ABC, 14 de octubre de 2003

EMPRESARIOS, ENTRE ETA Y EL PLAN IBARRETXE

LA campaña de extorsión a los empresarios vascos y navarros y el atentado contra dos camiones de la empresa Olloquiegui en Irún vuelven a demostrar que a ETA le han hecho mucho daño las acciones de desmantelamiento de sus tramas financieras. También la ilegalización de Batasuna -causante de una alta tasa de desempleo en la izquierda abertzale- y su exclusión de las instituciones locales vascas han contribuido a reducir las arcas terroristas, al quedar bloqueadas las fuentes de financiación institucional que, por caminos enrevesados y estructuras interpuestas, acababan en la caja única de ETA. Por eso es imprescindible que la clase empresarial vasca y navarra no ceda al chantaje y se niegue a pagar el impuesto terrorista. El no de los empresarios a ETA es tan necesario ética y políticamente como lo está siendo el de la sociedad vasca no nacionalista desde 1997, un compromiso colectivo espontáneo que opuso al terrorismo y a sus complicidades la determinación de cambiar el curso de una historia demasiado complaciente hasta entonces con los discursos políticos del nacionalismo. La cuenta de resultados no se forma sólo con compras y ventas, también con la implicación en un estado social y político del que nadie puede sentirse ajeno, aunque sólo fuera porque está en juego el privilegiado marco económico que la Constitución y el Estatuto, y sólo una y otro, han concedido al País Vasco.

No es fácil, sin embargo, para el empresariado vasco combinar su oposición a ETA con el mantenimiento de su actividad en la Comunidad vasca. La amenaza del terrorismo siempre es cierta e inminente, pero sin respaldo político se hace aún más insoportable. Lo que ven los empresarios es que el futuro del País Vasco diseñado por el Gobierno nacionalista no ofrece ningún estímulo para plantar cara a ETA. El análisis es simple e irrebatible: si las opciones de los empresarios vascos, a la vista del discurso del propio lendakari ante el Parlamento de Vitoria -dijo que su plan iba «a expulsar a ETA de nuestras vidas»- son la propuesta de libre asociación o la continuidad del terrorismo, realmente se les está presentando una alternativa diabólica entre aislamiento o violencia. El lendakari lo sabe y no le ha gustado, porque se lo han dicho desde Confebask y el Círculo de Empresarios con comunicados y declaraciones que piden estabilidad política, lealtad institucional y respeto a la legalidad.

La virulencia de las réplicas nacionalistas contra las díscolas organizaciones empresariales no sólo no ha despejado sus temores, sino que ha aumentado la disposición de muchas empresas a abandonar el País Vasco. La encuesta elaborada por un equipo de profesores de la Universidad Complutense, dirigido por el catedrático Mikel Buesa, ofrece datos significativos al respecto, que apuntan claramente a la deslocalización de los centros productivos o de las sedes centrales y a una política de desinversiones por reducción de ventas. Sin certidumbre política ni seguridad jurídica, es imposible la actividad industrial y la creación de riqueza. Ningún empresario sensato puede secundar un plan que reducirá la competitividad de la economía vasca, rebajará su producción y provocará un aumento del desempleo. La obcecación de los dirigentes nacionalistas ya se ha convertido en suicida si no es capaz siquiera de advertir los riesgos que conlleva el plan secesionista para el nivel de vida de los ciudadanos vascos, el activo principal de su autopropaganda como buenos gestores. Lo peor, con todo, es la inversión de prioridades en el nacionalismo: el poder antes que la sociedad, aunque sea a costa de sumar el desánimo al terror.