Jubilados juegan al ajedrez en el Parque del Retiro de Madrid. [EFE]

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DIARIO VASCO, 29 de junio de 2004

El Ministerio de Trabajo alerta de que los trabajadores españoles se prejubilan cada vez más jóvenes

Granado tacha de «desastre social» que sólo el 38,9% de las personas entre 54 y 65 años sigan en activo Asegura que hay razones de peso para reformar ya la Seguridad Social

ELISA GARCÍA./COLPISA. MADRID

El sistema de protección social goza de buena salud, pero se aprecian ciertas disfunciones que aconsejan afrontar ahora, en la presente legislatura, la reforma de la Seguridad Social, según expuso ayer el secretario de Estado, Octavio Granado, en el Congreso de los Diputados, donde compareció en la comisión que vela por el cumplimiento del Pacto de Toledo (acuerdo político de 1995, renovado en 2003, encargado de adaptar las pensiones públicas a la nueva realidad del país). Así, es preciso adoptar con carácter prioritario medidas que retrasen la edad real de jubilación porque los españoles cada año se retiran más jóvenes. En 2004, el 62,4% de los trabajadores que abandonan su vida laboral no han cumplido los 65 años, porcentaje que en 2001 era del 56%.

Además, el problema se agrava porque las pensiones por incapacidad permanente se reconocen siempre antes de los 65 años, y porque los incentivos destinados a prolongar la carrera profesional más allá de la edad legal de jubilación no han dado los resultados esperados. Sólo han conseguido incrementar el porcentaje de los jubilados mayores de 65 años en 0,9 puntos, al pasar los porcentajes del 5,5% (del total) al 6,4%. Además, sólo el 38,9% de los trabajadores de entre 54 y 65 años permanecen en activo, lo que Granado calificó como «un desastre en términos sociales».

En este sentido, Granado destacó la conveniencia de modificar esos incentivos. Planteó flexibilizar el requisito de que sólo accedan a las mejoras los trabajadores con un mínimo de 35 años cotizados (periodo que da derecho al 100% de la cuantía de la pensión) y subir el aumento (situado en un 2% por cada año laboral adicional) del importe de la prestación. Iniciativas todas ellas encaminadas a evitar el negativo panorama que supone que la tasa de actividad de los mayores de 55 años no sobrepase el 38%.

«Aceptación sumisa»

El secretario de Estado lamentó que «las personas acepten de manera sumisa» su salida del mercado de trabajo antes de alcanzar la edad legal de jubilación. «Habría que adoptar medidas de otros países, para que estas personas tengan una ocupación porque su retirada no es buena para ellas ni para sus familias ni para la sociedad», dijo.

Granado explicó que el proceso de jubilaciones anticipadas se conjuga, en la actualidad, con el incremento de la esperanza de vida y con el retraso permanente de la incorporación al trabajo de los jóvenes, combinación que podría desembarcar, «al barajar la hipótesis más extrema que desde luego no va a producirse», en la relación de un año trabajado por uno pensionado, «situación difícilmente compatible con el sostenimiento del sistema». En consecuencia, es preciso establecer con las organizaciones empresariales y sindicales «un marco apropiado».

El objetivo de este acuerdo sería evitar el abandono de la vida activa de los trabajadores más veteranos. El secretario de Estado indicó que una de las medidas a aplicar podría ser su reubicación dentro de la propia empresa en empleos más sencillos, traspaso que llevaría incentivos. Y, otra, destinada a las grandes empresas con beneficios, consistiría en disuadir a estas compañías de los pactos individuales que realizan con sus trabajadores más antiguos para aplicarles un despido económicamente satisfactorio.

Enfermedad común

El representante del Gobierno expuso asimismo su preocupación por el descontrol existente sobre la prestación de incapacidad temporal (IT), que cubre las bajas por enfermedad común. Resaltó que a partir de 1999, las previsiones presupuestarias para atender su gasto se han sobrepasado sistemáticamente, «con incrementos muy superiores a los que se derivarían del aumento de la población protegida y de los salarios».

«A causa de esta situación -continuó- no se han conseguido los objetivos previstos en los convenios firmados con las comunidades autónomas dentro del Programa de Ahorro en Incapacidad Temporal», por lo que es necesaria su revisión. A su juicio, es imprescindible fijar «objetivos realistas que posibiliten mejoras en el intercambio de información y en la gestión del control de los procesos de IT por parte de los Servicios de Salud y del Instituto Nacional de Seguridad Social».