El Correo, 16 de mayo de 2004

EDITORIAL

¿Un problema irresoluble?

El Estado no ha sido nunca un gran empresario y sus únicos triunfos los ha conseguido en sectores regulados, en donde además de las responsabilidades económicas disponía de la ley y los reglamentos necesarios para limitar la competencia y fijar las condiciones de acceso y los precios. Energía y telecomunicaciones son buenos ejemplos de sectores que han funcionado así y que han generado mucho valor añadido y buenos ingresos a las arcas públicas. Luego están las compañías que terminaron en el regazo público como acto final de un drama previo empresarial. Los astilleros españoles son un perfecto ejemplo de este segundo grupo. Nadie puede imputarle al Estado, ni a ninguno de los gobiernos que lo han administrado, la responsabilidad originaria del problema. Es cierto que luego no han sabido encontrar una salida a la situación, pero también lo es que nadie ha sido capaz de proponer una alternativa que no sea la de minimizar el problema, su coste económico y el castigo social, a base de diluirlo en el tiempo.

Con tan escasas como llamativas excepciones, y siempre en dimensiones pequeñas y en nichos muy específicos y tecnificados, es una evidencia que la actividad de la construcción naval se ha quedado, en el conjunto de la Unión Europea, fuera de mercado por su incapacidad para afrontar la competencia de otros países con prácticas laborales y estructuras de costes dispares. Los astilleros aún respiran en Europa pero sólo por las generosas ayudas públicas y la mezcolanza con las actividades militares. Y ahora hasta eso tiene un límite, que establecen las normas de la competencia comunitarias aplicadas por el comisario Monti con cierto rigor, al menos formal.

En España, el problema de los astilleros es más social y político que económico. No es dinero lo que falta para proceder al cierre de una actividad obsoleta, sino coraje político para enfrentarse a la verdad y afrontar una solución rápida y definitiva. Una cosa es que el conjunto de los ciudadanos estemos dispuestos a ejercer la solidaridad necesaria para minimizar el impacto social y reducir en lo posible el coste personal de tan compleja y cruda decisión; y otra distinta es que ésta se limite siempre a dilatar en el tiempo las actuaciones traumáticas. Son muchas las personas implicadas -11.000 empleos directos y una cantidad indeterminada de indirectos-, muchas las administraciones concernidas -once centros de trabajo en siete comunidades autónomas- y mucho el dinero inyectado en su salvación. Si hasta ahora nadie ha encontrado la fórmula que permita mantener la actividad en términos rentables, es posible que haya llegado la hora de que alguien se pregunte si tal vez no existe.