ABC, 3 de mayo de 2004

EDITORIAL

El avispero de la financiación autonómica

LA anunciada reforma de la financiación autonómica amenaza con ser la mayor y más perenne fuente de tensiones y conflictos para el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Su bloqueo por la previa reforma constitucional y el consiguiente retraso de su entrada en vigor hasta el año 2008 ha desatado airadas protestas de Maragall y de sus socios del tripartito catalán, sabedores de que el Gobierno socialista ha de contar con sus votos en el Congreso. Se queda así Zapatero en manos de los nacionalistas para sacar adelante una reforma llena de peligros, incertidumbres, tensiones e incógnitas en su larga y complicada negociación. Porque a estas hipotecas se unen otras cuestiones de hondo calado. Desde la creciente deuda de unas manirrotas Administraciones territoriales, que les lleva a reclamar más ingresos, a la necesaria y paralela financiación de los Ayuntamientos, indisoluble de la resolución del problema del suelo y la carestía de la vivienda. Todo ello trufa esta reforma de complicados y complejos problemas que traerán de cabeza al Gobierno socialista.

Si algo urge es atajar la creciente deuda de las Administraciones territoriales, que a finales del pasado año alcanzó un nuevo máximo histórico, más de 70.000 millones de euros, un 4,1 por ciento sobre el año anterior, lo que representa un 0,2 por ciento del PIB nacional y anula el beneficioso esfuerzo de la Administración central, que ha logrado superávit. De esa cifra, 43.565 millones de euros corresponden al endeudamiento de las Comunidades Autónomas, y 23.243 millones a las corporaciones locales. No se salva ningún color de Gobierno. Cataluña tiene la mayor deuda, casi 10.000 millones de euros, seguida por la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid. Si la medimos respecto a su PIB, la Comunidad Valenciana está en cabeza, y detrás Galicia y Andalucía. Por mayor aumento en 2003, Baleares es la primera, seguida de Canarias. Esta espiral en el gasto les lleva a pedir más y más. Y cada cual aporta sus argumentos. Porque si medimos el grado de solidaridad interterritorial, Madrid encabeza la lista de las que aportan más que reciben, con tan sólo Cataluña y Baleares en el mismo caso. El resto, reciben más de lo que aportan a la Administración general del Estado.

El ahora repudiado acuerdo alcanzado trabajosamente por el Gobierno del PP, y aceptado por todos en su día, ha funcionado satisfactoriamente, pero no logró embridar el gasto, ni trasladar competencias e ingresos suficientes desde las Autonomías a los Ayuntamientos, la administración más cercana al ciudadano. Sus ingresos provienen en más de un tercio de tasas o impuestos ligados a la vivienda y el suelo, y disponer de otros ingresos es el paso previo para solucionar el grave problema inmobiliario. Los Ayuntamientos también deben estar, pues, en esta reforma, lo que complica aún más las cosas. Este cúmulo de hechos hace que toda prudencia a la hora de afrontar la financiación territorial sea poca. Porque el comienzo, apenas un esbozo, está ya lleno de tensión y de contradicciones y amenaza con llegar a ser el mayor fiasco del Gobierno socialista. Ha de aplicar aquí, de verdad, el tan prometido consenso y diálogo, incluido con el PP, cuyo apoyo resulta imprescindible. Sería el contrapeso a quienes harán valer sus votos en el Congreso y que no se recatan en advertir que su meta es lograr un concierto como el del País Vasco y Navarra. Porque no hay sólo en juego un tira y afloja entre quienes piden y los que han de ceder, incluidos los Gobiernos autonómicos con los Ayuntamientos, los grandes olvidados. Tampoco es sólo un problema de dinero o de cesión de más o menos tributos. Afecta profundamente al propio modelo territorial del Estado, a la obligada solidaridad interterritorial y a la solución o el agravamiento de no pocos problemas sin resolver, desde la vivienda, hasta la sanidad o la educación.