El Correo, 21 de febrero de 2004

El Gobierno vasco pide que se aclaren las acusaciones contra el diario 'Egunkaria'

Un año después del cierre, ex trabajadores del periódico clausurado reclaman la puesta en libertad del único directivo encarcelado

EL CORREO/BILBAO

La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, pidió ayer, cuando se cumplía un año del cierre de 'Egunkaria' por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, que se aclaren cuáles son las acusaciones contra los directivos del diario en euskera. «Si el proceso judicial tiene que seguir su curso, que haya un juicio; si ha de haber condenas, que las haya; si no ha de haberlas, que haya absoluciones. Pero que se diga claramente a esta sociedad en qué se basó exactamente ese cierre preventivo y cuáles son las acusaciones que se han podido probar o no», señaló.

Según Azkarate, si no se aclaran estos extremos, «se corre el enorme riesgo de que, al final, sea la Justicia la juzgada, con la falta de confianza y fractura que esto supone en un Estado de Derecho». La consejera vasca de Cultura lamentó que doce meses después del cierre del diario «seguimos sin juicio, sin sentencia, con una persona todavía en prisión y a la espera de un juicio».

En este sentido, recordó que la libertad de información y el derecho a la libertad de expresión son derechos «absolutamente fundamentales e imprescindibles en una sociedad democrática». «Por eso mismo hay que volver a recordar la gravedad de un cierre preventivo que se prolonga durante un año», agregó.

Por su parte, dirigentes de Batasuna y de EB-IU asistieron ayer al acto organizado por los antiguos trabajadores del rotativo en el Parque Martin Ugalde de Andoain para denunciar el primer aniversario de la clausura del diario. Previamente, 150 personas se concentraron en San Sebastián para pedir la liberación de Iñaki Uria, único directivo de 'Egunkaria' que permanece en prisión, y de Xabier Alegría, encarcelado por el 'caso Udalbiltza'.

El ex director de 'Euskaldunon Egunkaria', Martxelo Otamendi, aseguró que los trabajadores no cederán hasta que quienes tuvieron responsabilidad en el cierre «lo paguen judicialmente» y se sienten «en el banquillo de los acusados» los autores de las presuntas torturas que denunciaron algunos de los detenidos.