivo en el mundo industrial, debe especializarse en determinados campos. En este sentido, España tiene la oportunidad de tomar como signo de diferencia las tecnologías solar y eólica. Para ello, el Gobierno debe crear un Plan de Energías Renovables que revise el marco del sistema energético.