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ABC, 14 de mayo de 2004
EDITORIAL
El problema Izar
LA reestructuración del sector de la construcción naval parece perpetuarse. Ha sido un problema para todos los gobiernos de la democracia y los últimos del anterior régimen. Un sector apoyado por la financiación pública y la llamada acción concertada en los años del desarrollismo que prometía crecimiento y oportunidades se vino abajo con la crisis del petróleo y la entrada de competidores asiáticos, imbatibles en precios para buena parte de los segmentos del negocio.
Los viejos astilleros integrados en unas pocas empresas públicas -los privados se retiraron del sector hace veinte años- han ido recortando actividad y empleo, legislatura tras legislatura, con costosos programas de reestructuración que se han llevado cantidades billonarias en pesetas y que aún no han tocado fondo. Todo ello sin ahorrarse duros conflictos laborales con enfrentamientos callejeros intolerables.
En estos momentos están implicados en el negocio de la construcción naval once centros de trabajo en siete Comunidades Autónomas, con 11.000 empleos directos. Es la foto de un sector que dos décadas atrás fue cuatro veces mayor en empleo.
El problema básico ahora es la carencia de carga de trabajo, con la consiguiente ausencia de ingresos, que condena a la suspensión de pagos y al cierre a la compañía pública, Izar, en la que se integra la mayor parte del sector. Y para complicar más las cosas, el ojo vigilante del comisario de la Competencia, Mario Monti, entró en juego para cuestionar la financiación pública a Izar, insuficientemente explicada y peor camuflada a los burócratas de Bruselas. Izar tiene que devolver al Estado (que es su accionista) 350 millones de euros calificados como ayudas ilegales. La compañía no tiene ese dinero y si su accionista se lo entregara entraría en otro supuesto de financiación ilegal.
El Estado, propietario de Izar, tendrá
que plantear un nuevo programa de reestructuración de la compañía
capaz de pasar el control de Bruselas. Inevitablemente, ese programa traerá
cierre de plantas, cancelación de empleo y especialización
en las actividades de la compañía. Para salvarla habrá
que habilitar una parte para el futuro, pero habrá que cancelar
otra. La tarea le toca a este Gobierno como le tocó antes al anterior
y al anterior del anterior. De momento se ha creado una comisión
interministerial para estudiar alternativas. No hay muchas. Los sindicatos
tendrán que jugar un papel y sería bueno que el Parlamento
y los Gobiernos autonómicos y locales tengan información
detallada del callejón sin salida del sector para entre todos evitar
nuevos conflictos y facilitar soluciones que sean lo menos costosas posible.