El Correo, 16 de mayo de 2004

Paisaje autonómico

JUAN BENGOECHEA

Una de las más agradables sorpresas de la Constitución de 1978 fue su decidida apuesta en favor de un modelo descentralizado de Estado. Esta ruptura con nuestra tradición centralista fue una idea feliz, que contribuyó a dotarle de mayor legitimidad. De esta forma, se inició una de las etapas más fructíferas de nuestra historia, que, en el plano económico, nos ha permitido mantener ritmos de crecimiento de la producción y del empleo superiores a la media europea. Falta saber, sin embargo, hasta qué punto este período de bonanza también se ha dejado sentir en las distintas comunidades. Una cuestión nada retórica en algunas de ellas, considerando el clima de opinión favorable a la reforma de sus respectivos estatutos.

Como era previsible, todas las comunidades han participado del auge económico del último cuarto de siglo, pero lo han hecho en muy distinta medida. Uno de los rasgos más característicos del período es el desplazamiento de los ejes espaciales del crecimiento hacia el Nordeste peninsular, Madrid y los dos archipiélagos. Por el contrario, el Oeste y Noroeste, incluida buena parte de la antaño próspera Cornisa Cantábrica, han decaído. En este contexto, el País Vasco ha dado pruebas de debilidad, a la que no ha sido ajena la crisis de algunos de sus sectores básicos. Pero también ha influido -aunque, afortunadamente, ya ha pasado lo peor- la amenaza terrorista, al forzar la salida de numerosos empresarios. Ésta es una de las razones que explican el dinamismo registrado en dicho lapso de tiempo por dos de sus regiones limítrofes: Navarra y La Rioja.

A diferencia de etapas anteriores, en los últimos veinticinco años la convergencia regional en PIB por habitante ha sido muy reducida. La razón se encuentra en el denominador de ese índice; más concretamente, en la atenuación de los movimientos migratorios que se produce a partir de finales de los setenta, al aumentar el paro en las comunidades más desarrolladas. En lo que respecta al numerador, conviene recordar que en España, a diferencia de otros países, la participación regional en la producción nacional adolece de grandes dosis de inercia. De hecho, el mantenimiento de posiciones de algunas regiones atrasadas ha sido fundamentalmente el resultado de su pérdida de peso demográfico. En el caso de una comunidad rica, como es el País Vasco, esa pérdida demográfica le ha permitido, incluso, recuperar posiciones en los últimos años.

Las disparidades autonómicas en PIB por habitante se reducen sensiblemente tras la labor desplegada sobre los flujos personales por el Estado de Bienestar. No parece suceder lo mismo con la solidaridad interterritorial, a juzgar por los saldos fiscales que las comunidades mantienen con la Administración central. Así, a diferencia de lo que ocurre con el resto, en las tres con regímenes fiscales especiales -Navarra, País Vasco y Canarias- la ordenación de tales saldos por habitante se desvía significativamente de lo que cabía esperar de sus respectivos PIB por habitante. En el caso de las dos primeras comunidades, la razón esgrimida para explicar esta anomalía en algunos estudios es que, en el cálculo del Cupo vasco -aportación, en Navarra-, no se incluyen todos los gastos de equidad interterritorial asumidos por la Administración central. Aún más, esos mismos estudios han puesto en duda la viabilidad financiera de esta última en el supuesto de una generalización del sistema foral.

Como es sabido, España es el principal receptor de fondos estructurales -unos 56.000 millones de euros en el período 2000-2006-, la mayoría de los cuales tienen una marcada vocación regional. Las comunidades más favorecidas han sido las once más pobres -regiones 'objetivo 1'-, cuyas inversiones dependen decisivamente del acceso a tales ayudas. Estas ultimas han jugado, además, un papel clave en la cohesión interna al reducir significativamente el incremento del diferencial de renta con las comunidades más ricas. El problema radica en que, como consecuencia de la reciente ampliación europea, alrededor del 35% de esas ayudas puede desaparecer a partir de 2007. De hecho, si se mantienen los criterios actuales, España dejaría de percibir los fondos de cohesión, y posiblemente sólo Andalucía y Extremadura conservarían su estatus de regiones 'objetivo 1'.

Este repaso a la dinámica creada por el Estado de las autonomías resultaría incompleto sin una referencia a la geografía del poder económico. En principio, cabía esperar que la descentralización del poder político arrastrara al económico. Paradójicamente, parece haber sucedido lo contrario. La internacionalización de la economía española, la revolución tecnológica y los procesos de consolidación empresarial han dado nuevos ímpetus a la fuerza centrípeta de Madrid. Esta comunidad ha sido la receptora de más del 70% del flujo de inversión bruta efectiva extranjera en el período 2000-2002. También ha sido elevada y creciente su capacidad para atraer las sedes 'operativas' de grandes empresas, hasta el punto de que en el año 2000 éstas representaban ya el 93% de la capitalización del Índice General de la Bolsa de Madrid.

Puede decirse, por tanto, que el Estado nacido de la Constitución de 1978 nos ha permitido avanzar por el camino de la autonomía, sin que se hallan resentido en exceso los principios de cohesión social y territorial. Aún así, la futura pérdida de una parte significativa de las ayudas comunitarias exige ser particularmente cautelosos en la reforma de los estatutos. Previamente sería deseable llegar a un consenso explícito sobre el papel de la Administración central como garante de los citados principios. La dificultad estriba en que para alcanzar ese consenso no hay otro remedio que ponerse antes de acuerdo sobre lo que es España.