El ministro de Economía francés, Nicolás Sarkozy, y el presidente de la Comisión, Romano Prodi./AP

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. Berlín asegura que ha sido «una decisión muy sabia»

EL CORREO, 14 de julio de 2004

El Tribunal de la UE anula la decisión de no sancionar a Francia y Alemania por su déficit

La Corte de Luxemburgo da la razón a la Comisión y desautoriza el acuerdo adoptado por mayoría en el Consejo de Ministros de Finanzas

El Tribunal Europeo de Justicia propinó ayer un varapalo extremadamente severo al Consejo de Ministros de Finanzas de la UE, al desautorizar una decisión suya del 25 de noviembre de 2003 que entrañó la suspensión de los procedimientos seguidos entonces contra Alemania y Francia, por incumplimiento de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) en materia de déficit presupuestario.

El pronunciamiento de la Alta Corte responde a un recurso planteado por la Comisión en enero pasado contra esta decisión del Consejo, por entenderla contraria a la normativa del Pacto de Estabilidad. En lo sustancial, el Tribunal le dio ayer la razón. La Alta Corte considera que la pretensión de la Comisión europea de que se anulen las conclusiones del Ecofin de noviembre, al estimar que de ellas se derivan efectos jurídicos por la suspensión de los procedimientos en curso, y modifican recomendaciones previas al Consejo, se atiene a derecho y debe ser tomada en consideración.

Las reacciones en Bruselas no se hicieron esperar. El presidente de la Comisión, Romano Prodi, anunció la apertura de negociaciones con el Consejo y con el Comité Económico y Financiero para estudiar las medidas a adoptar. «Jurídicamente -dijo- las cosas vuelven a estar como el 24 de noviembre de 2004. El Tribunal ha devuelto la situación a la ortodoxia».

Consecuencias

Michel Petit, jefe del Servicio Jurídico de la Comisión, matizó que aunque el tiempo jurídico puede haberse retrotraído al 24 de noviembre de 2003 en este asunto, el político no, visto lo que ha sucedido desde entonces.

Las declaraciones de Prodi y de Petit parecen descartar una ejecución forzada del procedimiento por déficits excesivos, que pondría a Francia y a Alemania a las puertas de sanciones económicas cuantiosas.

La decisión de la Corte confirma las tesis manejadas desde un principio por el Comisario Solbes, posteriormente sostenidas por la Comisión, quien percibió la decisión del Ecofin de noviembre como un cambio arbitrario e injustificado de las reglas que la Unión Europea se había dado en 1997 para garantizar la estabilidad presupuestaria ante el advenimiento de la moneda única, el euro, del que aquella actuaba como garantía principal.

Por razones de política interior, tanto París como Berlín eludieron los ajustes presupuestarios y en concreto su reclamación de lograr equilibrios fiscales en 2002. Una recomendación para los mejores momentos del ciclo económico. Sin embargo, llegaron a la época de vacas flacas cortos de fuelle: ambos socios comunitarios, que constituyen, a su vez, las principales economías de la Eurozona, rebasaron el límite del 3% de déficit presupuestario en 2002.

Tiempos de crisis

La debilidad de la recuperación económica en la UE, de la que Alemania y Francia son en buena medida responsables, empeoró las cosas, y el déficit fiscal registrado por ambos países en 2002 evolucionó incluso al alza. Consciente de las dificultades de ambos países -y de su vara alta en la UE-, la Comisión abrió una vía combinada para afrontar el problema: les ofreció un año adicional, hasta 2005, para poner sus cuentas en orden, a cambio de un compromiso de reducción acelerada del déficit público, que entrañaba su aligeramiento a razón de medio punto de PIB por año.

Pero Francia y Alemania reaccionaron como grandullones en el patio de recreo: reclutaron minorías de bloqueo para impedir que los aspectos más incómodos de las exigencias de la Comisión fueran tomadas en consideración, tras lo cual construyeron una mayoría cualificada que les prorrogaba hasta 2005 el plazo para retornar a la disciplina. España votó en contra de esta operación.