Mayores niveles de desarrollo, de bienestar social, de cohesión territorial, de sostenibilidad ambiental y, especialmente, de mejora de la calidad del empleo y reducción de la precariedad son los objetivos que han impulsado a Gobierno, patronales -CEOE y CEPYME-, y sindicatos -CCOO y UGT- a firmar ayer, por primera vez, la «Declaración para el diálogo social 2004».

Todos los interlocutores apuestan por un crecimiento económico equilibrado y duradero, basado en la mejora de la competitividad de las empresas y en el incremento de la productividad que sirva para combatir la precariedad laboral. A grandes rasgos, el Ejecutivo se compromete a que el sector público desempeñe un papel activo al servicio de los objetivos trazados; los empresarios a invertir, sobre todo, en investigación, desarrollo e innovación; y las centrales a aumentar el rendimiento de los trabajadores.

Confianza institucional

La declaración es una especie de documento-programa, destinado a transmitir a la sociedad «un inequívoco mensaje de confianza institucional». Recoge las materias, las orientaciones generales y los fines perseguidos para el desarrollo de una nueva etapa de diálogo social. Asimismo, refleja que el proceso que se avecina debe ser ordenado, inmediato y encaminado a favorecer «la competitividad, el empleo estable y la cohesión social» y apuesta porque sus negociadores tengan en cuenta los retos que plantea la globalización de la economía, la preservación del medioambiente, la ampliación de la Unión Europea, la sociedad del conocimiento, los desequilibrios territoriales, la demografía y los flujos migratorios.

Los primeros compromisos que remarca la «declaración» corresponden al Gobierno. En el escrito, el Gabinete asume «reorientar el gasto público» para consolidar el estado de bienestar y favorecer la inversión productiva en capital físico, tecnológico y humano. Para ello, reforzará «los derechos de participación y negociación colectiva en las Administraciones Públicas», al mismo tiempo que dignificará la figura del empleado público y sus condiciones de trabajo.

Respecto al programa de negociación a seguir, los interlocutores analizarán los diferentes elementos que inciden en la creación de empleo, en su estabilidad y en la utilización no justificada de la contratación temporal. Igualmente abordarán medidas específicas para los colectivos más problemáticos (mujeres, jóvenes, parados de larga duración, discapacitados, etc.) y reflexionarán sobre el fenómeno de la inmigración.

Bipartito

La «declaración» califica de «relevante capítulo» el destinado a la reforma de las relaciones laborales entre empleadores y empleados y deja muy claro que en este ámbito no deberá intervenir el Gobierno. «Las partes sociales -recoge- han de buscar las fórmulas más convenientes para propiciar la capacidad de adaptación de la negociación colectiva a las necesidades de empresas y sectores productivos, así como para mejorar la productividad», y hace hincapié en que se trata de un tema «de claro componente bipartito».

Ejecutivo, empresarios y sindicatos también acometerán iniciativas que garanticen la viabilidad del sistema de Seguridad Social, asunto en el que propugnan ajustar lo más posible la cotización realizada durante la vida laboral a la pensión recibida después.