El Mundo, 16 de enero de 2004

EDITORIAL

Un ejemplo de lo que no debe ser una hacienda autonómica

Si hay una regla que debe ser sagrada para cualquier Administración fiscal es la de tratar por igual a todos los contribuyentes, con independencia de sus ideas políticas o su cercanía al poder. Esto es precisamente lo que no está haciendo la Hacienda Foral de Vizcaya, que, según una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, ha estado favoreciendo con un mecanismo especial de protección a 117 empresarios y sociedades, buena parte de ellos vinculados al nacionalismo.

Un juzgado de Bilbao ya ha admitido a trámite la querella y ha comenzado a investigar los hechos que apuntan, según sospechan altos funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía, a una financiación ilegal del PNV.

La Fiscalía Anticorrupción acusa en concreto a Juan Ramón Ibarra, inspector jefe de la Hacienda de Vizcaya, de simular falsas inspecciones a esos empresarios para evitarles precisamente el riesgo de que sus declaraciones fueran examinadas por otros compañeros sin su misma predisposición. Ello garantizaba una impunidad absoluta a los eventuales defraudadores.

Es muy significativo que, según ha podido constatar la Fiscalía, ninguno de los favorecidos por este escandaloso blindaje figura en la relación de empresarios que han denunciado ante Interior coacciones de ETA para pagar el impuesto revolucionario. Esto elimina el hipotético móvil de una protección frente al terrorismo y también subraya por exclusión cuáles son sus querencias ideológicas.

La imputación que formula la Fiscalía es gravísima porque sugiere que el PNV ha colocado al frente de la inspección a una persona de confianza para blindar a sus militantes, simpatizantes o socios de cualquier investigación por fraude. Si Aznar fuera sospechoso de algo semejante, no hay duda de que la oposición pondría justificadamente el grito en el cielo y reclamaría responsabilidades penales y políticas.

Lo primero que se le puede exigir a la Diputación Foral de Vizcaya, a cuyo frente se encuentra el nacionalista José Luis Bilbao, es el relevo inmediato de Ibarra, que no puede permanecer ni un día más como inspector jefe hasta que no se sustancie la investigación penal. Y lo segundo es una información exhaustiva ante el Parlamento vasco sobre el alcance de esta trama.

Dada la magnitud del asunto, resulta muy difícil de creer que Ibarra actuara en solitario, sin connivencia de sus superiores, y también parece sospechoso que jamás haya habido una investigación interna sobre la actuación de este funcionario.

Quienes como Maragall reivindican que sería bueno que las comunidades dispusieran de agencias tributarias con plena autonomía respecto a la Hacienda estatal deberían reflexionar. Y ello porque este caso pone de relieve los peligros de la excesiva cercanía del poder político a la Administración tributaria, que fomenta la tentación de utilizar los impuestos como un arma para favorecer o castigar a amigos y adversarios.

Como ya se ha demostrado hasta la saciedad, la Administración fiscal es más neutral y eficiente cuanto más alejada se encuentra del poder. Un ciudadano influyente de una capital de provincias podría seguramente obstaculizar la investigación de una Hacienda local, pero nada conseguiría frente a una agencia estatal gestionada con principios de rigor e independencia.

Crear 17 reinos fiscales de taifas sólo serviría para acrecentar la defraudación y el amiguismo, entre otros males. Eso es precisamente lo que puede haber sucedido en Vizcaya, donde la Justicia debe llegar hasta el fondo de esta red de corrupción.